Una empresa con directivos vinculados al Banco Macro desmontó entre 500 y 700 hectáreas de bosque nativo el último mes. Esto pese a los pomposos anuncios por parte de la provincia para ampliar zonas protegidas. (Nicolás Bignante)
Los hábitos de las empresas que operan en la provincia que el año pasado tuvo la tasa de deforestación más alta del mundo, parecen difíciles de abandonar cuando se trata de desmontes. Incluso luego de los anuncios por parte del gobierno provincial que apuntan a ampliar las zonas protegidas de bosques nativos. En el último mes se registró un desmonte ilegal de entre 500 y 700 hectáreas en el norte salteño. La disidencia en las cifras obedece a la metodología de medición que utilizan tanto el gobierno, como la ONG denunciante Greenpeace. Mientras los primeros contabilizan las áreas de desmonte neto, es decir, la superficie de árboles arrasada; los segundos toman en consideración las denominadas «cortinas», es decir los espacios adyacentes a las áreas desmontadas que ya no volverán a ser parte del bosque.
Cuando los activistas de la campaña de bosques de Greenpeace alertaron y denunciaron la situación, la secretaría de ambiente de la provincia respondió a través de un comunicado en el que aseguraban estar al tanto de la situación. El interrogante inmediato es: ¿Por qué no se comunicó con antelación? y al que rápidamente se añade: ¿Cuáles serán las sanciones para la firma en cuestión?
El coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernan Giardini, señaló que «la empresa supuestamente se presentó voluntariamente para presentar un plan de recomposición, como corresponde; de cualquier manera, queremos que el gobierno nos explique cuál va a ser la multa».
Brito’s company
La empresa con presuntos signos de «arrepentimiento» es nada menos que Inversora Juramento S.A., propietaria de uno de los emporios ganaderos más grandes del país. Dueña de Frigoríficos Bermejo y con una extensión territorial de aproximadamente 90 mil hectáreas en Salta. Sus principales accionistas y directivos son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, quienes también operan en el directorio del Banco Macro. Cuesta creer, a la luz de los apellidos implicados, que el gobierno de la provincia encare el más mínimo intento para que la empresa subsane el pasivo ambiental ocasionado. Mucho menos aún que se aplique una multa ejemplificadora.
Las áreas desforestadas se distribuyen en las fincas: Pozo de la Pichana, Jumealito y Pozo del Breal, de propiedad de la empresa. Del total de la superficie, unas 300 hectáreas se encontraban en áreas rojas; es decir, protegidas y con prohibición de desmontar. Las otras 200, según la contabilización oficial, eran áreas amarillas, según el mapa de ordenamiento territorial.
La empresa tiene un largo historial de desmontes, producto de la expansión de sus feedlots, incluso posteriores al anuncio gubernamental para ampliar zonas protegidas.
Luego de la resolución emanada desde Nación para frenar los desmontes en 32 fincas de la provincia, muchas empresas dejaron de hacerlo, pero hay otras que no. Además de Inversoras Juramento S.A., Braun Peña, quien fuera denunciada este año por la ONG ambientalista, también continuó con los desmontes ilegales. «Hace tiempo que quieren voltear la ley y no lo logran. No vemos que públicamente sigan que van a aplicar una multa ejemplificadora» finalizó Giardini en comunicación con Cuarto Poder.