La agente que denunció a una banda narco en el interior de las fuerzas policiales sigue pidiendo su reincorporación. Ahora le envió una carta al gobernador Urtubey. Luego de su denuncia contra el comisario Migues, desde el Ministerio de Seguridad decidieron impulsar su baja. Lilith
Aunque la denuncia penal que realizó la agente Yanina Gay contra el jefe de la Unidad Regional N° 4 con asiento en Tartagal, el comisario mayor Juan Carlos Migues, la efectuó en septiembre de 2016, el gobernador Urtubey —en su última conferencia de prensa—, al ser consultado por el periodista Fernando Climent sobre la situación de hostigamiento y persecución vivida por la mujer policía, respondió que recién ahora pidió un informe “sustanciado” para verificar si realmente lo que denuncia la mujer es verdadero. “De ser así sería algo inadmisible”, señaló.
La policía Yanina Gay denunció sufrir persecución y hostigamiento en el año 2016 en la comisaría de Mosconi donde se desempeñaba como operadora comunitaria, de violencia familiar y gestión de calidad. La situación es delicada porque según relataron ella y su abogado, Pablo Cardozo, detrás de la persecución de Migues se encuentra un caso ocurrido en un procedimiento antinarcóticos realizado en agosto de 2016 por efectivos del Escuadrón 54 Aguaray de Gendarmería, cuando tres policías (uno era retirado, otro estaba con licencia médica hacía 18 meses) fueron sorprendidos en la zona de Acambuco con un cargamento de sustancias prohibidas.
El caso fue reflejado en el mismo Boletín Oficial de la provincia fechado en julio de 2017, donde se hacía pública la sanción que exoneraba al suboficial principal de la Policía de la Provincia, Renee Gareca, al agente Alejandro Sebastián Ortiz, al agente Diego Gerardo Ortiz, a la cabo Claudia Daniela Romero Viscarra y a la sargento Paola Alejandra Romero Viscarra. Los dos primeros se encuentran prófugos de la Justicia.
Según señalan las actuaciones se originaron a raíz del informe de la Dirección Unidad Regional N° 4 – Tartagal, de la Policía de la Provincia de Salta: “Dando cuenta de los hechos ocurridos el día 2 de Agosto de 2016 en la Ruta N° 46, altura kilómetro 16, en circunstancias que una patrulla de Gendarmería Nacional, con asiento en la localidad de Aguaray, realizaba un recorrido a efectos de ubicar sendas y pasos clandestinos en infracción a la Ley N° 23.737, al interceptar un automóvil marca Ford Fiesta, dominio en el que se trasladaban Alejandro Sebastián Ortiz y Renee Gareca, al que se sumó una camioneta marca Toyota Hilux, con dos ocupantes, que al ser detenidos en su marcha y mientras se verificaba el contenido de la carga ubicada en la caja de la pick up, agredieron físicamente al personal de Gendarmería, sustrayéndoles sus armas reglamentarias y una escopeta, emprendiendo la huida los dos vehículos y sus cuatro ocupantes, manteniendo el estado de fuga hasta la fecha, encontrándose los mismos presumiblemente fuera del país”.
Surgió de las investigaciones realizadas que el automóvil era propiedad de la cabo Claudia Daniela Romero Viscarra y ella era pareja del agente Ortiz: “Que por su parte, atento el carácter de funcionarios policiales que ostentan, el vínculo de parentesco entre ellos (político y consanguíneo), la proximidad de residencia, la habitualidad de trato, los antecedentes comprobados en materia de narcotráfico de los familiares directos (familia Ortiz y Gareca) y el conocimiento que tenían de tales antecedentes, se le atribuye responsabilidad administrativa a las hermanas, Cabo Claudia Daniela Romero Viscarra (concubina de Ortiz) y Sargento Paola Alejandra Romero Viscarra, como así también el Agente Diego Gerardo Ortiz, hermano y primo del Agente y el Sub Oficial Principal prófugos”, señalaron las investigaciones oficiales.
Claudia Romero Viscarra, fue indagada sobre sus vínculos con los hombres prófugos. Declaró ante el juez que el día del hecho recibió el llamado de uno de sus primos para que lo rescatara en la zona de Campo Durán. Dijo que no volvió a saber nada de su vehículo hasta que efectivos de la comisaría 42 de Tartagal le informaron que lo hallaron abandonado en un camino a Acambuco. Se la notificó que su pareja, Ortiz, “estaba haciendo de puntero de una camioneta que llevaba droga. Que había lesionado a un gendarme y se dio a la fuga”.
Días después de este hecho que involucra a policías narcos con pedido de captura internacional Gay denunció que “comenzaron las persecuciones: me hacían presentarme a trabajar en mis descansos, no me daban la hora de lactancia, tenía un exceso de control, me cortaron ilegalmente la licencia por maternidad con descuentos de sueldo”. En septiembre de 2016, Gay denunció a sus jefes ante la Justicia. En febrero de 2017, la jueza Elba Menéndez verificó que la Policía provincial había realizado descuentos injustificados a Gay, y ordenó que le fueran reintegrados los haberes que le correspondían, inclusive lo que duró la licencia psiquiátrica y psicológica que solicitó luego de denunciar a su jefe inmediato por violencia laboral y de género.
Expulsada de Bolivia
En mayo del año pasado se dio a conocer una noticia que sin embargo no fue comprobada oficialmente. Una joven que se desempeñaba en el Sistema de Emergencias 911 fue expulsada de la localidad boliviana de Villamontes luego de comprobar que se encontraba con su pareja, el policía prófugo Sebastián Ortiz y el hijo de ambos.
“Cuando los efectivos arribaron, otra mujer, propietaria de la vivienda, intentó impedirles la entrada y hasta forcejeó un momento con los policías bolivianos, quienes ingresaron por la fuerza y se encontraron con la pareja de policías. En la causa tomó intervención la fiscal penal María Serrano Cuéllar, quien decidió expulsar a la joven de nacionalidad argentina quien al momento del procedimiento no tenía sus documentos personales como tampoco los del menor de edad, hijo de la pareja de policías”, describía la prensa local, sin embargo nada se supo del paradero del prófugo.
Desprestigió a la fuerza
La oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad recomendó exonerar de la fuerza a la agente Gay luego de sus denuncias a funcionarios policiales. Puntualmente desde el organismo oficial culparon a la agente ya que según su visión tras la exposición mediática que tuvo buscó desprestigiar a la fuerza policial. Luego de este pedido, junto a su abogado Cardozo realizaron una denuncia contra el Jefe de Policía, Ángel Silvestre, por haber incurrido en “desobediencia judicial”. La misma fue presentada ante la jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, a cargo de Elba Menéndez.
Además, el abogado pidió que se amplíen las medidas cautelares de protección a Gay y se ordene al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el secretario del área, Jorge Ovejero, que “se abstengan” de “ejercer actos de violencia física y psíquica” en contra de la joven, y también “cesar la tramitación de sumarios, que claramente significan acciones de injusta represalia por haber denunciado la violencia de género e institucional”.
Basta de ginopía
Apelando a la lucha contra la violencia hacia la mujer que el gobernador Urtubey dice realizar, la agente Gay emitió una carta pública al mandatario en donde le suplica contemple la posibilidad de no hacer lugar al pedido de exoneración realizado por el Ministerio de Seguridad de Salta.
“Sabiendo su constante lucha en contra de la Violencia hacia la mujer para que sea un abanderado más en las políticas vigentes en la protección hacías las víctimas de violencia. Sin intención de entrar en ningún tipo de discusión arbitraria necesito hacerle conocer que me resulta extraño que a pesar de haber pruebas presentadas en la Justicia y que demuestran que mi agresor sí cometió actos de violencia Institucional y Laboral las autoridades ministeriales solicitan absolverlo y dejarlo exento de responsabilidad omitiendo el fallo de la Justicia interviniente. Esta actitud del Ministerio no hace más que demostrar que me están castigando por haber hecho público algo que ocurre en la Institución desde hace mucho tiempo como es la Violencia y discriminación al personal femenino que sufren muchas mujeres y que se ven obligadas a callar justamente por actos como este donde el hecho de hacer denuncias o visualizarlo te deja sin trabajo. Mi denuncia fue por el trato discriminatorio y humillante que recibí durante mi periodo de gestación como así la persecución y hostigamiento por haber informado irregularidades de funcionarios policiales y tomar denuncia en contra de uno de ellos”, describió la mujer que tendrá que esperar que el gobernador evalúe el informe sobre el caso para determinar, tal como mencionó, si es realmente verdad lo que denuncia.
