El insólito espaldarazo institucional del vicegobernador Antonio Marocco a la Ley Mordaza parece ir a contramano de los preceptos constitucionales más básicos. Organismos internacionales expresaron su preocupación por la libertad de expresión en Salta. Mientras tanto, senadores y diputados ensayan una salida elegante a uno de los papelones más grandes de la historia legislativa reciente. 

Nicolás Bignante

“¿Es tanta la mentira que dice el periodismo que se aflige tanto? Llama la atención que estemos tan preocupados por no poder decir mentiras”, fue la frase que eligió el vicegobernador, Antonio Marocco, para desviar la atención sobre el polémico proyecto Anti fake-news aprobado en diputados. La declaración encierra un engaño liso y llano, y es que el mote de “polémico” nada tiene que ver con el supuesto propósito que dice combatir. Como muchos proyectos de fachada loable que pasaron por la legislatura, los puntos oscuros aparecen en los apartados más recónditos del texto.

En este caso hablamos del artículo 50 de dicha ley que, además de establecer penas de arresto y multas para quienes generen o divulguen fake news, eleva a toda autoridad provincial al rango de intocable, perpetuando privilegios y cercenando libertades. Como se ve y se sabe, poco y nada tiene que ver el blindaje del poder político con las banderas de la verdad y la comunicación responsable. El vicegobernador está lejos de ignorar esta premisa.

Aunque vive de la política y lo más cerca que estuvo del oficio en los últimos años fue como empresario de medios, cada tanto la prensa local insiste en requerirle opiniones desde su faceta de “periodista”. Los dichos del vicegobernador, no sólo anticipan su postura de cara al tratamiento que el proyecto tendrá en la cámara que preside, sino que además contradicen su propia postura tomada días atrás. “Yo no puedo decir mi opinión porque si hay empate en la votación yo debo desempatar, pero en mi labor como periodista siempre me moví con dos premisas: verdad y libertad”, había manifestado la semana pasada desde la cámara alta.

Sus declaraciones confrontan incluso con las del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien aseguró que el gobernador vetaría la ley en caso de lograr la aprobación del senado. En declaraciones radiales, Villada explicó que podría haber sido un tema de “mayor debate” porque es algo “muy sensible” y más en época de redes sociales, pero entendieron que no debe haber ningún tipo de límite respecto.

El recurso deshonesto de trasladar las sospechas hacia quienes defienden la libertad de expresión, exonerando a los que buscan coartarla, está a la altura del desempeño de Marocco en el cargo de vicegobernador. Su intento por acusar a la prensa de “querer seguir con sus mentiras”, dice aún mucho más de su condición de empresario mediático.

Operación marcha atrás

La ley mordaza fue aprobada sin siquiera haberse leído. Fue así en el caso del obediente Vitín Lamberto -encargado de reconocerlo- y, probablemente también, en el de muchos de sus pares. “Soy sincero y te digo que no la leí en su totalidad. Después, leyéndola bien y minuciosamente, preguntándole a personas que saben mucho más que yo, no estaba de acuerdo. En mi caso, en este caso, me pasó eso”, reconoció Lamberto.

A esta altura no queda claro que es más insólito: que un legislador y experiodista apruebe un proyecto sin leerlo o que alguien espere algo distinto de los diputados del oficialismo. Tampoco queda claro si con “Vitín” ganamos un diputado o perdimos un animador de TV.

Lo que parece una certeza es la intención de los diputados oficialistas de dar marcha atrás sobre sus propios pasos. La dilación del tratamiento del proyecto en el senado parece ser la única vía para este fin. El objetivo sería el de evitar quedar expuestos a días de una elección de la misma forma que ocurrió en mayo, cuando los senadores frenaron la ley antiprotestas emanada de la cámara baja.

Una vez más, entre las voces cantantes figura la siempre colaboracionista Socorro Villamayor, conocida por ser la hija del único intendente en la historia de la ciudad en ser destituido de su cargo. Para los que carecen de memoria, “villa” fue eyectado de la intendencia tras haber sido filmado pidiendo coimas a un empresario de recolección de residuos. De haber estado vigente, la normativa ideada por su hija hubiera alcanzado, no sólo para blindar al mandatario de lo que algunos podrían considerar una fake news, sino también para arrestar a los difusores de la noticia. Un negocio redondo.  

Papelón trasnacional

A la preocupación expresada por la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- se sumó ahora el repudio de la OEA. La semana pasada, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, había señalado que los “funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios”.

Desde la Organización de Estados Americanos -OEA- abordaron tanto el caso de Salta como el de La Rioja. El abogado constitucionalista colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó a través de twitter que “preocupa el proyecto de ley en Salta que pretende arrestar a quien difundiere noticias falsas. En La Rioja discuten reformas que limitarían la libertad de expresión. Hago un llamado para que el Estado compatibilice las reformas normativas con obligaciones en DDHH”.

Por su parte, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresaron su “profunda preocupación” por la media sanción que el proyecto obtuvo en diputados. “Se ha dicho, y repetido, que no hay impunidad para el ejercicio de la libertad de prensa. Quien pueda sentirse damnificado por una publicación, ya cuenta con la legislación vigente para recurrir a la Justicia”, se indicó en un comunicado.

“Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos “noticias falsas” (fake news) son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y no deberían ser incluidas en legislación alguna”, agregaron.

Para dejarlo todavía más en claro, desde la entidad resaltaron que “Toda regulación provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Argentino, y son, por ende, inconstitucionales”.

 

Un peligroso precedente

El brutal asesinato en Ecuador del asambleísta y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio conmocionó al mundo entero. Sin embargo, fueron pocos los que resaltaron su labor como periodista de investigación en las sucesivas revelaciones que involucran a políticos y empresarios ecuatorianos.

Fernando Villavicencio publicó alrededor de 260 investigaciones periodísticas en su propio sitio web. Uno de los casos más resonantes fue el del negocio petrolero que el gobierno de Correa tenía con PetroChina Limited la empresa petrolera y gasística china propiedad de la empresa estatal China National Petroleum Corporation. Villavicencio denunció una discrepancia considerable entre el precio real del mercado y el precio que facturó Petroecuador en ese momento, con un monto que superó los USD 2.200.000.000 en sobreprecios.

Villavicencio había enfrentado severas amenazas a lo largo de su vida. En la previa de la compulsa electoral que tendría lugar el próximo 20 de agosto, el dirigente fue asesinado de cuatro balazos a la salida de un mitín en Quito.

Casos como los de Villavicencio ponen de relieve la importancia de brindar garantías para el ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión. Las señales que se dan desde el recinto legislativo salteño y desde las esferas del poder local parecen ir en la dirección contraria.