La propagación de proyectos mineros en la puna salteña abre interrogantes sobre el real impacto de la actividad y la correcta disposición de residuos. Numerosos informes advierten sobre el pasivo ambiental que genera la falta de políticas y protocolos para el tratamiento de los desechos mineros. 

Jerson De Cecco

Por conveniencia o por tradición, la bibliografía de promoción minera suele pasar por alto el capítulo referente al tratamiento de los residuos generados por la actividad. Entre tanto anuncio disfrazado de información, el tratamiento de los desechos mineros es, sin dudas, un punto oscuro en la narrativa prominera.

En los últimos 4 años, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia incorporó 233 nuevos agentes al Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos. La cifra representa un incremento del 36% y se asocia fuertemente al crecimiento de la actividad minera.

Sin embargo, advierten desde el gobierno provincial, en la gestión de residuos peligrosos, la responsabilidad por el tratamiento de residuos es del generador. La Provincia habilita operadores y transportistas, y brinda el marco normativo necesario para que se desarrolle el circuito desde el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final.

La realidad, no obstante, da cuenta de lo distantes que a veces los hechos están de los dichos. Una serie de informes ambientales realizados por instituciones académicas y ONG’s exponen la impotencia de las normativas ante una realidad inesquivable: las distancias y la ausencia de controles, convierten a la puna en territorio sensible al deterioro ambiental.

Impacto en flora, fauna y agua

El ecosistema de la puna ha sufrido alteraciones drásticas desde eldesembarco de los primeros proyectos mineros. Un informe de la ONG Wetlands international hace foco, entre otras cosas, en las consecuencias de no contar con plantas de tratamiento cercanas.

“Tras su paso por los piletones, el concetrado de minerales recibe un tratamiento industrial. Estas plantas de procesamiento tienen las mismas consideraciones ambientales que cualquier otra industria. Pero con una diferencia: no están instaladas en un predio industrial, sino en un ecosistema muy sensible y casi inalterado”, detalla elestudio.

Entre los riesgos de colocar una industria en el medio la Puna están la mala manipulación de sustancias peligrosas y sus emisiones a la atmósfera, que pueden impactar en la flora, fauna y fuentes de agua.

A su vez, tras la obtención del litio, el resto del concentrado de sales se considera un desecho. “En promedio, se estima que hay alrededor de 100 toneladas de residuos por cada tonelada de carbonato de litio que se produce. Son montañas acumuladas a la vera del salar que en presencia de lluvias van permeando en el suelo y cambiando sus propiedades”, señala el informe.

Finalmente, la obra de infraestructura como edificios, predios anexos y caminos también tienen un impacto profundo en estos ecosistemas. Por ejemplo, un análisis de imágenes satelitales tomadas del Google Earth muestra que la red caminera fue construida sin considerar la geomorfología ni la red hídrica superficial de la cuenca. Entonces, se generan bloqueos de los cauces naturales del agua.

Otro ejemplo señalado en el informe de la ONG evidencia la precariedad de las instalaciones de algunas empresas. “La salmuera se distribuye por medio de mangueras flexibles superficiales precarias, con el agravante de que no cuentan con válvulas esclusas para bloquear la evacuación de fluido en caso de derrames”.

Pasivo ambiental

Desde la Universidad Nacional de La Plata se realizaron múltiples estudios que ponen el foco en la realidad minera en el noroeste argentino. Un informe titulado “Pasivos ambientales mineros en la Puna de la provincia de Salta” detalla que “los pasivos mineros, y especialmente las escombreras y las colas del tratamiento, pueden diseminarse e impactar en el medio ambiente a través de la dispersión del polvo y/o a la lixiviación del mineral, afectando negativamente la calidad de las aguas, de los suelos y del aire de los ecosistemas que los contienen”.

De acuerdo al trabajo de investigación, estos fenómenos pueden provocar el incremento en la carga metálica de suelos y/o del material vegetal que pudiera desarrollarse en los alrededores del pasivo. Además, el acceso de agua y oxígeno a los residuos mineros puede provocar la oxidación de sulfuros y arsenosulfuros generando drenajes ácidos de minas (DAM). Estos drenajes contienen altas concentraciones de metales pesados y metaloides.

Entre el deseo y la realidad

La Ley 24.585 de Protección Ambiental de la Actividad Minera establece que las empresas mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad un informe de impacto ambiental, un documento técnico donde dicen qué van a hacer, cuál es el área afectada, cuál va a ser el impacto y cómo van a mitigarlo.

Sin embargo, en ninguna provincia donde existen proyectos mineros de litio en salmuera se evalúan los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos para poder entender qué capacidad tiene cada humedal para soportar estas actividades. Salta no es la excepción. Además, tampoco se cumple con el proceso de consulta libre, previa e informada con las comunidades locales, según establece el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También el Acuerdo de Escazú -que Argentina ratificó- busca otorgar garantías a los ciudadanos en 3 ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Ejemplos vecinos

Un reciente estudio de investigadores del Conicet analizó el consumo de agua para el proyecto Olaroz, actualmente en producción en la provincia de Jujuy, y estimó que –por cada tonelada de litio- se consumen alrededor de 584 mil litros de agua.

El riesgo de agotamiento de las reservas de agua dulce en la zona dónde se asientan las comunidades locales, tanto para consumo doméstico como para las actividades ganaderas y agrícolas, es uno de los principales impactos sociales de la minería del litio. A esto se suma la alteración del paisaje -que afecta al turismo- y de la actividad minera tradicional de la “cosecha de sal”.

Ante esto, comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc (en Jujuy y Salta) vienen realizando diferentes acciones desde 2010 y se manifestaron en defensa de su territorio.