Lo que debía ser la realización de cualquier argentino de clase media, para 117 familias salteñas, se convirtió en un verdadero infierno.

Es que, cuando en 1996, decidieron comprar un terreno en lo que hoy conocemos como el barrio Santa Ana 2 no sabían que la empresa Conciel S.A. que los comercializaba, quebraría. Tampoco sabían que el banco Caseros, al que le pagan las cuotas de su pedacito de tierra propio, también quebraría. Y menos aún que dos abogados se presentarían, como síndicos de la entidad bancaria.

“El barrio Santa Ana 2 está compuesto por 308 terrenos que los propietarios compramos en buena ley y que, luego de la desaparición del banco, pagábamos a quien se presentó como síndico del banco: Pablo de la Merced y una mujer que lo ayudaba, de nombre Emilia Fornari”, comienza relatando un vecino. Algunos, precisa, compraron los terreros de la Merced y otros -117- le pagábamos las cuotas.

Casi veinte años después de la compra de estos terrenos, en 2015, apareció en la cedula parcelaria de 117 terrenos una dación en pago, que es la práctica de entregar un bien con el objetivo de saldar una deuda. Es decir que el acreedor recibirá algo distinto al dinero o a lo previamente acordado por parte del deudor. Comúnmente se trata de un inmueble.

En este caso, el que recibió un terreno como forma de pago de una deuda, fue el escribano Francisco Arias. Sorprendidos, pues nunca habían escuchado el nombre, los vecinos recurrieron a San Google, que les dijo que el domicilio de la escribanía era exactamente el mismo que el de Fornari y de la Merced.

Desesperados, los vecinos se organizaron y contrataron a un abogado para que los orientara y averiguara qué es lo que estaba sucediendo con los terrenos que compraron. El boga les dijo que debía viajar a Buenos Aires para averiguar, pues en la ciudad en donde atiende Dios se tramitaba la causa por la quiebra del banco Caseros. Y así fue que se enteraron que, en realidad, Fornari era la síndica del banco y Pablo de la Merced, su socio en un estudio jurídico.

El tiempo pasaba y los propietarios seguían sin tener noticias, hasta que un día de 2018, una vecina recibió en su domicilio la carta que decía, palabras más palabras menos: “Señor ocupante del inmueble Lote Conciel. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de adjudicatario de la subasta Banca Caseros S.A. s/quiebra adjudicación loteo a fin de invitarlo a concurrir a una reunión de su interés relacionados con el lote que ocupa. Hablar con Víctor”.

“Pensé que era una broma y no le dí importancia, pero dos semanas más tarde llegó otra carta”, recuerda una de las vecinas de Santa Ana 2. Esta vez la misiva estaba firmada por Miguel Rueda, quien se presentó como propietario de –básicamente- todo el barrio Santa Ana 2 e intimó a los “ocupantes ilegítimos” a adquirir el terreno en un plazo de cinco días o desocuparlo. Para acreditar su derecho, junto a la carta, Rueda envió una copia de la resolución del juez de la quiebra de Conciel S.A.

La dirección para concretar la compra era la misma que la de Fornari, de la Merced y Arias.

Nuevamente desesperados, los habitantes de Santa Ana 2 comenzaron a buscar respuestas, las que encontraron en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta al descubrir que el 22 de noviembre de 2017 se había publicado un llamado a mejorar la oferta del remate y llamado a mejorar la oferta de compra de $ 500.000, denominando “Oferta de mejora en Banco de Caseros S.A. S/quiebra, EXPTE. Nº 11.418/1.997”, fijando como fecha el 15/02/18 la apertura de sobres y eventual audiencia de mejoras de ofertas.

En el Boletín Oficial de Salta Nº 20291, publicado el día jueves 28 de junio de 2018, se publicó la conformación de la sociedad a actuar sobre los derechos adquiridos en dicho remate: “Por contrato social de fecha 28/03/2018 y su modificación de fecha 05/06/2018 se constituye la sociedad de responsabilidad limitada Santa Ana Sobre Rueda S.R.L., donde se designa al socio Miguel Alberto Rueda como gerente.

Pasando en limpio: Rueda había comprado en un remate 117 lotes de un barrio de la ciudad de Salta por 500.000 pesos; meses después constituyó una sociedad con los derechos de propiedad y luego comenzó a notificar a los vecinos, a los que les ofrecía los terrenos a la módica suma de 25 mil dólares cada uno.

En este punto es importante decir que muchas familias ya llevaban más de 20 años residiendo en el lugar, y muchos de ellos habían comprado sus terrenos con boletos, aparentemente, adulterados o falsos, por lo que sentían que estaban a punto de ser estafados por segunda vez.

Más allá de la desesperación, algunos vecinos decidieron salir a los medios de comunicación a denunciar lo que estaban viviendo y pidieron que el Estado (nacional, provincial y municipal) los ayude.

El resultado fue que Rueda les inició un juicio de reivindicación, es decir que le pidió a la Justicia que le restituya los terrenos a su verdadero propietario (él) y que los revoltosos paguen las costas del proceso.

A su vez, los vecinos realizaron una denuncia penal por estafa procesal, estelionato y asociación ilícita que nunca avanzó porque “adivine quién es el abogado de Rueda”, interroga casi con sorna uno de los vecinos y responde: “No es otro que Armando Catalano, el sobrino del presidente de la Corte de Justicia de Salta: Guillermo Catalano”.

Un juicio no urgente en pleno ASPO

“Como si todo esto no fuera suficiente, el juicio por reivindicación se llevó a cabo en junio 2020, cuando supuestamente regía en el país el decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y la Justicia sólo atendía causas urgentes”, denuncian.

Además, aseguran que nunca recibieron las notificaciones de citación al juicio, que las direcciones estaban mal consignadas y que, cuando quisieron ingresar al Poder Judicial para averiguar el estado de la causa, no les permitieron la entrada pues sólo ingresaban quienes tenían cita.

“Intentamos denunciar todos estos errores, pero cada vez que nombramos a Catalano, los fiscales se asustan, empiezan a mirarse entre ellos y volvemos a foja cero”, sostuvieron los vecinos que juran haber pagado cada centavo del que es su hogar desde hace más de 20 años.