Pablo Moreno, el campesino que enfrentó a la policía en un piquete y murió en una comisaría de Tartagal, redactó cartas que informaban sobre las amenazas de muerte proferidas por los uniformados durante su detención. Cuarto Poder habló con familiares y entregó a la letrada las misivas de enero de 2016. (Daniel Avalos)
Evitemos los rodeos y vamos al grano: el Estado provincial es responsable por la muerte de Pablo Moreno, la misma que ocurrió el viernes 18 de marzo en la comisaría 45 de Tartagal. No era un preso común. Era un dirigente campesino de Morillo que estaba detenido desde el 13 de octubre de 2015, catorce días después de protagonizar un piquete en el acceso a un puesto que la empresa Vertua posee en esa localidad y que culminó con dos policías lesionados. Su muerte confirma que el Estado fue incapaz de garantizar la integridad de quien estaba a su resguardo, mientras se levantan voces que aseguran que la fuerza policial es responsable directa del deceso del dirigente.
Hasta ahora, las sospechas eran hijas de testimonios orales. Desde el martes 29 de marzo, a esos testimonios se le sumaron cartas redactadas durante enero por la víctima. Las mismas estaban dirigidas a su hermano Pascual, quien residiendo en la capital provincial, accedió a los escritos cuando retornó a Morillo obligado por los trágicos acontecimientos. Son nueve fojas redactadas en hojas de un cuaderno “Gloria” y que en lo central aportan dos elementos: información sobre lo ocurrido el día de los incidentes y apellidos de policías que amenazaban su vida.
Cartas a Pascual
El encuentro de Pascual con Cuarto Poder se concretó en una confitería céntrica de la ciudad. El primero había empezado un peregrinaje por los medios para asegurar que a su hermano lo mataron. La prensa que fue tan locuaz para condenar al joven que el 29 de septiembre de 2015 repelió un avance policial con una antorcha, se muestra ahora menos dispuesta a tratar un tema que obliga a preguntarse si la barbarie habita en los desocupados que exigen empleo o en los uniformados que aseguran resguardar la civilización.
Pablo Moreno, en definitiva, dejó la prisión en una bolsa. Pascual endurece el tono al emitir la palabra. Lo hace para recordar que el primero en prometerle ese destino a su hermano fue “Calermo”, el jefe de la Brigada de Investigaciones de Tartagal. Ocurrió el martes 13 de octubre de 2015 en la Ciudad Judicial de esa localidad, cuando el dirigente campesino se presentó ante la justicia. Un enjambre humano formado por familiares y la abogada Sarah Esper, resguardaba la integridad de Moreno. A Calermo no le importó que todos escucharan su advertencia precisa: “Prepárate porque de acá te sacan en bolsa”. Cuando Cuarto Poder se comunicó con la Brigada de Tartagal para contactarlo, el efectivo al teléfono nos informó que el mismo estaba de licencia.
Pascual rememora la última visita a su hermano en la comisaría 45 de Tartagal. Fue durante la primera semana de enero. Un moretón por encima de una ceja, otro en la zona del mentón y la zona de los tobillos inflamados le anunciaban lo peor. El encarcelado le relató que su detención era un calvario y que los responsables eran los miembros de la Guardia de Infantería y de la Brigada de Investigaciones. Los primeros querían vengar a los dos efectivos que resultaron con quemaduras leves el día de los incidentes; los segundos lavar la vergüenza de dirigir sin éxito 14 días de pesquisas que al decir del ministro de Seguridad provincial, Cornejo D´ Andrea, incluirían buscar por debajo de cada piedra provincial.
Cuando Pascual cree interpretar que el relato resulta inverosímil para el cronista, extrae de un folio de plástico las 9 hojas del cuaderno Gloria en donde la víctima exponía y rubricaba su desgracia. La fechada el 9 de enero de 2016 es la más desesperada de todas. Lleva por encabezado la leyenda “Para Pascual mi hermano” y parte del contenido dice lo siguiente: “Hermano habla con mi abogada y abisale q, yo te pedi ayuda; si es necesario hace o agan denuncia en gendarmería en Salta (…) ase público que nunca me recibieron la denuncia en la fiscalia x las amenaza de muerte q me hicieron los policias” (sic).
El resto de los escritos mencionan nombres de uniformados que lo amenazaban: un miembro del servicio penitenciario de apellido Figueroa quien le dijo: “te estamos esperando en la alcaldia (sic) p/ enseñarte como son las cosas quemardosito”; otro policía al que Moreno identifica de apellido Juárez y que actualmente está a cargo de la dependencia de Morillo, aunque aquel 13 de octubre lo recibió en la comisaría 42 de Tartagal; otro uniformado que la víctima cree haber escuchado que se apellida Villalba.
No era todo. Moreno denunciaba que la fiscal de Embarcación, Lorena Martínez, le hacía saber que ninguna denuncia contra los policías sería aceptada: “lo unico q ise fue una exposición x las amenasas que me isieron hace lla un tiempo los gerala, hijo del intendente de Morillo (Habraam). Ai ese mismo dia la fiscal autorizo q me tomen cualquier denuncia en contra de cualquier otra persona menos en contra de la fuerza policial”.
Una lectura rápida de los papeles nos desliza a la pregunta obligada a Pascual: ¿Por qué los escritos no fueron puestos a disposición de la abogada en el momento oportuno? La respuesta del menor de los Moreno es resignada. Las cartas estaban en poder de Silvina Juárez, la mujer de Pablo, quien le entregó los materiales cuando lo peor ya había ocurrido.
El traslado que no fue
Cuando la viuda de Pablo Moreno escucha la pregunta sobre por qué las cartas no llegaron a destino, responde sin complejos: “Tenía miedo, es caro mandar cartas a Salta y no pensé que iba a pasar lo que pasó”. Silvina Juárez es menudita, aunque el dolor parece haberla encogido un poco más. Nos recibió en su casa de Morillo el día miércoles y cuando respondió lo que respondió, los presentes en la mesa ejercitaron gestos de evidente comprensión. Allí están Yolanda Moreno, la otra hermana de la víctima; el hermano de la propia Silvina; y la madre de Pablo, Sara Salvatierra, quien sólo tiene fuerzas para recordarnos que “a mi hijo me lo han matado”;
No es fácil registrar sus testimonios. El dolor insondable, la certeza de que su tragedia ocurre en las profundidades de un monte indiferente para el salteño de las ciudades y la esperanza de que la Justicia alguna vez se ponga en marcha para ellos, los empujaba a relatos con cientos de detalles que, inconexos en un principio, van ordenándose cuando el meollo de la cuestión queda expuesto: tanto efectivos de Infantería como de la Brigada de Investigaciones de Tartagal estaban ensañados con la víctima; la situación procesal del detenido se deslizaba hacia su liberación que incluía un traslado de Tartagal a la comisaria de Morillo que debía efectivizarse el día en que Pablo murió; y que éste era un referente de largas luchas sociales que lo enfrentaron a la policía pero también al hombre fuerte del lugar: Atta Gerala.
Todos visitaron a Pablo el jueves 17 de marzo entre las 14 y las 16 horas. Comieron juntos, se rieron juntos y vieron cómo el hijo encarcelado le aseguraba a su madre que pronto saldría de prisión y la acompañaría al médico para tratar las dolencias que padece. “Estaba bien mi hijo. El me acariciaba el pelo y yo también el suyo. Por eso le digo que me lo han matado a mi hijo”, dice Sara mientras sus manos intentaban en vano secar las lágrimas que le humedecían el rostro.
Todos aseguran que entre el jueves 17 y las 17 horas del viernes 18 de marzo fue puro regocijo familiar. La razón era simple: concluida la visita se entrevistaron con el juez de Garantías, Nelso Aramayo, quien les aseguró que en diez días Pablo quedaría en libertad. Lo ocurrido al día siguiente reforzó las expectativas. La abogada Sarah Esper se comunicó a las 17 horas para informarle a Silvina que se había firmado la orden de traslado de Pablo a la comisaría de Morillo. La noticia era doblemente celebrada: desde ese día se ahorrarían los 360 kilómetros ida y vuelta que separan Morillo de Tartagal para visitar al ser querido; y el traslado efectivo constituía para ellos una prueba inequívoca de que pronto Pablo recuperaría la libertad.
La felicidad duró sólo tres horas. A las 20 del mismo viernes el teléfono de Silvina volvió a sonar. Del otro lado de la línea un primo de Pablo de nombre Fermín, le comunicaba que el padre de sus hijos había muerto tras sufrir convulsiones y vómitos que le causaron una muerte por bronco aspiración.
La abogada
Sarah Esper fuma un cigarro tras otro. Nos recibe en su estudio ubicado a una cuadra de la plaza principal de Tartagal. Le hacemos entrega de las cartas que Pascual Moreno nos compartiera en Salta; le relatamos la versión familiar según la cual el juez Nelso Aramayo aseguraba que pronto liberaría a Pablo Moreno; le aseguramos que otras fuentes reforzaban esos dichos porque Aramayo firmaría un “recupero de libertad con medidas sustitutivas a la presión preventiva” que supone excarcelar al reo y garantizar que se presente a la justicia regularmente para dar continuidad al proceso.
Las fuentes, incluso, aseguraban que el magistrado analizaba un cambio de caratula que beneficiaría al imputado y que ella, Sara Esper, estaba al tanto porque el propio juez se lo habría informado en reuniones informales. La abogada no avala ni desmiente la versión. Se limita a pedir prudencia ante el brusco cambio de escenario. De lo que no tiene dudas, enfatiza, es que los procedimientos jurídicos sucumbieron ante la conducta de policías y miembros de la Justicia que habían hecho de “Pablito” un blanco de caza.
Cerrada la discusión en torno a si Aramayo le confió sus planes procesales o no, la pedimos leer la orden que disponía el traslado de Pablo Moreno a la comisaria de Morillo. Ello no fue posible. El tema era otra prueba de cómo la policía accionó para hacer de la detención del dirigente campesino un calvario. “El pedido de traslado lo hago el 2 o 3 de febrero. El motivo era sencillo: facilitar las visitas de la familia a Pablito y que éste se sienta más contenido. Por eso lo pedí para Morillo o en su defecto para Fortín Dragones o Padre Lozano que están en la zona. Las respuestas de las comisarías fueron de risa. La de Morillo se declaraba sin lugar para alojarlo y las otras dos decían que no podían hacerlo porque no contaban con celdas con la seguridad requerida para el reo”.
La situación se destrabó luego de una reunión entre la abogada y el Secretario de Detenidos de la provincia. Fue entonces cuando Esper elevó un despacho al Juez de Garantías Nº 1 que decía lo siguiente: “… vengo en tiempo y forma a poner conocimiento de V.S. que, de conversación mantenida en fecha 1/3/16 con el Dr. Boris Braian Romero, más documentación que el mismo pusiera a mi vista; tomé conocimiento que por ante la Comisaría Nº 44 de la localidad de Cnel. Juan Solá (Morillo), sólo se encuentran detenidas dos personas; por lo que viene en mendaz el informe que da cuenta que no habría lugar para alojar a Pablo Francisco Moreno por ante dicha dependencia policial”.
El traslado, sin embargo, tardó en ordenarse. Sarah Esper admite que la orden efectiva provino tras una reunión que mantuvo en el juzgado durante la mañana del día en que su defendido dejó de existir. A la tarde, un mensaje de texto proveniente del juzgado – y cuyo contendido aún guarda en su teléfono móvil – le informa poco antes de las 17 horas que la orden de traslado ya había sido remitida a la Brigada de Investigaciones. Fue entonces cuando Esper se comunicó con Silvina Juárez para darle la noticia. Ni bien cortó, empezó a llamar a la Brigada para interiorizarse sobre los detalles del traslado. Asegura incluso haber ofrecido el dinero para el combustible que los policías de civil aducían carecer. En menos de tres horas, le informaron que Pablo Moreno había muerto.
Doce horas después, la letrada presenciaba la autopsia practicada por una forense llegada de Orán. Sus dudas sobre las causas de la muerte fueron expuestas desde el día mismo del deceso. Los resultados definitivos de la autopsia y los informes de laboratorio aún no están disponibles aunque Sara Esper sabe qué es lo que debe esperar: “La autopsia dirá que Pablito murió asfixiado. Lo que espero son los resultados del laboratorio que determinarán qué fue lo que ocasiono esa asfixia”.
Para la abogada, la muerte de Pablo supone la pérdida de un gran ser humano y un dirigente social extraordinario.
Pablo el referente
Morillo es una localidad con pobreza sobredimensionada. Lo confirma un informe del Ministerio de la Primera Infancia redactado a fines de 2015 en el cual se advierte que de sus casi 10.000 habitantes, 35% son wichis, 11% analfabetos, un 35% vive en viviendas con piso de tierra, un 47% padece hacinamiento, otro 19% carece de baños, 25% de electricidad y el 82% no accede a agua caliente. Pobreza de este tipo suele producir entre los pobres dos conductas extremas: grupos humanos que desalojados una y otra vez de sus tierras prefieren arrinconarse en el monte donde terminan marginados por el hambre y la soledad; o dirigentes que ven en la organización la posibilidad de escapar a la pobreza material que sofoca y al fatalismo espiritual que se resigna ante lo establecido.
Pablo Moreno era de estos últimos. Entre las curiosidades que envuelven su historia personal resaltamos dos: la del criollo querido por las comunidades originarias en un lugar donde las relaciones entre unos y otros no suelen ser armoniosas; y la de haber forjado fuertes vínculos con sectores de la Iglesia como la Pastoral Aborigen o el exobispo de Orán, Marcelo Colombo, quien ganó notoriedad abrazando causas ambientales y reivindicando la figura de Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura por “pastorear con un oído en el pueblo y otro en el evangelio”.
No faltan quienes aseguran que fue Colombo, justamente, el que intervino por Moreno cuando en el año 2009 Atta Gerala impulsó una causa judicial en su contra por disturbios en la sede municipal. La enemistad entre el jefe comunal ahora procesado por peculado y Pablo Moreno era de larga data. La familia de éste último, sin embargo, asocia la misma al proceso por el cual los fondos que remitía el kirchnerismo para proyectos productivos prescindían de la intervención del intendente Gerala y bajaban a través de una mesa coordinadora integrada por criollos, wichis y ONG’s. Funcionarios de organismos nacionales confirmaron además que esa mesa de coordinación se convirtió en el germen de la hoy denominada Coordinadora de Tierras, una organización de impronta más política y que resultó clave en el triunfo de Marcela Carabajal sobre el propio Atta Gerala en las elecciones de abril del año 2011.
Esa larga historia fue sepultada por un minuto de imágenes televisivas de alto impacto y baja información: la de Pablo Moreno repeliendo con fuego la arremetida policial el martes 29 de septiembre de 2015. Las imágenes permitieron a la policía asociar al desocupado con la violencia irracional y acallar las voces de los pobres que tienen una versión distinta de lo ocurrido: el avance policial sobre mujeres y niños que le causaron heridas de bala de goma a Giovani Moreno: el hijo de Pablo quien con la antorcha en una mano y una botella de combustible en otra buscaban que su figura concentrara la atención de los efectivos a fin de liberar a su mujer e hijo. El final es bien conocido.
Pablo Moreno ni siquiera escapó. Tras los hechos se dirigió al hospital de Morillo para atender al niño, aunque ya se había convertido en blanco de una fuerza policial y un ministro de Seguridad que buscaban dejar en claro que ningún piquetero podía enfrentarlos abiertamente y salir fresco del atrevimiento.
Y entonces vuelve a la memoria las denuncias familiares sobre el maltrato físico y psicológico al que sometieron a Moreno: Pascual rememorando los moretones en el cuerpo de su hermano que le aseguraba que el hostigamiento incluía privarlo del sueño; Silvina recordando que la mujer de un detenido le compartió lo que su pareja le había confesado: Pablo no dormía y había noches en que hablaba sólo. Silvina, además, lamentándose por el abandono personal que empezaba a experimentar su marido. Pablo Moreno empezaba a derrumbarse. Puede que haya concluido que no podría salir del abismo al que lo habían empujado.
