LUSAL es una empresa que continúa embolsando una jugosa recaudación y que nació y continúa emparentada económicamente con el macrismo al que adhiere Bettina Romero. Esta relación explica la forma irregular en que se desarrolla un contrato del que ni siquiera se publican los aumentos tarifarios. El Concejo Deliberante es el cómplice del negociado.
El peor de los concejos
De solo valorarse la actitud asumida por el Concejo Deliberante de Salta en relación a todas las problemáticas que se les han puesto a consideración en este mandato puede afirmarse que es la peor integración desde que tiene existencia. La ineptitud, la impericia y, en algunos casos, una tendencia a la venalidad, hablan de una crisis sin precedentes. Pagarles una dieta a estos ediles se equipara a un fraude a la administración pública.
En la última de las encuestas Bettina Romero aparece con menos de 5 puntos de intención de votos. Aunque este medio siempre ha predicado que este fenómeno obedece casi exclusivamente a una gestión que se asienta sobre un grupúsculo de funcionarios con escasa experiencia y altos niveles de soberbia, no escapa a la consideración de todos que esta devaluación no podría haberse logrado sin el concurso de un Concejo Deliberante y un Tribunal de Cuentas Municipal que han claudicado en sus responsabilidades.
Hoy el Municipio de Salta sigue en caída, y solamente en la cartelería que nadie paga pero de la que se apropió la intendenta, se anuncian trabajos y logros que nadie valora o que resultan indiferentes para el vecino que ya ni siquiera tiene el “pan y circo” de Miguel Isa.
La centena de millones no devuelta
Todavía no se cerraron las heridas abiertas por la agria disputa entre el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Municipalidad de Salta y en la que esta última quedó expuesta en la apropiación de más de 120 millones de pesos en cinco meses, los que todavía no fueron devueltos a los contribuyentes a los que les cobraron dos y tres veces. Tampoco se ejercieron represalias para con Daniel Nallar, el monje que pergeñó la maniobra y al que ahora esconden.
Lo cierto es que el acuerdo que el municipio firmó con Edesa para destrabar el conflicto no tiene todavía las firmas de Bettina Romero ni la aprobación del Concejo Deliberante, lo que podría poner en jaque nuevamente la recaudación comunal que se concentra en el cuelgue de la boleta de la luz.
Aun cuando el cuerpo deliberativo tiene la responsabilidad de controlar los actos de gobierno, sus autoridades se callaron durante el transcurso de la pelea y los periodistas apenas lograron extraer una tibia mención de que existía doble cobro de Darío Madile y José Gauffin cuando las agresiones alcanzaron un nivel de exposición que los obligó a opinar.
Es el estilo liviano que caracteriza a ediles que creen actuar con perfiles de la alta política pero regalan voluntades en cada sesión a cambio de pequeños favores. Tal vez de los 110 millones robados ahora se destine alguna partida para premiar silencios y complicidades.
Ocultando a Lusal
Cuarto Poder ha informado a la ciudadanía que existen irregularidades en la contratación de Lusal para que preste el servicio de operación y mantenimiento del alumbrado público con exclusividad zonal en la Ciudad de Salta, que también es impuesta a todos los ciudadanos capitalinos por un servicio que tiene aceptación pero que encubre sobreprecios e incumplimientos varios.
Un contrato pactado por 10 años con una compensación de 863 millones de pesos se ejecuta sin control del órgano deliberativo ni del Tribunal de Cuentas que son monitoreados casi con presión por la gestión de la alcaldesa Bettina. El órgano que debiera controlar ya fue copado por el romerato, mientras que en Avenida del Líbano pululan incompetentes que todavía no comenzaron a leer lo que aprobaron, y tampoco leerán lo que les llegue para ratificar. Ninguno de ellos ni siquiera sabe cuanto recauda LUSAL por mes, ni quieren saberlo mientras aparezcan los sobres que aligeran su celo por la cosa pública.
Los orígenes macristas
La aparición de LUSAL se remonta al 2007 cuando ya finalizaba el gobierno de Juan Carlos Romero al compás de vínculos económicos gestados por el macrismo y la necesidad de dejar una herencia rentable.
El negocio fue vetado por la unidad de renegociación de contratos (UNIREN) apenas ingresó a la gobernación Juan Manuel Urtubey y por una dependencia que entonces encabezaba Emilio Rodríguez Tuñón. Finalmente el apetecible contrato se redujo a la capital salteña, con Miguel Isa como su garante político, siendo transferido por la Provincia de Salta en el 2008. La ironía del destino obliga a difundir hoy que Rodríguez Tuñón es hoy el gerente de la empresa sospechada.
La responsabilidad de LUSAL que abarca las luminarias de calles, plazas, puentes y espacios públicos también importa la reposición y cambio de lámparas en los semáforos, cambios de columnas de semáforos, pintado de estas columnas y renovación de las luminarias al sistema LED.
Las maniobras para mantener viva la contratación incluyeron en ese año de febriles conversaciones y acuerdos de trastienda, una modificación del Código Tributario Municipal de la Ciudad de Salta para habilitar que el alumbrado público fuera materia de una concesión predispuesta. La reforma se realizó en período de receso y no tuvo repercusión periodística.
Para asegurar el cobro de las sumas que generaría la concesión se dio intervención al Ente Regulador para que autorizara pegar la factura de LUSAL a la de EDESA, lo que fue autorizado por la gestión presidida por Javier Massafra, hombre del desaparecido Gilberto Oviedo.
Hoy la empresa EDESA les cobra a los usuarios de LUSAL no solamente la tarifa, sino que también tiene acordado cobrar de manera directa a los morosos los intereses y el IVA. Algún concejal habrá leído este contrato de concesión?
Amigos de Mauricio, Juan Carlos y Bettina
Hoy Carlos Pérez San Martín y Jorge Weiss son las caras visibles de LUSAL que es una UTE conformada por ILUBAIRES y MANTELECTRIC.
Mantelectric -con nexos con el empresario macrista Nicolás “Nicky” Caputo- se encargaba del mantenimiento de las zonas 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri, mientras Ilubaires tenía a su cargo la zona 5. Ambas están sospechadas de negocios por el recambio de luminarias a LED que generó millones de pesos por ahorro de energía traducidos en generosas compensaciones. También se encuentra sospechada de realizar un aporte de un millón de dólares para la campaña de Mauricio Macri en 2007.
Según el periodista Leandro Rosso, Mauricio Macri y Nicolás “Nicky” Caputo se conocieron en el Colegio Newman y desde entonces no han abandonado su amistad.
Mantelectric abarca una serie de negocios. Por ejemplo, en lo que refiere a alumbrado público mantiene 200 mil luminarias y ha instalado 100 mil. Realiza el mantenimiento en la zona que va desde Palermo hasta el Riachuelo (de Barrio Norte a la Casa Rosada). Además se encarga de la iluminación ornamental. Entre otros, en el Palacio del gobierno comunal, el Teatro Colón y en la Facultad de Ingeniería.
También, Mantelectric se ocupa de la limpieza y mantenimiento de conductos pluviales. Entre la ciudad y Vicente López tiene que limpiar 16 mil sumideros y más de 122 mil metros de conductos de distintos diámetros. También se ocupa del área norte, donde se encarga de destaparlos y cuidarlos.
Eleprint e Ilubaires están bajo el manejo y control de la familia Weiss. El titular de Eleprint es Gustavo Weiss, el actual timonel de la Cámara Argentina de la Construcción. Ilubaires bajo el mando de Jorge Weiss. Ambas empresas, con gran capacidad de lobby, ganaron contratos e hicieron negocios durante el kirchnerismo y luego con el macrismo. Eleprint se convirtió en una de las empresas que más contratos acumuló tanto a nivel local, como nacional en las áreas de vialidad, ferrocarriles y planes de viviendas.
Macri y su entorno poseen 44.200 hectáreas en el norte de Salta. El primo segundo del ex Jefe de Gabinete Marcos Peña, Jaime Alejandro Braun Peña, compró unas 20 mil hectáreas, las cuales transfirió a la empresa El Yuto S.A., donde figura Mauricio Macri como principal accionista, los hermanos José y Pablo Torello, exjefe de asesores de Presidencia y diputado, respectivamente y, por supuesto, Nicolás Caputo. La cercanía con Juan Carlos Romero es innegable, no solamente es política sino que avanza sobre intereses económicos unificados.
El boletín fantasma de Nallar
La empresa LUSAL no ejecuta ni la mitad de sus obligaciones en Salta pero puntualmente es beneficiada con actualizaciones del precio que se le paga. El último se produjo en noviembre de 2021 y se aprobó por una simple resolución que no fue publicada por un Boletín Oficial que depende formalmente del área de Daniel Nallar, el Secretario Legal y Técnico que hasta hace poco mandaba en todos los aspectos de las contrataciones municipales. Por esa decisión pasaron de cobrar $12,13 a $15,70 más otras repercusiones que quintuplican los montos, aunque nada de esto se puso en conocimiento del Concejo Deliberante, ni del Tribunal de Cuentas, ni de ningún ciudadano. Esto a pesar de que el propio contrato de concesión obliga a facilitar el conocimiento a todos los usuarios.
La ausencia de una publicación sobre estos aumentos tarifarios permite especular con que hay connivencia de funcionarios municipales con la empresa y que se ocultan dolosamente las repercusiones económicas a los bolsillos de los vecinos. Algún funcionario de la justicia intervendrá sobre estos temas sin temor a las presiones romeristas?
Todavía nadie se explica los motivos por los que las asociaciones de defensa del consumidor no aparecen a garantizar a los usuarios sus derechos. Claramente es un caso que podría obligar a convocar a audiencia pública en supuestos de incrementos por imposición de normas constitucionales. Pero nadie aparece.
Concejales embobados por la plata de la dieta, acordados bajo la mesa, distraídos a propósito, no reparan en que ellos mismos también pagan los incrementos sin saber dónde se originan. Las versiones de agentes municipales -cansados de este tipo de conductas- denuncian que existen más modificaciones contractuales que nunca tuvieron la luz de la noticia ni de la publicación oficial.
El aparentemente pequeño incremento repercute severamente en ocho categorías de aportantes al negocio de LUSAL y mientras los que menos pagan hoy ya alcanzan los $100 mensuales, este rubro tiene otros pagadores que llegan a abonar hasta más de $6.000 en la más alta categoría.
El último incremento habría sido autorizado por la Secretaría Legal y Técnica que ocupa Daniel Nallar. Es que según la Ordenanza 15932, esta área interviene en todos los procedimientos de contratación desde un inicio y hasta la ejecución total del contrato, como también emite y controla el Boletín Oficial Municipal en donde nunca se publicó el aumento. Los concejales sobre esto tampoco abren la boca.
Tiempos de cambios
Demasiados negocios y escasa gestión caracterizan el devenir de Bettina Romero que va enterrándose lentamente en el rechazo popular. En la Municipalidad de Salta no existe republicanismo, ni la ética que tanto declaran cuando critican al kirchnerismo. Un séquito de personajes cuya mayoría escasamente podría conseguir trabajo fuera del presupuesto del Estado le sigue rindiendo pleitesía y la aísla del electorado. Otros han demostrado gran capacidad para el asalto a las arcas públicas pero no generan apoyo ciudadano. Ya son más los que creen que les quedan pocos días. Seguramente el patrimonio municipal también ruega que lo alivien de estos pesares.
