La última vara que midió cómo están los espacios políticos en Salta arroja dos escenarios que en 2027 van a retestearse. El primero es sobre la continuidad o no de la estructura que encabeza Sáenz y el segundo es cómo responderá el pueblo salteño ante estos 4 años de Milei.
Don Veronelli
Si bien en las legislativas provinciales (mayo de 2025) LLA ganó el senador por Capital, Sáenz se quedó con 11 de los 12 senadores y 20 de los 30 diputados por su hegemonía en el interior. En el interior, LLA salió segunda en todos los departamentos y ganó bancas en San Martín, Metán y Orán. Los porcentajes de esas tres bancas fueron modestos: ١٨,٨٢٪ en San Martín, ٢٠,٣٧٪ en Orán y ١٤,٧٥٪ en Metán. Fue un avance territorial real, pero lejos de competir por el control.
Pocos meses después las legislativas nacionales (octubre de 2025) mostraron que el salto fue claro, aunque conviene leerlo con cautela. Primero los Salteños ganó en Anta, Cachi, La Viña, Molinos, Rosario de la Frontera y Santa Victoria, mientras que LLA lideró en Cerrillos, Chicoana, General Güemes, La Caldera, Orán y Rosario de Lerma, entre otros. En la capital, LLA llegó al 42,96% contra 31,41% de Primero los Salteños. El resultado final fue dos senadores y dos diputados nacionales para LLA, y una banca por cámara para el oficialismo provincial.
En cinco meses LLA pasó de segunda fuerza en el interior, con tres bancas, a liderar en varios departamentos. Eso incluye uno de los grandes núcleos urbanos del norte (Orán). Según mi lectura, varios de los departamentos que ganó (Cerrillos, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma) están en el entorno metropolitano de la capital. El oficialismo provincial conservó los departamentos más rurales y alejados, como los Valles Calchaquíes y Santa Victoria. La ventaja libertaria sigue siendo urbana y cercana a la capital; la de Sáenz, territorial y de punteros locales. Muy parecido a lo que le pasaba a Urtubey vs. Romero hace varios años atrás.
El piso de 15 departamentos
La Ley 8535 exige a los candidatos a gobernador tener listas en al menos quince departamentos, lo que implica participar en las elecciones de cuarenta de los sesenta municipios. La oposición sostiene que favorece la construcción de bipartidismos y perjudica a fuerzas con menos estructura territorial, como LLA o el Partido Obrero. LLA presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia provincial; el Partido Obrero atacó específicamente este artículo, por considerarlo contrario al distrito único de la Constitución salteña. El oficialismo defiende la ley como una herramienta para ordenar la oferta electoral y garantizar la gobernabilidad.
Salta tiene una política muy centrada en la capital, que concentra gran parte del padrón. Exigir candidatos en 15 de 23 departamentos obliga a los partidos a armar estructura fuera de la ciudad, a reclutar dirigentes locales y a escuchar problemas que no aparecen en la agenda capitalina: caminos, agua, salud rural, comunidades originarias, frontera. En teoría, un candidato a gobernador tendría que conocer la provincia, no solo el área metropolitana. Es una forma de federalismo interno.
También es verdad que el requisito mide estructura, no conocimiento. Un partido puede cumplirlo con listas de relleno, candidatos desconocidos en el territorio o armados sin arraigo, solo para habilitar la candidatura a gobernador. Quien tiene aparato (intendentes, punteros, recursos estatales) cumple sin esfuerzo, y quien no, depende de acuerdos con dirigentes que a menudo responden al oficialismo. Así el requisito puede reforzar el poder de quien ya gobierna en lugar de ampliar el conocimiento de los municipios. Combinado con la eliminación de las PASO y la acumulación de votos por frente, concentra la decisión en las cúpulas: los frentes pueden presentar hasta cuatro listas y los partidos solo dos, y todos los votos del frente se suman.
Es clave para LLA voltear la regla que toca justo su flanco más débil. Su fuerza está en la capital y en núcleos urbanos, y le falta capilaridad en los departamentos rurales donde Sáenz es fuerte. Pero octubre de 2025 mostró que puede crecer rápido, y para 2027 tiene un incentivo claro para tejer alianzas locales, incluso con dirigentes del propio oficialismo provincial. De cómo lo haga, y de lo que decida la Corte, depende si la regla termina siendo un filtro federal o una barrera de entrada.
