El Qullamarka, Coordinadora de Comunidades y Organizaciones Autónomas Kollas de la Provincia de Salta repudia en un comunicado la situación del pueblo Wichi y Comunidades campesinas de la Ruta 81. Ana Perez una mujer desalojada de la comunidad Weenhayek de Tartagal, murió el viernes. Mientras, siguen sacándolos de sus territorios por las privatizaciones y desmontes.
“Los están matando para quedarse con sus tierras”, fue la frase que utilizaron para repudiar los desalojos a diferentes comunidades. Una mujer que fue desalojada en Tartagal pese a estar enferma, falleció el viernes pasado.
Ana Pérez, una mujer de menos de cincuenta años de la comunidad Weenhayek de Tartagal que fue desalojada por la Policía y dejada a la intemperie pese a estar enferma, falleció el viernes en la noche en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán.
La organización Qulamarka, emitió un comunicado repudiando los hechos, responsabilizando a los gobiernos municipales y provinciales por ello, reproducimos a continuación el texto:
“En la comunidad de Rodeo Colorado, en el marco del XXV QulamarkaTinkunakuy, reunidos en asamblea los días 2 y 23 de noviembre del año 2014, las organizaciones y comunidades hemos sido visitados e informados por los hermanos wichís de la localidad de General Balivián sobre la situación urgente en la que se encuentran: el avasallamiento de sus territorios por parte de empresas privadas, que destruyen el monte, y por lo tanto su medio y su modo de vida, avasallamiento que además se facilita por la falta de títulos comunitarios, que aunque les corresponda por ley, es denegada por los gobiernos municipales y provinciales. Esta situación está expresando de distinta manera:
En las comunidades Quebrachal I, Tres Lapachos, El Mistol, Guayacán y Quebrachal I, habitadas por más de cuatrocientos hermanos wichís: se realizó, en el año 208 una donación de 93 hectáreas a miembros particulares del Quebrachal (a nombre de Lorenzo Sacarías como representante genérico) que además de ser insuficiente, es inconstiucional. Además, el Municipio se ha apropiado de parte de esas 93 has con la construcción de un Camping Municipal al cual no tienen acceso los miembros de las comunidades.
En las comunidades Pastor Senilosa y Tierra Indígena: la empresa Sieras de San Antonio está reclamando la propiedad de los territorios de estas comunidades, las que aún no han sido reconocidas como prexistentes por parte del Estado y por lo tanto no cuentan con títulos de tierras.
La privatización del sito “El Cincuenta”, lugar histórico donde habitaron nuestros ancestros, el cual forma parte de nuestra cultura e identidad. Esto responde al avance de la frontera agrícola para monocultivos intensivos de soja y maíz transgénicos, que está destruyendo la soberanía alimentaria de los Pueblos. Además, no se les permite entrar a los miembros de las comunidades a los cementerios de sus antiguos, que también fueron privatizados.
El desmonte por parte de empresas privadas en las comunidades monte adentro: Laguna Cuchuy, San José de Cuchuy, El Chorito, Coralito, El Chaguaral, Pescadito, Laguna Guamache, Traslado, el Escrito, Zopota. Esta destrucción del monte implica la destrucción de sus recursos naturales y de su vida misma. Algunas de estas comunidades se encuentran actualmente con orden de desalojo.
Estas situaciones se derivan de la usurpación, falta de titulación y constantes amenazas a las comunidades, que además se ven multiplicadas en otros territorios como es el caso de la represión en Morillo y el caso del desalojo de las comunidades de Tartagal en el presente mes.
En el primer caso, las organizaciones campesinas han denunciado el abuso de autoridad y el accionar parcial e intimidatorio de la Jueza de Tartagal (Ana Maria De Feudi) en beneficio de los empresarios como es en este caso de la empresa DOBLE Z S.R.L y su socio gerente el Sr. Javier Alberto Vidizoni, al avanzar sobre comunidades a través del accionar y represión policial, lastimando a los hombres y mujeres que se oponían a este acto ilegal.
El segundo caso es el desalojo que sufrieron las comunidades Quebracho, Quebrada de Tartagal, y Sarmiento, dictado por el juez Fernando Mariscal. Este desalojo fue realizado a través de agresiones, golpes, abuso policial, discriminación y despojo, a lo cual han respondido las más de 18 comunidades afectadas cortando la ruta 86 como medida de lucha. Actualmente, la policía se retiró del predio y los miembros de las comunidades reingresaron a su territorio, pero sin cambios en la situación legal y por lo tanto sin garantías de que esto vuelva a ocurrir. Por su parte la municipalidad de Tartagal no se ha responsabilizado por la situación.
A partir del conocimiento tomado en asamblea sobre estas situaciones, REPUDIAMOS el accionar de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que actúan a favor de empresas y particulares, avasallando el marco jurídico que nos respalda como Pueblos Originarios y dando lugar a la siembra de soja transgénica y uso de agroquímicos, con los terribles efectos que genera. Se favorece la expansión de un modelo económico que beneficia a unos pocos a costa de la vida de las comunidades para cuyas necesidades nunca hubo respuesta ni voluntad política: agua potable, escuelas, atención médica, caminos transitables.
Al mismo tiempo, EXIGIMOS a las autoridades provinciales y nacionales la urgente intervención y realización del relevamiento comunitario de la Ley 26.160, priorizando las comunidades del monte ya que son las que se encuentran más expuestas a este avance. Entendemos que de esta manera se podrá avanzar en la ampliación del reconocimiento del territorio ancestral wichí y el otorgamiento de títulos comunitarios. Jalala Pueblos Originarios!”
