Fanático de los desmontes, ex-presidente de la Sociedad Rural y dirigente del PRO. El nuevo titular de Salta Forestal supo tejer amistades y negocios entre jueces y empresarios que confluyeron en la polémica sociedad Los Viñaco SAS. ¿Quién es Ignacio Lupión y cuáles son sus vínculos con el poder real en Salta? 

Jerson De Cecco

Tras el fallecimiento el pasado 29 de agosto de Marcelino Sierra, la presidencia de la empresa estatal que administra 300 mil hectáreas en Anta quedó en manos del veterinario Ignacio Lupión. El decreto Nº 585, que lo designa como miembro del directorio de la Sociedad Anónima, lleva la firma de su amigo personal, ministro del gabinete provincial y compañero en las filas del PRO, Martín De Los Ríos Plaza.

La mayoría de las semblanzas plasmadas en la prensa local esta semana resaltan su condición de veterinario, ex presidente de la Sociedad Rural salteña y empresario inmobiliario. Pocos recalaron en su obsesión compulsiva por los desmontes y en el hecho de que casi todas las sociedades que conformó incluyen entre sus servicios la deforestación para emprendimientos rurales.

En numerosas entrevistas periodísticas se despachó contra la Ley de Ordenamiento Territorial y las restricciones a la tala indiscriminada. Desde su perspectiva, los límites al desmonte ilegal constituyen un “freno al desarrollo” y, según su criterio, “con permisos de desmonte sustentable (…) en el Departamento Rivadavia en vez de una vaca cada 30 hectáreas podría haber una cada dos o tres, es decir 10 veces más por lo menos” (El Tribuno, 2016).

En 2007 conformó Desarrollos del Norte SRL en sociedad con quien compartía la firma Lubriagro SRL. Siete años más tarde, creó la constructora El Mollar SRL junto a Magdalena Day Aráoz, con quien también se asociaría en la firma MDAY LUPIÓN S.A. El nexo entre ambos es su esposa Inés María Day D’Andrea.

Las reuniones de negocios lo llevarían no muy tarde a incursionar en los más variados rubros y a asociarse con personalidades de toda índole. Algunas de ellas, con impedimentos legales para hacerlo. Sin embargo, para Lupión y sus amigos, no hay nada mejor para los negocios que un empujoncito del poder.

Los Viñaco SAS

En julio de 2020, en la sección comercial del Boletín Oficial, quedó asentada la constitución de una nueva sociedad comercial con la denominación LOS VIÑACO SAS, con un plazo de duración de 50 años y un capital de $180.000 dividido en 180 acciones. El objeto de la empresa recorría de punta a punta las más variadas actividades: Inmobiliarias, agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, vitivinícolas, comunicaciones, espectáculos, editoriales, gastronómicas, hoteleras, turísticas, inversiones, financieras y transporte.

La oficialización lleva la firma de la directora general de Sociedades Comerciales Rosario Sierra y entre los socios que conforman la compañía se encuentran, además de Lupión, Magdalena Day Aráoz y Bernardo Sayus. Pero se destaca la presencia de Horacio José Aguilar, por entonces juez de la corte de justicia de Salta y, por ende, inhabilitado por ley para ejercer actividades comerciales. La gravedad del asunto reside en que la conformación del consorcio se dio un mes después de su asunción en el máximo tribunal y a varios meses de su postulación por parte del ejecutivo provincial.

Incluso entre sus compañeros cortesanos hubo quienes sentaron postura respecto de dicha incompatibilidad. Tal es el caso de Fabián Vittar, quien reconoció en una entrevista: “el fundamento (de la incompatibilidad) es que el juez esté absolutamente abocado a su tarea que requiere el 100 por ciento de su tiempo de manera íntegra y que no tenga ninguna situación de poder frente a posibles conflictos que genere el comercio”.

El caso de los Viñaco SAS, no sólo puso de manifiesto la impunidad de los poderosos, sino también, la aceitada asociación político-judicial-empresaria para el desarrollo de negocios fructíferos, pero al margen de la ley.

Liberales a costa del estado

La historia de Salta Forestal es, en buena parte, la historia de la familia Olmedo y sus vínculos con los gobiernos de Juan Romero y Juan Urtubey. Durante la gobernación del primero (1995-2007) y a través de un proceso licitatorio en el que solo se presentó la firma Ecodesarrollo S.A., conformada por Olmedo Agropecuaria S.A. y Agropecuaria Cervera S.A., se concedió la explotación de 219.000 ha a 35 años con opción a 15 años más, y las 120.000 ha restantes por 35 años con opción a 29 años más (resoluciones 188/99 y 190/99).

Los contratos de concesión se firmaron en el año 2000. Se estableció el pago de un canon a partir del año 20 de la concesión. En 2003, la empresa Ecodesarrollo Salta S.A. se dividió: Agropecuaria Cervera S.A. (luego Cresud SACIF) se quedó con 132.000 ha, mientras que Olmedo Agropecuaria lo hizo con la superficie restante.

Pese a la existencia de la ley 7623, que en 2010 dispuso la obligatoriedad del pago de un canon a la provincia, dado que son tierras fiscales, se pudo saber que Olmedo Agropecuaria, se retiró con un presunto doble beneficio: nunca pagó canon alguno y vendió sus derechos de concesión de las tierras.

La Corte de Justicia de Salta convalidó las exenciones impositivas a la familia Olmedo por la explotación de los terrenos de Salta Forestal S.A. La escandalosa condonación motivó una presentación judicial que fue rápidamente desestimada por la corte salteña.

La denuncia presentada en 2017 por el bloque del Partido Obrero (PO) en la Cámara de Diputados, apuntaba al gobernador de la provincia, Juan Urtubey, por incumplimiento de los deberes de funcionario —recaudar las rentas de la provincia— y fraude a la administración pública. Se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada bajo el argumento de que ese tipo de acciones —condonaciones, exenciones— deben ser dispuestas por ley y aprobadas por la Legislatura, instancia que en este caso no se respetó. Sobre este punto, la Corte argumenta que tal conflicto de poderes requiere una contienda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1.

Privilegios de campera amarilla

En 2008, a instancias de la recientemente creada Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren), la provincia firmó un contrato con Cresud que establecía la devolución de 30.000 ha y el pago de un canon anual. Olmedo Agropecuaria se negó a participar de esta negociación. Más adelante, en 2011, la Auditoría General de la Provincia de Salta detectaría grandes irregularidades en el accionar de la empresa.

A partir de estos resultados, en ese mismo año el gobierno provincial promovió un juicio de lesividad contra la empresa Ecodesarrollo. Por esta acción legal, la Fiscalía de Estado solicitó al Poder Ejecutivo que autorice celebrar un acuerdo transaccional. Este acuerdo, firmado en 2017, permitió a la provincia recuperar 81.819 ha y comenzar a cobrar el canon establecido del 10% del valor de la producción anual. Estas hectáreas recuperadas comenzaron a ser administradas nuevamente por Salta Forestal S.A. hasta la actualidad.

Se desconocen los planes y proyectos del flamante presidente de la sociedad estatal, aunque se presume que no habrá muchos cambios. Lo cierto es que nadie parece contemplar ni remotamente la posibilidad de preguntarse: ¿qué hacer con 300.000 hectáreas?, ¿cómo ponerlas a disposición del desarrollo conjunto y no de un puñado de privados que apuestan al monocultivo?