Los intereses detrás de la explotación del denominado «oro blanco» son tales que hasta los exponentes del macrismo ahora hablan de «soberanía de los recursos». En paralelo, multinacionales y lobbystas domésticos exigen el apartamiento del estado con el subterfugio de la «seguridad jurídica».Por Nicolás Bignante
El amague oficialista por declarar «recurso estratégico» al litio despertó una súbita preocupación provinciana por la soberanía de los recursos naturales. Concepto desempolvado para la ocasión y que había permanecido ausente en el glosario de la oposición hasta estas horas. Repentinamente, y a pesar de que la nacionalización del mineral jamás superó el rango de trascendido, se dedicaron extensas editoriales a poner de relieve la supuesta «preocupación» de inversores extranjeros por la iniciativa oficial.
La paranoia comenzó con la intervención de la diputada jujeña del Frente de Todos Carolina Moisés, quien recalcó la necesidad de declarar al preciado mineral como «recurso estratégico», a tono con un proyecto de ley presentado el año pasado por el salteño Lucas Godoy. El planteo además preveía la declaración de interés público nacional de las investigaciones y estudios sobre el litio, como así también la creación de un instituto nacional para el aprovechamiento integral del mineral.
Rápidamente asomaron los primeros detractores. En Salta, la secretaria de Minería Flavia Royón consideró que «es un avance total contra el federalismo», aunque precisó que «no hemos tenido la posibilidad de acceder a un proyecto oficial. En la misma sintonía se expresó su par jujeño Miguel Soler, quien sostuvo que «hay una oposición a todo este tipo de proyectos porque la explotación de recursos naturales les pertenece a las provincias». En ambos casos se admite no tener conocimiento sobre iniciativa alguna orientada a nacionalizar el litio, pero ante la duda adelantan su resistencia.
En rigor, las referencias opositoras a la Constitución Nacional (en particular al art. 124) apuntan a validar el derecho de las provincias a ejercer el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio. Aunque no se especifica si la defensa de esa potestad está orientada al aprovechamiento de los mismos o si, por el contrario, se pretende continuar con el entreguismo imperante. Lo que sí está claro es que las gestiones llevadas adelante por las administraciones provinciales en 30 años de explotación de litio, estuvieron muy lejos del ideal «soberano» invocado por estos días. Para esto vale la pena hacer un breve repaso.
Provincialismo de cartón
El denominado «Triángulo del litio», compuesto por el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en Chile y el salar del Hombre Muerto en Argentina, concentran aproximadamente entre el 50 y el 85 % del mineral existente en el mundo. De los tres países que lo integran, solamente Argentina no ha avanzado en el tratamiento del litio de forma estratégica, y continúa considerándolo un mineral más y tratándolo de manera fragmentaria a nivel provincial, sin articulación con ninguno de los centros de desarrollo e investigación científica del país.
A pesar del optimismo reinante, actualmente, con precios que han alcanzado su máximo histórico (la tonelada pasó de costar USD 450 en 2003 a USD 8300 en 2021), las exportaciones de carbonato y cloruro de litio no llegan a representar el 0,4% de las exportaciones locales según la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Para alcanzar apenas el 1% de las exportaciones debería más que duplicarse la producción, lo cual, considerando el ritmo de exploración, de puesta en marcha y evolución de los proyectos, no parece factible en los próximos 5 años.
En las provincias involucradas en la llamada «mesa del litio» (Salta, Catamarca y Jujuy), las regalías mineras no aportan ni el 1% de los ingresos fiscales anuales. En Jujuy representaron el 0,72% en 2020 y en Catamarca el 0,93%. Salta, por su parte, comenzó a aplicar en enero el nuevo régimen que aumentó los porcentajes destinados a las arcas provinciales y redujo drásticamente la coparticipación a municipios mineros. Localidades como San Antonio de los Cobres o Tolar Grande, que de haber funcionado la teoría del derrame para esta altura deberían ostentar índices de desarrollo similares a los de Estocolmo o Berlín, redujeron su participación en las regalías del 50% al 11,25%. Mientras que la provincia aumentó el porcentaje de percepción de 50 a 70%. En la última sesión de la cámara baja provincial, la inequidad y el malestar quedaron expuestos cuando la representante de Los Andes, Azucena Salva, solicitó al ejecutivo que lleve adelante inversiones en materia minera en su departamento. Sus colegas, impiadosos pero coherentes, le recordaron su voto a favor del nuevo régimen de regalías y que ya era tarde para lágrimas.
Alfombra roja para los chinos
El modelo provincial de explotación del litio también quedó en evidencia esta semana en un pomposo anuncio: La minera china Ganfeng Lithium invertirá U$S 600 millones en Salta y «creará» 1300 empleos directos y 3000 indirectos. Dicho de tal forma, hasta podría pensarse que las contrataciones serán estables y los palos verdes se repartirán entre la población, a razón de 400 dólares por cabeza. Pero la realidad es un tanto menos esperanzadora. La letra chica del anuncio habla de empleos vinculados a la etapa de construcción de la planta de carbonato de litio que, eventualmente, se montará en Gral. Güemes. Culminado el asunto, cada obrero a su casa. Al fin y al cabo, una de las características del boom tecnológico aplicado a la explotación e industrialización de este mineral, es la escasa mano de obra empleada en relación a otros minerales.
En la presentación del proyecto, además del gobernador Gustavo Sáenz, estuvieron el presidente de la compañía Jason Luo y el vicepresidente y conocido lobbysta local Simón Pérez Alsina, hijo del fiscal de estado y abogado de mineras Agustín Pérez Alsina. Como es sabido, las multinacionales recurren a operadores domésticos para desembarcar en mercados de su interés, a los que se les retribuye con cargos en el directorio, tal como ocurriera con la ex-ministra de Producción «U» Paula Bibini.
Las palabras de Luo fueron escasas, aunque no faltaron las felicitaciones al gobierno de la provincia por el respeto a la «seguridad jurídica». Sin embargo, como se dijo, la nueva ley de regalías mineras fue modificada a finales del año pasado y promulgada en enero de 2021, perjudicando seriamente a los municipios y departamentos productores. Una prueba más de que en el lenguaje empresarial categorías como «seguridad jurídica», lejos de referir a la estabilidad de la norma, no expresan otra cosa que la garantía de rentabilidad infinita de las multinacionales y la laxitud de los estados para intervenir en ella.
Se me asustan los inversores…
Tal como lo hiciera el macrismo a lo largo de sus 4 años de gobierno, opositores y gobernadores de provincias mineras apelan hoy a la amenaza de los «inversores asustados» para argumentar su rechazo a la intervención estatal; excusa que sirvió años atrás para justificar la colosal entrega de recursos, bajar retenciones, eliminar cupos de exportación y amagar con reformas laborales. Sin embargo, la advertencia no debería aplicar a un mercado con las características del «oro blanco», ya que, además de una demanda creciente, el aclamado «Boom del litio» tiene fecha de caducidad. Según un informe de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la perspectiva del litio como insumo dominante en el mercado energético es relativamente corta. Actualmente, hay una gran cantidad de actores, tanto en el ámbito privado como en el académico que, en distintos países del mundo, están desarrollando nuevas tecnologías que apuntan a mejorar sustancialmente la eficiencia y a reducir drásticamente los costos y los tiempos requeridos para extraer y producir carbonato o hidróxido de litio, principales insumos del material activo de los electrodos de baterías. El reciclaje y la difusión de nuevas alternativas tecnológicas harán también su contribución. Lo cierto es que la esperanza de vida de ese mercado en crecimiento difícilmente se extienda más de 20 años, y eso considerando que el proceso previo a la extracción del recurso en los salares puede estirarse hasta una década. En un contexto como este, y contando con una de las reservas de litio más grandes del mundo, la supuesta preocupación de los inversores no debería ser mucho más que una alucinación neoliberal sobre la que se montan las más brutales intenciones entreguistas.
