Con los gobernadores contentos, es difícil que el Senado lo boicotee al Presidente. Si los sindicatos históricos tienen dinero en sus manos, es casi imposible que la protesta supere las palabras. Mauricio Macri tomó ambas decisiones.
En la última semana el Presidente comenzó a devolverles fondos de la coparticipación a las provincias y les dio a los sindicatos los inestimables recursos de las obras sociales. Por esos mismos días ordenó que se convoquen cuanto antes las audiencias públicas por los aumentos de tarifas; la Justicia le había reprochado fundamentalmente la ausencia de esas audiencias.
No es cierto, entonces, que Macri no hace política; la hace de otro modo. Su estilo es directo y frontal. Como un ingeniero que investiga las posibles fallas de una estructura, el Presidente comprendió la historia de los últimos 33 años. Los presidentes no peronistas fueron acosados por el peronismo desde el Senado y los gremios. Alfonsín y De la Rúa perdieron esas batallas, y luego perdieron la gobernabilidad y el poder. La Justicia, por lo demás, había convertido en nada el sinceramiento de las tarifas.
Al Presidente le quedan sólo dos grandes problemas: la economía estancada e inflacionaria y el conflicto por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Amigos y enemigos de Alfonso Prat-Gay, que están dentro del Gobierno, aseguran que la inflación irá bajando en este semestre y que habrá un crecimiento de la economía a partir del último trimestre.
«No será un crecimiento populista, pero habrá crecimiento», dicen. ¿A qué llaman un «crecimiento populista»? Al crecimiento con tasas chinas impulsado sobre todo por el consumo interno. Esta vez, explican, el crecimiento vendrá de las exportaciones y el interior se recuperará antes que la región metropolitana. Por eso, Macri ya cuenta con la simpatía de los productores rurales como ningún otro presidente democrático antes.
Tales pronósticos económicos son ya una cuestión de fe. Una mayoría social confía en que se cumplirán (más del 50%); un porcentaje significativo de la sociedad (un 30%) cree que Macri conduce el país hacia la bancarrota. No hay manera de conciliar esos extremos ni de demostrar qué deparará el destino. Macri eligió con Prat-Gay la concepción más heterodoxa de su ortodoxa concepción de la economía. Si Prat-Gay fracasara, la alternativa será una conducción económica más ortodoxa aún. Macri jamás se apartará de las razones clásicas de la economía. Podrá intentar seducir a la ortodoxia con métodos heterodoxos, pero nunca irá más allá de esa transgresión.
El conflicto inmediato es el de las tarifas. No es menor. Los subsidios privados (luz, gas, agua, transporte, empresas) significan el 85% del déficit fiscal. No hay economía que soporte semejante distorsión sin aferrarse a la inflación y el atraso. Hay una pregunta que se han hecho muchos en los últimos tiempos: ¿es el Gobierno o la Justicia la que debe fijar el precio de los servicios públicos? La pregunta en sí misma sería cómica en un país gobernado por una República en serio. Es el Gobierno, sin duda, pero éste tiene la obligación de cumplir con todos los requisitos de la ley. Si los esquiva, el resultado es, como sucede en estos días, que los jueces terminan opinando sobre las tarifas.
En la tarde del jueves pasado, el Gobierno tomó la decisión inexplicablemente tardía de convocar de inmediato a audiencias públicas. Esas audiencias son un mandato de la ley, que la administración trató de evitar con pretextos poco creíbles. «Fue un grave error», se escuchó decir en instancias decisivas del poder político. Lo fue. En efecto, el argumento central de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió los aumentos del gas en todo el país, fue la ausencia de esas audiencias, que no son vinculantes; son sólo informativas. Paréntesis: los jueces de la Cámara Federal de La Plata no pertenecen a Justicia Legítima, como el Gobierno creyó erróneamente.
Es cierto que hay jueces que se equivocan, y mucho. Está el caso de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que suspendió los aumentos de la electricidad en todo el país. Son cosas distintas. El único servicio que se puede suspender en todo el país desde un juzgado federal es el del gas. Las provincias tienen sus propias empresas de electricidad, muchas han convocado a audiencias públicas, y también hay cooperativas proveedoras de electricidad en provincias y municipios, que tienen sus propios acuerdos. La tarifa del agua potable subió, pero la empresa AySA convocó a consulta a una comisión de vecinos, lo que la salva legalmente.
El Gobierno le alivió el trabajo a la Corte Suprema de Justicia cuando decidió convocar a audiencias públicas por los aumentos del gas. También deberá hacerlo por las de electricidad en los casos en que no hubo audiencias, sobre todo en la región metropolitana. Por más vocación de ayudar al Poder Ejecutivo en esta cuestión, la Corte no podía (no puede) ignorar el cumplimiento de la ley. Tampoco le pueden pedir que haga retroactivo los aumentos del gas una vez que se realicen las audiencias. No habrá retroactividad para esos aumentos. La sociedad no tiene por qué hacerse cargo de los errores legales del Gobierno.
Macri tiene problemas consecutivos con la interpretación de las leyes. El Presidente no es abogado y eso no es una desventaja. Todos los presidentes desde 1983 fueron abogados y dejaron el país en las condiciones en que está. Tampoco son abogados el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ellos dependen de la calidad del asesoramiento legal que reciben. Ese núcleo duro de la Casa de Gobierno debería crear un equipo de abogados serios y confiables para no depender de los asesores de los ministros o de los que quieren innovar con el razonamiento de la ley. Hace más de dos meses que Frigerio y los gobernadores acordaron un límite del 400% para los aumentos de gas. El acuerdo no se pudo cumplir hasta ahora. Las empresas no recaudan, el Gobierno debe seguir con los subsidios y la sociedad no conoce el destino de sus gastos. El peor de los mundos posibles.
Si los aumentos hubieran sido sensatos y si hubieran cumplido con el mandato legal, Macri sería el jefe de un gobierno aburrido. Más predispuesto a los acuerdos que a la confrontación, le quitó a la política la adrenalina de los últimos 25 años y, sobre todo, de los últimos 12.
Las provincias perdieron 100 mil millones de pesos de recaudación por varias razones (la recesión y la modificación de Ganancias, entre otras). Están mal. Los gobernadores vienen haciéndole favores al Presidente en el Senado con la promesa de que les devolverían el 15% de coparticipación que la Nación les retiene injustamente. Cristina les devolvió ese porcentaje en los días agónicos de su gestión, cuando ya el problema era de Macri. El acuerdo firmado el martes reciente entre el gobierno federal y las provincias significa el comienzo de esa devolución en un proceso de cinco años. El Senado, que depende en gran medida del humor de los gobernadores peronistas, estará tranquilo un tiempo.
Los gremios recibieron 2600 millones de pesos en efectivo. El acuerdo total es por casi 30.000 millones de pesos. Más de 8000 millones serán usados por el gobierno de Macri para crear un sistema de salud integrado. El resto se liquidará en bonos del Tesoro nacional, cuyos intereses el Gobierno pagará trimestralmente a los gremios. Los 2600 millones parecen poca plata frente al total del acuerdo. Pero hacia años que los sindicatos no recibían ni un solo peso para sus obras sociales. Ningún otro presidente les dio tanto a los dueños de los gremios. Eso sucede con los grandes sindicatos (los «Gordos» y los que se parecen a los «Gordos»), que durante un tiempo no hablarán de huelga. La izquierda antimacrista, el kirchnerismo y la otra central obrera, la CTA (unidos todos por la aversión ideológica a Macri), seguirán enloqueciendo el espacio público. No hay solución para todos.
El peronismo real (gobernadores, senadores, intendentes y sindicatos) está en esos menesteres. El kirchnerismo cerril levantó un espectáculo patético por una citación judicial a Hebe de Bonafini. Los personajes más desprestigiados de la política que se fue (Boudou, D’Elía, Sabbatella, entre muchos más) rodearon a Bonafini en su desconocimiento al Estado de Derecho. En la tarde del jueves, cuando la televisión mostraba el vodevil cristinista en torno de la iconoclasta Bonafini, una sola plegaria se escuchaba, repetida, entre funcionarios macristas: que esas imágenes no mueran nunca. Sin voluntad de hacerlo, como consecuencia de sus propios errores, Cristina Kirchner espoleaba nuevos favores al Presidente que ocupó su lugar en la política y en la historia.
Fuente: La Nación