En la provincia de Salta existen grandes conflictos por la tierra y sus recursos. Los pueblos originarios son los principales afectados por la apropiación de los territorios y la contaminación de los suelos y el agua por parte de las grandes empresas que se asientan en nuestra provincia. (Por Guadalupe Macedo)

57 pueblos campesinos- indígenas se enfrentan a conflictos por la propiedad de la tierra. Muchos de ellos fueron desalojados a pesar de la ley nacional N° 26.160 de Emergencia Territorial Indígena donde se suspende los desalojos y la ley provincial N° 7658 “De Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta” que se encuentra actualmente en vigencia.

En la provincia desde el poder judicial ignora la normativa, permitiendo el desalojo de comunidades originarias y criollas. Los intereses de los agronegocios, la concentración de la tierra y los desmontes son los principales problemas que dificultan el acceso digno a la tierra por parte de los pueblos campesinos- indígenas.

El problema de la tierra (la lucha por el acceso y la tenencia) en América Latina tiene sus orígenes en el “descubrimiento” europeo. En las últimas décadas, esta dinámica se ha reactivado, evidenciando la continuidad de los conflictos por la tierra en el contexto de ocupación y revalorización territorial por el avance del modelo agroindustrial en la provincia.

En Salta el 99,7% de la superficie en situación de ocupación en tierras fiscales (en su mayoría pequeños productores criollos y pueblos indígenas) se concentra en tres departamentos: Anta (40,5%), Rivadavia (33,5%) y San Martín (25,7%) según la información del Censo Nacional Agropecuario (CNA) nos permite tener una visión global de la distribución y formas de tenencia de la tierra agraria en Salta.

“La tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas en Salta se encuentra limitado. Hay una gran mayoría de comunidades sin título de propiedad y cuya titularidad está en manos de privados, iglesias y/o del Estado, mientras que otras se encuentran en posesión de sus títulos (individuales y/o comunitarios). Esto lleva a que no tengan garantía de seguridad en la tenencia. Las comunidades acceden a la titulación de parcelas pequeñas, aisladas y alejadas de los territorios originarios, que no son aptas ni suficientes. Se encuentran arrinconadas por emprendimientos productivos que las cercan y les provocan una progresiva restricción al uso y acceso a los recursos analizá Mariana Andrea Schmidt investigadora de CONICET – UBA quien investiga sobre la situación de la tierra en Salta.

La población wichi, chorote, chulupi y toba de los departamentos de San Martín, Rivadavia, Anta y Metán (un total de 204 comunidades), el 17% posee sus tierras tituladas. Por su parte, se estiman que unas 417.670 has se encuentran en manos del Estado o privados que ya han sido asignadas, pero aún no tituladas a manos de las comunidades, estos datos son obtenidos por los estudios de la Doctora Catalina Buliubasich, Gonzales y Loke quienes investigan sobre la posesión de las tierras de comunidades originarias.

En el mes de septiembre se dio a conocer el protocolo para detectar los conflictos de tierra y hasta el momento “se notificaron 57 casos en el país. De estos, 22 incluyeron el desalojo, 8 la detención de personas, en 14 son mujeres las principales afectadas y 19 involucran a comunidades indígenas” según la directora nacional de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo en dialogo con Salta/12.

La desposesión de la tierra a las comunidades originarias

Las comunidades del Pilcomayo viven cotidianamente el despojo con violencia de sus tierras e injusticia por las causas por la defensa de su territorio donde muchos de los miembros de la comunidad fueron enjuiciados por defender sus tierras. Los pueblos originarios son despojados de sus tierras a pesar de que existan legislaciones nacionales e internacionales que los amparen. A la vez sufren falta de agua potable y el desmonte salvaje por parte de terratenientes locales e internacionales como la contaminación y depredación de los ríos de la zona. Esta realidad llevó a que cientos de niños originarios mueran por desnutrición en sus comunidades ya que no pueden acceder a una alimentación de calidad dado el desmonte y deforestación de sus suelos.

En el pueblo Nación Diaguita Kallchaki de las localidades de Cachi y Cafayate sufrieron la usurpación de territorio sagrados y el bloqueo de territorios de donde ellos obtienen agua para abastecerse por parte de terratenientes y firmas corporativas.

Fueron despojados por terratenientes sitios sagrados o arqueológicos ubicados en las comunidades de Las Pailas, La Aguada, Buena Vista y El Divisadero, donde se asentaron con maquinarias pesadas, destruyendo y quemando bosques nativos. La comunidad denuncia que existe complicidad entre la policía, los terratenientes y los jueces que permitieron esta situación, dándole la espalda al pueblo originario en este tiempo de pandemia. “Creemos que se están aprovechando de la situación, por esta situación de pandemia. Es que ellos tratan de avanzar no solamente ellos sino también por complicidad, por acompañamiento y aval de la policía, los fiscales para poder avanzar sobre nuestros territorios. Y cuando están en nuestro territorio nos dicen que no nos podemos reunir que no podemos estar más de dos personas, no nos quieren tomar las denuncias” denuncio Héctor Fabián representante de la comunidad.

120 comunidades originarios de Rivadavia piden el diálogo con el gobierno por la situación sanitaria crítica del lugar. A pesar de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19, las comunidades sufren la falta de agua, la tala desmedida del bosque nativo y la falta de insumos y personal en los hospitales. Las comunidades a través de un comunicado oficial piden al gobierno un dialogo, para la repartición equitativa de los pozos de aguas, la entrega de módulos alimentarios adeudados desde hace dos meses y reclaman la falta de asistencia ante la pandemia.