ALEJANDRO SARAVIA
La vergonzosa postulación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es otro de esos lugares enigmáticos en donde las paralelas se juntan. Decíamos en anterior columna que Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner son ejemplos vivientes de que ellas se juntan en algún lugar. Ya sea por la concepción rentística de ambos en donde lo productivo no figura, su megalomanía y narcisismo, o bien su manifiesto autoritarismo incompatible con los cánones republicanos consagrados en nuestra Constitución. Todos, aspectos compartidos por dos dirigentes políticos con orígenes diversos pero que confluyen en los puntos señalados.
Pero hay otro plano en que Milei y Fernández de Kirchner se unen, otro punto en el que sus paralelas confluyen. Ese lugar es la postulación de Ariel Lijo como integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Nación. Aunque, en verdad, no se trata sólo de ellos sino que aparecen indicios de que atrás de esa vergonzosa postulación hay otros interesados, lo que mostraría que hay varias paralelas que por diversos motivos se juntan en ese sitio, punto que pareciera ya ser un algo así como una especie de Aleph de la mafia.
Para que se entienda lo que digo hagamos una concisa presentación del personaje que funge como elemento aglutinador de ese encuentro contranatura. Veamos para ello la caracterización del mismo hecha por un catedrático del derecho constitucional. Dice Daniel Sabsay que “…Si hay un juez de Comodoro Py que es el símbolo de la corrupción y de asegurar la corrupción es Ariel Lijo, es una suerte de Oyarbide bis. La mayoría de la gente no lo conoce tanto porque no es escandaloso como era Oyarbide, pero a los efectos de asegurar impunidad es tan eficaz o más que Oyarbide…”
Agreguemos que su pliego recibió 328 impugnaciones durante el trámite de apoyos y observaciones que encaró el Ministerio de Justicia. Muchísimas más que cualquier otro postulante para tan elevado cargo. Por fuera de ese procedimiento, un conjunto inédito de entidades jurídicas, profesionales, académicas y empresarias cuestionaron tanto las sospechas y denuncias que el juez arrastró por su patrimonio y el manejo de las causas sensibles al poder, como por sus escasos antecedentes académicos y profesionales para acceder al Máximo Tribunal, como con presteza apunta un observador de la vida judicial nacional.
Tratándose de personas que deben ser intachables para acceder a tan alto cargo, no sirven las sumatorias de firmas anónimas y carentes de prestigio que defender, que suelen amontonarse acríticamente en supuesto apoyo y que invocara el esperpéntico ministro de Justicia de la Nación Cúneo Libarona, quien fue en su momento defensor penal en una causa seguida contra el propio Lijo. De esos adefesios estamos hablando sin que a la mayoría se le mueva un pelo.
La propia característica de sin mácula que deben ameritar los postulantes a tan alta magistratura haría aplicable el método utilizado en algunas instituciones asociativas en las que se suelen “pesar” los votos positivos y los negativos de modo que cada bolilla negra, por ejemplo, “mata” diez blancas. En instituciones judiciales de alta jerarquía, como de las que estamos tratando acá, un solo cuestionamiento fundado bastaría para que se deseche al propuesto por no ser, precisamente, “inmaculado”. Bueno, Lijo no tiene solo una, tiene 328.
En ese punto, aparentemente confluirían personajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de diversos pelajes, como Rodríguez Larreta, representado por la senadora Guadalupe Tagliaferri, de distinguida actuación durante el tratamiento de la “Ley Bases”. Así como su vecino de bancada en el Senado nacional, Martín Lousteau, también de buena actuación durante esa coyuntura. Respecto de éste, algo para decir. Lousteau no debiera olvidar que preside un partido politico nacional con extensa historia en defensa de las instituciones. Que, así, un antecesor suyo en el cargo que detenta como presidente de la UCR, fue Raúl Alfonsín, quien sacrificó de algún modo la conclusión de su mandato como presidente argentino en aras de garantizar hacia el futuro el sistema democrático y las instituciones de la República. Único mandato que, hasta hoy al menos, fuera cumplido en nuestro esforzado andamiento en la historia contemporánea. Esos laureles no deben ser jugados en una timba de tahúres como pareciera ser en lo que se convirtió ese partido en aquel distrito.
Lousteau tiene un serio cuestionamiento en cuanto a su legitimidad como presidente del radicalismo y votar afirmativamente por la postulación de Lijo lo extrañaría absolutamente con la historia y el presente de la organización que preside. No se trata de medir todo en función de individualismos exacerbados, o de arreglos espurios de trasnochados, se trata de algo colectivo y mucho más importante lo que está en juego. Valga esto como advertencia.
La irresponsabilidad con la que diversa dirigencia, no solo política, manejó las cuestiones públicas nos pusieron en una difícil coyuntura institucional, económica y social. El actual gobierno nacional tiene necesariamente una naturaleza transicional, aunque como todo gobierno pretenda perpetuarse. Esa transición debe estar encauzada institucionalmente. Es por ello que tanto el Congreso nacional como la Corte Suprema de la Nación tienen un rol esencial. Esta, es obvio, no debe caer en manos de mafiosos y de hampones.
