Ante la embestida del senado nacional contra la producción del tabaco, los apellidos Urtubey y Romero volvieron a hacer un frente común. Se oponen a que el Convenio Marco de Control al Tabaco amenace la asistencia del Estado a esa producción. (Gonzalo Teruel)
Mitad en broma, mitad en serio, cada vez que recibe a un visitante, el gobernador Juan Manuel Urtubey le advierte que para no tener problemas durante su estadía en Salta no debe hablar mal “del Señor del Milagro, del General Güemes, ni del tabaco”.
No se equivoca: amen de la devoción religiosa y la admiración histórica, del cultivo del tabaco depende la suerte de unas 100 mil personas y de varias ciudades del Valle de Lerma. Lo sabe Urtubey y también su antecesor Juan Carlos Romero. Por eso no sorprende que casi al unísono las máximas figuras de la política provincial cruzaran al senador Juan Manuel Abal Medina por su intento de promover la ratificación parlamentaria de un viejo acuerdo suscripto, junto a muchos otros países del orbe, por la República Argentina y la Organización Mundial de la Salud “para el control del tabaco”.
Con genuino interés sanitario, este convenio de la OMS busca terminar con el consumo de tabaco en el mundo. “El Convenio Marco de Control del Tabaco incluye un paquete integral de estrategias de eficacia probada para reducir la oferta, la demanda y los daños causados por el tabaco” reseña el Ministerio de Salud de la Nación y amplia que “Las principales medidas que reducen el consumo de tabaco son el aumento de impuestos; los ambientes cerrados 100 por ciento libres de humo de tabaco; las prohibiciones integrales de publicidad, promoción y patrocinio de los productos; las advertencias sanitarias en los paquetes y la cobertura de los tratamientos de la adicción al tabaco”.
Todo eso ya está reglado en el país a través de otras leyes nacionales y provinciales pero, además, según advierten los productores, el convenio prohíbe el estímulo público a la producción tabacalera. De ratificarse este tratado firmado en el año 2003, el gobierno argentino debería concluir toda medida de asistencia a los productores y, por ejemplo, discontinuar el Fondo Especial del Tabaco que si bien se compone de un porcentaje del valor de venta de cada paquete de cigarrillos y no propiamente de recursos públicos es administrado por la administración nacional y sus pares provinciales.
“Este gobierno seguirá defendiendo a capa y espada lo que significa la actividad tabacalera en la provincia como movilizador social, aunque desde afuera a veces no se entienda así” aseguró Urtubey el pasado viernes al encabezar la firma de un convenio para que fábricas textiles sociales de Cerrillos y Guachipas confeccionen los uniformes de los trabajadores tabacaleros.
“Urtubey es considerado como ‘tropa propia’ en el sector tabacalero y no sólo por sus declaraciones sino, sobre todo, por sus acciones. ‘No permitiré que se estigmatice nuestra producción tabacalera’ declaró, por ejemplo, en 2010. Un año después sostuvo con hechos esas palabras y cuando las negociaciones por el precio del kilo de tabaco que los productores entregan a las cigarrilleras parecían cerrarse sin acuerdo, anunció que la Cooperativa contaba con una garantía de $100 millones para sostener un valor razonable. Idéntica determinación tomó este año y la provincia financió el sostén de un precio testigo con otros $100 millones” explicitó Cuarto Poder en 2012 ante una embestida similar a la de ahora por parte de legisladores nacionales.
Esta semana los senadores Juan Carlos Romero y Rodolfo Urtubey fueron más allá y organizaron una reunión con dirigentes y legisladores de otras provincias productoras en la Cooperativa de Productores Tabacaleros para “coordinar una estrategia para la defensa del sector”. “Una cosa son las acciones para evitar la adicción al tabaquismo que apoyo como así también la prohibición de fumar en lugares públicos, entre otras medidas, pero otra muy distinta es afectar la producción y el empleo de miles de salteños” advirtió Romero y enfatizó que defenderá “la producción y los miles de productores de nuestra provincia y del norte”.
Como antes el gobernador, los senadores salteños aseguraron que “hay que dar el debate y explicar a quién sea necesario, entre ellos, los ministros nacionales involucrados en la temática y el resto de los legisladores nacionales, que la ley para la preservación de la salud, en el marco del convenio mundial, ya fue sancionada, pero que ahora se pretende atacar la producción y no lo permitiremos como no lo hemos hecho nunca”.
El argumento central de los dirigentes políticos es el mismo de los productores de Salta y de las demás provincias del norte argentino: el cultivo del tabaco es, al menos por ahora, insustituible por su impacto económico y social en la región. “Nadie puede desconocer que el cultivo del tabaco no puede (hoy por hoy) ser sustituido por ningún otro en condiciones socioeconómicas equivalentes” planteó el diputado y titular de la Cámara del Tabaco, Esteban Amat, y añadió que “el hábito de fumar de los argentinos no habrá de ser erradicado por la desaparición de una producción tabacalera destinada en un 80% a la exportación”. “El tabaco que se dejase de producir y la mano de obra que ya no se ocupe en la Argentina, beneficiará a otros países que no hayan adherido al convenio” advirtió en un artículo editorial circulado a los medios de difusión de todo el país.
En otro artículo también distribuido en los medios nacionales, el titular de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, Albino Hirsch, argumentó que “Mientras haya demanda en el mundo, ¿por qué razón vamos a renunciar a satisfacerla? sería un suicidio” y enfatizó que “En esta producción en la Argentina son 37 mil los productores; 1 millón de personas dependen directa o indirectamente de la producción tabacalera y entre el 75% y 80% de la producción argentina se exporta”. Al igual que los productores, los legisladores y gobernadores del norte expresaron su absoluto rechazo al nuevo intento de ratificar en el Congreso el Convenio Marco de la OMS.
El sitio web oficial del Senado de la Nación indica que el proyecto del peronista porteño Abal Medina y del radical mendocino Julio Cobos no es nuevo y fue ingresado “por mesa de entradas” en mayo del año pasado. La realización esta semana de un encuentro intersectorial denominado “Hacia la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco” alertó, sin embargo, a los congresistas del norte.
“En la Argentina cada año mueren 44 mil personas por enfermedades asociadas al tabaquismo que podrían ser evitadas. Según datos de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 25% de la población adulta de nuestro país fuma, lo que representa una de las tasas más altas de la región. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud Escolar alerta que, en promedio, los niños y niñas comienzan a fumar a los 12 años y que 1 de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años fuma” advirtieron los enviados del Ministerio de Salud al encuentro y detallaron que “se estima que los gastos sanitarios destinados a atender las enfermedades que provoca el consumo de tabaco superan los $30 mil millones, es decir alrededor de un 12% del gasto sanitario total”.
“El Convenio Marco para el Control del Tabaco es el primer tratado internacional de salud pública, que entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y hasta el momento ha sido ratificado por 180 países” indicaron desde la cartera sanitaria nacional. Entre esos 180 países no están la Argentina ni los Estados Unidos.
Los tabacaleros salteños creen que es justamente ese país el que, a través de organizaciones no gubernamentales que operan en todo el mundo, quiere que Argentina (y otros países como Brasil) deje de producir para quedarse con el monopolio de un producto que tiene cada vez menos consumidores en occidente pero cada vez más en oriente con China como principal comprador. Aunque parezca mentira, otrora adversarios irreconciliables en la política local, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero coinciden en la defensa de miles de familias del Valle de Lerma y hacen lobby para evitar que el Tío Sam se salga con la suya.
