La intendenta Romero asegura tener un plan para terminar con la venta ambulante en las calles céntricas, pero a pesar del optimismo trasmitido a los medios, no cuenta con el consenso de los trabajadores. Una problemática de años que exige ideas frescas, pero que obtiene respuestas tan obsoletas como el romerismo. ¿Qué puede salir mal?
La economía informal se expande al ritmo de la crisis y, entre los indicadores de la catástrofe económica que combina los efectos del ajuste y la pandemia, se encuentra el crecimiento de la venta ambulante y el empleo marginal. El fenómeno mantero enfrenta hace años a sectores vapuleados y precarizados de la economía contra comerciantes formales, medios de comunicación y una parte de la sociedad siempre dispuesta a despachar su odio de clase.
En el medio de esa relación de fuerzas está el estado, sumamente impotente en la resolución de los conflictos más rudimentarios y primordiales de estos sectores. Tal es así que la intendenta Romero no halló mejor remedio esta semana que solicitar la intervención del estado provincial para combatir el «comercio ilegal». Todo un reconocimiento tácito de la insuficiencia municipal.
Entre las acciones «resolutivas» aplaudidas y fogoneadas por los medios del establishment, figura la muy innovadora idea de trasladar a los manteros de las peatonales (acaso los únicos que preocupan al municipio) al subsuelo del Mercado San Miguel. El matutino de la familia de la intendenta llegó a dar por descontado que la relocalización se concretaría próximamente. Lo propio hicieron otros portales y medios. No obstante, el consenso proclamado desde las usinas comunicaciones del CCM, no se condice con la opinión de los más de 500 trabajadores que cada noche se asientan sobre las calles del microcentro.
Una vez más, la realidad se presenta de manera más compleja que en las declamaciones de campaña, cuando todo se reducía a montar grandes predios feriales a disposición de los manteros. La subvaloración de la problemática a un simple trámite llevó incluso a que se deslizara la posibilidad de trasladar a los trabajadores a las instalaciones de la terminal de ómnibus. Un predio que, al menos hasta bien entrado el año que viene, va a seguir funcionando como tal, puesto que aún no se dio a conocer siquiera el proyecto para la nueva estación.
Así y todo, la principal objeción que ponen los ambulantes tiene que ver con la ausencia de capital y la imposibilidad de afrontar gastos de alquiler como los que se proponen. Según el relevamiento llevado a cabo por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), sólo en los últimos tres años se quintuplicó el número de manteros en las peatonales Florida y Alberdi. Un indicador inesquivable de la crisis y la catástrofe socioeconómica que combina los años de macrismo, con la pandemia y el ajuste fernandista. No sólo las ventas decrecen al haber cada día más oferentes, también los comercios formales advierten sobre la caída del consumo. En ese contexto, la posibilidad de un traslado parce cada día menos realizable.
«Si nos reubican, vamos todos o ninguno»
Liz Barboza es delegada de la segunda cuadra de calle Alberdi (entre Alvarado y Urquiza). En diálogo con Cuarto Poder, explica que se encuentran organizados por cuadra y que en cada una de ellas hay alrededor de 150 compañeros. «Acá la mayoría está en desacuerdo con el traslado porque se tendría que pagar un alquiler y no podemos afrontarlo, están hablando de un monto superior a 8 mil pesos», advierte.
Además de no haber sido convocados a una de las últimas reuniones entre municipio, Comerciantes Unidos y el presidente del Mercado San Miguel José Muratore, Liz remarca que no hay muchos detalles sobre el eventual traslado. Mucho menos de las condiciones del predio subterráneo. «Dicen que nos van a mandar así como está, sin una estructura, pero todo el mundo sabe que es inhabitable la estructura del subsuelo del Mercado San Miguel. Se habló de poner stands, pero se calcula que entrarían entre 100 y 120. No entraríamos todos porque acá somos más de 500 y si nos reubican vamos todos o ninguno», sostiene.
En las instalaciones del predio en cuestión funciona actualmente una playa de estacionamiento que cada verano es noticia por las inundaciones que sufre. Decenas de puesteros y trabajadores deben afrontar cada año la pérdida de mercadería y herramientas de trabajo como producto de la pésima infraestructura que posee.
En relación al vínculo con los comercios formales, Barboza sostiene que: «Está tirante. En la Urquiza pusieron un vallado que representa una lucha de pobres contra pobres. Ellos dicen que no están vendiendo nada ¿y a nosotros que nos queda?, vendemos un 10% de lo que ellos tienen. Yo los entiendo, pero deberían tener más empatía porque ni siquiera vendemos lo que ellos venden».
La relación que mantienen con los comerciantes no es menos tensa que la que tienen con los inspectores municipales del área de Control. Este año asumió al frente del área el ex jefe de la Brigada de Investigaciones Vicente Cordeyro y en sus primeras declaraciones a la prensa advirtió que 19 patrullas se encargarían de evitar que los vendedores trabajen fuera de horario. Los ambulantes aseguran que no tiene mucho apego al diálogo. «En lo que va de mandato de Bettina Romero se van cambiando varios subdirectores. Primero hubo varios secuestros, atropellos y coimas. Cuando planteamos el tema en la Municipalidad, cambian los subdirectores y queda en la nada. Nosotros queremos defender nuestro derecho como vendedores y que cesen los atropellos de los inspectores, pero cuando queremos indicar a alguien, vamos y ya no está», concluye Barboza.
«Hay muchos que salen de los comercios formales a vender»
Natalia Morelli es representante de la tercera cuadra de calle Alberdi (entre Urquiza y San Martín). En relación a la propuesta de traslado refiere que: «No se puede porque lamentablemente vivimos al día, no tenemos el capital como para montar un negocio, además, hasta el momento no nos dijeron el monto de un eventual alquiler».
Morelli recuerda una iniciativa similar que tuvo lugar en 2018 durante la intendencia de Gustavo Sáenz. En aquella oportunidad el proyecto naufragó y los vendedores tuvieron que retornar a las peatonales. «Alquilamos un local. El dueño que subalquilaba nos dio la posibilidad de pagar por día $100. Lamentablemente, la municipalidad nos soltó la mano y no quiso habilitar el local, además de que no se vendía nada porque la gente no entraba. Así que tuvimos que irnos», recuerda.
Entre las acusaciones cruzadas que involucran a manteros y comerciantes formales, hubo una denuncia seria que incluso fue ratificada por la secretaria de Gobierno Frida Fonseca en una entrevista televisiva. Según indican los manteros en base a censos realizados con anterioridad, muchos de los nuevos vendedores responden directamente o son empleados de los propietarios de negocios de las peatonales. A partir de estos señalamientos, el municipio puso en duda la cifra de trabajadores informada por el gremio. «Sacan la mercadería de los locales comerciales o del Free Shop. Todos están sabiendo quien es el que viene. Hay muchos oportunistas que vienen con la mercadería y salen de los comercios formales a vender», concluye Morelli.
«El centro está colapsado»
Miguel Ángel Púa, es delegado de la tercera cuadra de la peatonal Florida, entre Urquiza y San Martín. En relación al ofrecimiento del municipio manifestó estar «preocupado» y asegura no poder afrontar el piso diario con sus ingresos actuales. «La pandemia azotó a todos, pero nosotros somos el último eslabón. Vendemos mucho menos que antes, no llegamos a cubrir los gastos de la familia», manifiesta.
Miguel también fue testigo del crecimiento de la actividad en los últimos años y sostiene que cada día se convierte en una preocupación más grande para los que trabajan desde hace años en la zona. «Se desbordó porque cada vez salieron más vendedores, el centro está colapsado. No es sólo culpa del mantero, pero se agrandó mucho el número de trabajadores. El que vive de la manta forja sus ingresos en el día. No es que uno se enriquece en la calle, apenas consigue para el sustento diario», asegura.
«Antes no superábamos los 100 manteros entre ambas peatonales. Hoy se multiplicó por cinco. Hay 150 vendedores por cuadra. La municipalidad debería hacer cumplir la ordenanza y que se pueda vender después de las 21:00 hs. cuando termina el horario comercial. Si nos permiten trabajar después de ese horario, todos nos adaptaríamos», finaliza Púa.
