En el marco  del Congreso por el centenario de la Reforma Univeristaria, que tuvo como sede la ciudad de Salta, Cuarto Poder habló con el decano de la facultad de  Humanidades, Alejandro Ruidrejo, sobre la actualidad de la Alta Casa de Estudios. Mariano Arancibia

Entre el 17 al 19 de mayo, en la UNSa, se realizó un congreso donde participaron reconocidos intelectuales del ámbito universitario como Adriana Puiggrós, Estela Miranda, o Nicolás Arata, entre otros, quienes debatieron respecto a los contenidos, fundamentos y manifestaciones surgidas alrededor de la reforma del 18, el rol de las universidades en la actualidad y la situación de la educación superior en general.

Previo al inicio de las jornadas, conversamos con Alejandro Ruidrejo, decano de la Facultad de Humanidades y reconocido docente de Filosofía.

C.P.: ¿Qué  balance realiza a cien años de la reforma?                     

R.: Cien años de la Reforma suponen un tiempo prolongado que permite dimensionar los avances que se han dado en la historia de la universidad pública argentina. Entiendo que estamos ante un proceso que comenzó en 1918, e incluso un poco antes, en el que tempranamente es posible reconocer una serie de conquistas que fueron caracterizando la identidad actual de nuestras universidades, que reafirman la importancia de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el cogobierno y la extensión universitaria, por ejemplo. Pero es bueno tener presente que el camino hacia la gratuidad y el gobierno cuatripartito fue mucho más largo y estuvo enmarcado en otros contextos históricos de luchas universitarias. Hubo por supuestos retrocesos en periodos oscuros antidemocráticos, con restricciones al acceso a la universidad pública, por ejemplo, con los cupos y los ingresos eliminatorios. Esos reveses, no se dieron sólo durante los períodos de dictadura, sino que han acontecido durante períodos democráticos, en los que se ha querido imponer una lógica de mercado para justificar la desinversión estatal, estimulando la competitividad entre universidades para acceder a los fondos necesarios para el funcionamiento institucional e incluso como mecanismo para lograr una supuesta “excelencia académica”, que condujo a un credencialismo extremo. Además de ello, una marcada insistencia en la importancia de la implementación de mecanismos de evaluación institucional permitió una arrolladora injerencia por parte del Estado en el quehacer de las universidades, a través de la creación de organismos que intervienen aún hoy en la validación de títulos y de carreras.

¿Cómo ve el hecho de que existan mecanismos de acreditación de las carreras? Por ejemplo, el caso de la carrera de Letras muestra cómo se busca avanzar en ese sentido desde hace tiempo…

En realidad lo que se está llevando a cabo en la carrera de Letras  de nuestra Facultad es una cuestión distinta, que surge como una respuesta crítica ante la exigencia de CONEAU de contar con indicadores que permitan llevar a cabo la acreditación de las carreras universitarias. Desde la ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación), que discutió las formas a partir de las cuales se intentaba intervenir en la autonomía universitaria, se acordó que era necesario llevar a cabo otras formas de autoanálisis institucional, para determinar cuál es el grado de mejoras que deben tener nuestras carreras, y responder de ese modo a la acusación de que la universidad no quiere rendir cuentas del uso que hace de los recursos públicos. Dicho de otro modo, el proceso que se está llevando a cabo en nuestra carrera de Letras obedece a una estrategia de afirmación de la autonomía que está siendo impulsada en la mayor parte de las universidades nacionales del país, que es asumida por nuestra institución como una vía de experimentación alternativa a lo que la CONEAU está proponiendo.

Hubo un recorte de 3 mil millones a las universidades a nivel nacional ¿Cómo afecta a la facultad esto?

Estos recortes y racionamientos son producto de una racionalización político-económica que impacta sobre la continuidad de las políticas universitarias. Si bien todavía no se ha explicitado cuáles serán los impactos que ello tendrá en las distintas dimensiones de la vida universitaria, lo cierto es que la falta de acuerdos salariales a estas alturas del año evidencian que se está  produciendo allí un efecto inmediato, que se suma también al hecho de que muchas obras previstas para atender a las necesidades de nuestras instituciones, fueron suspendidas. En el caso de la Universidad Nacional de Salta, se tuvo que afrontar la crisis que ello implicaba para la Sede Regional Tartagal con recursos propios, generados por la propia universidad a partir de la administración que se hizo del presupuesto. Pero si bien esas acciones urgentes vienen a cubrir en lo inmediato el vacío de la desinversión, lo cierto es que de mantenerse esas restricciones presupuestarias, quienes  también van a sufrir los efectos de un deterioro general de las condiciones de la vida universitaria serán también los alumnos, sin lugar a dudas. A todo ello es preciso sumar el agravante de que la situación del recorte presupuestario tiene un efecto diferenciado entre la Sede Salta y las otras Sedes Regionales de la UNSa en el interior de la provincia, lo que acentúa las asimetrías.

¿Cómo están las Sedes del interior a su modo de ver?

Sin lugar a dudas, el espíritu latinoamericano y su sentido regional que está muy presente en los orígenes mismos de nuestra universidad y que nutrió la expansión de la universidad en términos territoriales hacia el interior de la provincia, no logró garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la educación. Como mencioné, los recortes ahondan esas desigualdades, y por lo tanto, nos incitan a resistirlos en función de que el acceso a la educación superior sea garantizada, pero más allá de ello, existen demandas en lo concerniente a la descentralización institucional que deben ser atendidas con celeridad y en el marco del reconocimiento del desarrollo que las Sedes Regionales han alcanzado.

¿Cuál es la situación de la docencia universitaria en Humanidades?

Si uno se ciñe a las condiciones institucionales del quehacer docente, encuentra que la planta docente tiene limitaciones que se manifiestan con más intensidad en algunas carreras que en otras, pero que exigen una reconsideración seria de la relación entre reconocimientos y responsabilidades académicas. Esto debe llevarse a cabo en el marco de la implementación del convenio colectivo  de trabajo, que es una herramienta de conquista de derechos, con la que se procura luchar frente a las desigualdades existentes, rompiendo con el imperativo de la competitividad extrema a través de un acceso a los derechos laborales colectivamente. En ese sentido, es importante reconocer que en nuestra universidad se atendió el caso de 72 docentes que estaban en situación precarizada y han podido subsanar dicha situación. Sin embargo, la plena aplicación del convenio va a exigir fortalecimientos presupuestarios, porque subsisten situaciones inequitativas que deben ser atendidas debidamente si pretendemos constituirnos en una comunidad académica más justa y solidaria.

Hubo casos de acoso en la Facultad ¿Cómo actuó el decanato?

Como todo el mundo sabe, la universidad no es una institución que esté aislada de la realidad social en general. La provincia de Salta ha declarado la emergencia social en lo que respecta a la violencia de género y frente a la magnitud de este hecho, los esfuerzos institucionales siempre aparecen como insuficientes. En el marco de ese diagnóstico, la Facultad  Humanidades ha asumido su responsabilidad, y es por ello que hemos impulsado la elaboración del primer protocolo contra la discriminación y la violencia de género, encomendándola a especialistas en la temática, antes de que la primera denuncia sobre violencia de género apareciera en la Facultad.

Como efecto de ese clima institucional se ha hecho posible nuestro acompañamiento a una serie de denuncias que han sido trasladadas a la OVIF. Siempre hemos entendido que es preciso ensayar respuestas a esta problemática asumiendo los desafíos que implica eludir una política punitivista.

Consideramos fundamental interiorizar la interpelación a la Universidad sobre las formas de intervenir sobre una problemática que no se agota en el ámbito universitario y que es la expresión del patriarcado en una sociedad como la nuestra. Los esfuerzos institucionales se orientan hacia la prevención y el acompañamiento a las víctimas.

Como resultado de todo eso, hemos tenido el agradecimiento de cada una de las personas que ha sido acompañada a realizar una denuncia, lo que implica un importante aliento a nuestra decidida voluntad de acompañar la lucha de las mujeres por la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de las  diferencias.

Tenemos la clara convicción de que ello se encuentra en el corazón de las luchas presentes y por eso incentivamos además la investigación sobre la temática, a través de la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación en un esfuerzo conjunto con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Por otra parte hemos sido convocados a participar del Taller de consulta «Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas» convocado desde la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, junto a PNUD, ONU MUJERES y UNFPA, y demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, con apoyo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta para luchar contra el femicidio en América Latina.

Saliendo del tema concretamente universitario, ¿cómo ve las gestiones de Macri y de Urtubey?

Mi quehacer se despliega en el campo de la política universitaria. Soy un profesor universitario que advino decano. Sin embargo, como miembro de la sociedad, siempre me he expresado con una crítica a las racionalidades  neoliberales del gobierno.

Entiendo que nuestro presente tiene que ensayar formas de rebasamiento, de superación, de los límites en los cuales ha quedado entrampada la discusión sobre cómo deben gestionarse las formas de libertad y los modos de vida. Creo que las transformaciones que impulsamos en el campo universitario, se inscriben en el espacio de las resistencias a una racionalidad de gobierno que toma la forma de imperialismo económico neoliberal.