La Corte de Justicia rechazó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (La Libertad Avanza); Alejandro Patrón Costas (Partido Reconquista) y Claudio del Pla (Partido Obrero) contra la Ley de Participación Democrática. Los fallos desestimaron los cuestionamientos sobre el trato diferencial entre partidos y alianzas.Un revés judicial con consecuencias políticas para el armado de estas fuerzas políticas.
KIM IM PORTA
Las resoluciones firmadas el 10 de noviembre por la Corte de Justicia de Salta clausuraron, al menos en esta instancia, uno de los frentes que se habían abierto contra las reglas de competencia electoral de la provincia. El máximo tribunal rechazó cuestionamientos realizados contra contra los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Ley 8535, sancionada bajo la denominación de Ley de Participación Democrática y que la oposición la llama “Ley de Lemas”.
Las pretensiones judiciales apuntaban al corazón del esquema electoral que regula la acumulación de sufragios entre distintas listas de una misma fuerza política. Según los planteos, ese mecanismo podía permitir que un candidato terminara consagrado con menos votos individuales que otro, mediante la sumatoria de los sufragios obtenidos por diferentes postulaciones dentro de un mismo frente. Para los accionantes, semejante procedimiento quebraba la correspondencia entre la voluntad expresada por el elector y el resultado de la elección, con afectación del voto directo, la igualdad y el principio de representación democrática.
La demanda también cuestionaba las exigencias para presentar candidaturas a gobernador y vicegobernador, particularmente la obligación de contar con listas completas en al menos quince departamentos, además de las diferencias regulatorias entre partidos políticos, frentes y agrupaciones municipales. Bajo esa arquitectura argumental, los demandantes sostenían que la ley favorecía a las organizaciones con mayor cantidad de afiliados y recursos, en detrimento de las expresiones políticas más pequeñas.
La Corte desestimó el conjunto de los planteos. Para hacerlo, recuperó una doctrina que concede un margen amplio de autonomía a las provincias en materia de organización electoral y que reserva la declaración de inconstitucionalidad para situaciones excepcionales. La Legislatura, recordó el tribunal, tiene atribuciones constitucionales para establecer el régimen electoral y definir las condiciones de elección de las autoridades locales, siempre dentro de los límites de razonabilidad.
El razonamiento tiene una consecuencia concreta para la estrategia libertaria. Los jueces consideraron insuficiente la discrepancia con el modelo escogido por el diputado nacional Carlos Zapata para justificar su invalidez. La conveniencia de un sistema electoral, su capacidad para beneficiar a determinados sectores o las preferencias sobre una modalidad alternativa pertenecen, en principio, al terreno de las decisiones políticas. El control judicial no habilita a sustituir esas decisiones por el criterio de los magistrados.
Los argumentos que no convencieron a la Corte
Uno de los aspectos centrales de los fallos es la interpretación del artículo 5 de la Ley 8535. La Corte sostuvo que la acumulación de votos no desnaturaliza la elección directa como pretendían. Para el tribunal, el carácter directo del sufragio está determinado por la inexistencia de intermediarios entre el elector y la designación del representante. Es decir, que la elección se produzca mediante la manifestación inmediata del cuerpo electoral, sin que un órgano posterior tenga la potestad de escoger a los ganadores.
La distinción es relevante porque los demandantes habían construido buena parte de sus planteos alrededor de una supuesta incompatibilidad entre la sumatoria de votos y la elección directa.
La Corte entendió que confundían dos dimensiones diferentes: el procedimiento para designar al candidato y las reglas que determinan cómo se cuentan los votos. Que los votos de distintas listas puedan acumularse en favor del candidato más votado de una misma fuerza no incluye, por sí mismo, una instancia de intermediación.
La corte también encontró antecedentes suficientes para sostener esa interpretación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Citó particularmente los fallos correspondientes a los casos «Partido Demócrata Progresista c/ Santa Fe» y «Unión Cívica Radical c/ Santa Cruz», en los que se admitió la constitucionalidad de sistemas electorales con mecanismos similares de acumulación o doble voto simultáneo.
Los demandantes habían intentado descalificar esos precedentes
Otro capítulo fue el requisito de “implantación territorial”. El artículo 2 exige que las fuerzas políticas que postulen candidatos a gobernador y vicegobernador presenten listas en todas las categorías en al menos quince departamentos. Objetaban esa condición por considerar que podía restringir la participación y establecer una barrera para organizaciones con menor estructura provincial.
Allí, la Corte hizo una distinción entre las condiciones personales de elegibilidad y los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas para postular candidaturas. El artículo 141 de la Constitución provincial establece las calidades necesarias para acceder a la gobernación y la ley no puede modificarlas mediante una regulación ordinaria. Sin embargo, para los jueces, la exigencia de quince departamentos no agrega condiciones personales al aspirante, sino que establece una condición de organización y participación territorial para la fuerza que lo promueve.
En cuanto al tratamiento diferencial entre partidos y frentes electorales, el tribunal consideró que la distinción responde a la naturaleza de cada organización. Los partidos tienen trayectoria, afiliados, simbología y una estructura propia; las alianzas, en cambio, son coaliciones transitorias cuya composición puede variar de una elección a otra. La autorización de un mayor número de listas para los frentes fue interpretada como una consecuencia de su composición plural, dado que los partidos que los integran deben canalizar sus candidaturas mediante postulaciones comunes.
Un problema político que sigue sin encontrar salida
De considerar la ambición libertaria de llegar al poder provincial en 2027, la derrota judicial tiene una lectura que excede el expediente. Para el espacio que conduce Alfredo Olmedo en Salta, con Emilia Orozco como una de sus principales referencias institucionales y Zapata como representante en el Congreso, la sentencia supone un nuevo límite a su capacidad de intervenir sobre las condiciones de la competencia política provincial. No puede obviarse que ya tienen limitaciones políticas con la dirigencia nacional de Milei que sigue sosteniendo una excelente relación política con Gustavo Sáenz.
Al margen de esta coyuntura, debe quedar en claro que ningún sistema electoral puede erigirse en causa determinante de un triunfo o derrota electoral. Hace rato que la ciudadanía aprendió a votar y de allí que aparezcan resultados sorpresivos como las dos caídas del oficialismo en la capital en 2025 a pesar de una buena gestión del intendente Emiliano Durand. Está claro que el interés real es sostenido por los libertarios, puesto que Patrón Costas y Del Plá no pueden aspirar ni en sueños a dar un batacazo. Las encuestas hablan de apoyos paupérrimos para ambos.
Tampoco estas fuerzas políticamente antitéticas en los ideológico se distancias demasiado en sus prácticas. Del Pla es, sin dudas, la expresión más clara del nepotismo que no puede disimilarse de solo consultar las listas de candidatos del PO en los últimos cuarenta años. Tal vez por eso la izquierda está dividida en dos partes irreconciliables. Patrón Costas tampoco puede predicar una estirpe distinta a la de la década infame en la que su abuelo Robustiano propiciaba la continuidad del fraude y la concentración de la riqueza en unos pocos.
La Libertad Avanza había depositado en la impugnación judicial una expectativa de modificar un esquema que considera perjudicial para sus posibilidades electorales. El fallo desactiva esa vía y conserva las reglas que la fuerza pretendía remover. Tampoco deja demasiado margen para presentar la discusión como una mera controversia interpretativa: la Corte examinó los argumentos sobre el voto directo, la igualdad, la representación territorial y la libertad de asociación, y encontró que ninguno demostraba una incompatibilidad constitucional suficiente.
Hay, además, una cuestión de fondo en la posición política libertaria. El espacio cuestiona un régimen de participación que considera distorsivo, pero no consiguió traducir esa objeción en una modificación normativa ni acreditar judicialmente que las disposiciones impugnadas lesionen garantías constitucionales.
La apelación a la inconstitucionalidad quedó atrapada entre la autonomía provincial para diseñar su sistema electoral y las deficiencias de fundamentación que el propio tribunal señaló en algunos tramos de la demanda.
Para Zapata, Olmedo y Orozco, el resultado tiene el peso de un cachetazo político, otro más. La estructura salteña de La Libertad Avanza no encuentra herramientas para torcer un tablero electoral que cuestiona. La Legislatura conserva sus atribuciones, la Justicia rechazó la impugnación y la ley continúa vigente. La estrategia de judicializar el conflicto terminó, por ahora, con una respuesta bastante menos favorable de la que esperaban sus promotores.
No obstante, anticiparon que apelarán ante el máximo órgano judicial del país -la Corte Suprema- y que también preparan otro embate para cuando Sáenz se postule nuevamente para el cargo de gobernador en marzo del año que viene.
