El relato de Daniel Morales, padre del adolescente atormentado por la Policía Bonaerense. “Al pibe me lo traumaron”, declaró. La opinión del procurador de Violencia Institucional.
Para la Bonaerense no hay peor delito que hacerse la rata. Por eso estrenaron una nueva política de prevención: secuestran a los chicos que están fuera de la escuela y los encapuchan en un patrullero. Así fue el caso de Lautaro, de 16 años, estudiante de quinto año de la Escuela Normal Nacional Superior Antonio Mentruyt de Banfield. El ataque policial del 17 de mayo está bajo investigación del fiscal Pablo Rossi de Lomas de Zamora. La carátula es “apremios ilegales en acto de servicio”.
Página 12 contó la historia de Lautaro el último 20 de mayo. El chico se hizo la rata, se encontró con otros adolescentes en una plaza, se asustó cuando apareció la policía, los otros también se asustaron y corrieron. Lautaro fue interceptado y encerrado en un patrullero, que se acercó a la escuela porque los otros adolescentes entraron al Normal de Banfield para refugiarse aunque no eran alumnos. Un grupo de policías invadió el colegio a punta de pistola y, al final, los docentes y los estudiantes lograron que los perseguidos fueran liberados.
El padre de Lautaro, Daniel Morales, aportó novedades que aún no habían sido relatadas.
–A Lautaro lo encapucharon mientras estaba en el patrullero –dijo ayer–. Y lo amenazaron feo.
–El diario informó que le advirtieron que en el calabozo otros presos lo iban a violar.
–Sí, le dijeron eso. Está en la denuncia. Y le hizo muy mal. A la noche Lautaro no puede dormir y tiene pesadillas. Sueña que se lo llevan preso. Y es un buen chico. Sabe que no tiene que quedarse con nada ajeno, que tiene que cuidar sus espacios, que en la vida hay que hacer amigos porque los enemigos vienen solos y que hay que ser buena persona. No tiene mucha calle, pobre.
–Bueno, por más calle que alguien tenga no está preparado para que la policía lo encapuche.
–¡No, claro! Lo que digo es que recién este año empezó a moverse solo. No sé para que se rateó. Me hubiera dicho y listo.
–Una rata contada a los padres no tiene gracia.
–Ya sé, pero me preocupa lo que terminó pasándole.
–Lo que publicaron en el diario es que cuando se acercó la policía los chicos empezaron a correr.
–Antes escucharon tiros. Lautaro no sabe de dónde eran los tiros pero me dijo que se asustó mucho. Entonces, cuando llegó el patrullero salieron corriendo. Él fue para la casa de un tío. Los policías lo agarraron en el camino porque es fácil reconocerlo. Tiene el pelo largo como John Lennon, anteojos como los que usaba Lennon y encima el pelo es rubio. Lo engancharon entre diez policías de tres patrulleros. Recién cuando llegaron al colegio le sacaron la capucha.
–¿Y lo esposaron?
–No, porque entre ellos decían, creo que a propósito: “A este ni hace falta esposarlo”.
–Como para demostrarle que es débil.
–Supongo. Y eso lo ponía peor. No se puede creer todo lo que hicieron. Lo amenazaron a él, entraron en banda al colegio, armados, corriendo. Un desastre. A ver si a uno se le disparaba el arma… Yo le dije al fiscal: “Mire doctor, si mi hijo comete un delito primero hablo con él y después lo traigo yo”. Le conté que le dejaron el celular pero le sacaron todo. Hasta la SUBE.
–¿La policía le sacó todo?
–Sí, los del patrullero. Hasta los anteojos. Y tiene miopía y astigmatismo. Sin anteojos Lautaro no ve nada. Tengo 54 años, la edad de Fito Páez. Vi muchas cosas en mi vida. No esperaba ver esto. Al pibe me lo traumaron.
Si es por traumas, a Lautaro Morales la Bonaerense le dejó uno psíquico porque el chico no se olvida de la capucha y de las amenazas de violación. Los policías también quisieron dejarle impreso un trauma institucional. Lo acusaron de haber incurrido nada menos que en el delito de resistencia a la autoridad.
Humillación
El artículo 239 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
“Está dentro de los que se conocen como delitos contra la administración pública”, explica Félix Crous, titular de la Procuración sobre Violencia Institucional, Procuvin.
Crous cuenta que son figuras penales emparentadas con el desacato, “que originalmente era un desafío a la autoridad del rey y por lo tanto una ofensa al monarca”.
El desacato desapareció del Código Penal argentino luego de una denuncia del periodista Horacio Verbitsky tras haber sido condenado en primera y en segunda instancia por ese delito. Había escrito en una nota la frase “el asqueroso Belluscio”. Era una referencia al entonces juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio. Verbitsky explicó que una de las acepciones de “asqueroso” alude a quien siente asco pero la Justicia argentina lo halló culpable de desacato calificado. Consistía en ofender al decoro de un funcionario público, lo cual agravaba la pena si el ofendido era el Presidente, un gobernador, un ministro, un legislador o un juez. Verbitsky recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992. La CIDH llegó a una solución amistosa con el Estado argentino, la Justicia revisó su actuación y una ley derogó el desacato.
“Si el desacato era la injuria al rey, el atentado a la autoridad deriva de la iniciativa de ir contra ella y la desobediencia o la resistencia es no hacer caso o resistirse a la acción material de un funcionario del Estado”, explica el fiscal Crous.
–¿Es muy frecuente el uso de la figura de resistencia a la autoridad?
–En dictadura no era frecuente –responde Crous– y la razón es obvia: el Estado tenía a mano recursos más contundentes como el secuestro, la tortura y la muerte. Después sí se difundió su aplicación.
–Después, ¿cuándo?
–A comienzos de la transición democrática. Lo recuerdo bien porque en ese momento yo era empleado de un juzgado correccional. Era el reverdecer democrático y muchos ponían a prueba el nuevo panorama con pequeños desafíos, como salir a la calle sin documentos. Entonces los policías comenzaron a aplicar el 239.
–¿La aplicación fue aumentando o frenó?
–La frenó el buen criterio de muchos jueces. Pasados los primeros meses, las causas por resistencia a la autoridad fueron desapareciendo. En la Procuvin le estamos prestando mucha atención al tema. Queremos ver si ahora que la aplicación del 239 recrudeció los jueces vuelven a ponerle límites o no.
Creada en 2013, la Procuvin define como violencia institucional, entre otras prácticas, “la aplicación por parte de agentes estatales de torturas, la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal”.
–Nos preocupa la proliferación de imputaciones ilegales a gente detenida groseramente –dice Crous–. Es el pasado que vuelve. La activación de un universo gestual y verbal con una carga de resentimiento, desprecio y violencia que suenan como un homenaje a las policías bravas.
–¿Cómo se expresa esa carga?
–Vemos un disfrute cada vez más difundido al usar, por parte de representantes del Estado, herramientas de humillación que a la víctima la pueden aterrar. Lo peor es que muchas veces los policías pertenecen al mismo ecosistema que sus víctimas. No voy a descubrir un fenómeno sociológico ya descubierto, pero lo enuncio: la violencia circula en el mismo estrato social y el Gobierno, que debería romper el circuito, deja que continúe.
–El propio artículo 239 habla de un “ejercicio ilegítimo” de la autoridad.
–Es que no se puede detener por la mera sospecha de la criminalidad.
–Como estar en una plaza.
–Por ejemplo. Para detener tiene que haber elementos, no suspicacias. La policía debe actuar de manera proporcional y cuando es realmente necesario. De otro modo personajes insignificantes con una dosis de crueldad importante pueden producir estragos en una enorme parte de la sociedad. Basadas en la inmoralidad, las derechas imponen prácticas que desplazan de la centralidad al ser humano y se valen de las pulsiones destructivas y crueles de algunos.
¿Plan?
Una funcionaria judicial bonaerense que pidió reserva de su identidad dijo que a los chicos la policía sigue arrestándolos sin cumplir con las normas de legalidad y continúa llevándolos a comisarías cuando eso está prohibido.
“La Defensoría de Menores debería pedir una audiencia oral porque en casos como el de Lautaro la figura de resistencia a la autoridad no pasaría por el filtro de un mínimo análisis”, fue otra de las opiniones recogidas. “Y como una acusación es algo que se puede defender en un juicio, aquí está claro que la acusación no tiene sentido.”
Docentes del Normal Mentruyt indicaron que la impresión en los tribunales de Lomas es que “acá hicieron un desastre, con la persecución en la calle, la detención de Lautaro y la locura de correr a los chicos que habían entrado al colegio, y después del desastre los policías dibujaron los hechos como hacen siempre”.
Una de las discusiones entre los docentes es si se trató de un plan o de una sucesión de errores y malas prácticas. Un grupo sostiene que fue un plan para atemorizar a los alumnos y subordinar a los maestros, todavía en conflicto incluso después de las elecciones en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que se desarrollaron justamente el mismo día de la incursión en el Normal Mentruyt. Otro grupo no piensa que hubo un plan, aunque analiza que los efectos que se desprenderían de la sucesión de actos ilícitos podrían ser similares. Este grupo, con nexos en los tribunales de Lomas, dice que lo que pasó es todavía más peligroso que un plan. “Es más peligroso porque la estupidez es infinita”, dijo una de las personas consultadas para esta nota. “La torpeza de una fuerza de seguridad a la que no se le ponen límites puede ser letal.” Y agregó: “Esa estupidez hasta es peligrosa para la misma policía: con el criterio de hacer cualquier cosa un día se van a meter en la embajada de los Estados Unidos y los van a cagar a tiros.”
Fuente: Página 12