El crimen de Denise Viñabal, una joven de 27 años y madre de dos niñas, ocurrido este jueves 19 de noviembre en el Centro de Mediación de la Municipalidad de Chicoana, ha conmocionado a la provincia y reabierto un debate urgente sobre la seguridad en las instancias alternativas de resolución de conflictos. La mujer fue asesinada a balazos por su expareja, el efectivo de la Policía de Salta Carlos Enrique Pascal (32), quien posteriormente huyó y se quitó la vida.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el ataque se produjo alrededor de las 14:00 horas en las dependencias municipales ubicadas sobre la calle El Carmen. Según reconstruyeron testigos y registros de cámaras de seguridad, la pareja había acudido al lugar para abordar cuestiones vinculadas a sus dos hijas menores en común. Tras una discusión en la galería del recinto, Pascal extrajo su arma reglamentaria y le disparó a quemarropa.

La causa quedó en manos de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó a la localidad del Valle de Lerma para coordinar las pericias junto a personal de Criminalística y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Tras el ataque, se desplegó un operativo cerrojo para dar con el agresor. Pascal fue hallado gravemente herido con un disparo en una zona descampada cercana al cementerio local y falleció mientras era trasladado en código rojo hacia el hospital de Chicoana. La fiscalía dispuso el traslado de ambos cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para las autopsias correspondientes y continúa recabando testimonios para determinar el contexto previo al ataque. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que, tras revisar el legajo del efectivo —quien prestaba servicios en el Sistema de Emergencias 911—, no figuraban denuncias formales previas por violencia de género, motivo por el cual conservaba su arma reglamentaria.

Más allá de la ausencia de denuncias previas en el registro policial, el hecho de que un femicidio se haya consumado dentro de un centro de mediación pone bajo la lupa el funcionamiento de estos dispositivos en conflictos familiares y de pareja.

En la Argentina, la Ley Nacional N.º 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) establece una prohibición taxativa:

  • Artículo 28: Dispone expresamente que «quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación» en causas vinculadas a hechos de violencia contra las mujeres.

  • Artículo 9 (inciso e): Ordena a los organismos estatales garantizar modelos de abordaje que empoderen a las mujeres, «no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación».

El fundamento jurídico y criminológico de esta prohibición radica en la asimetría de poder. La mediación es un método diseñado para resolver conflictos entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones para negociar. Cuando existe violencia de género —física, psicológica o simbólica—, esa paridad es inexistente: la víctima suele actuar bajo temor, coacción o naturalización del maltrato, lo que invalida cualquier acuerdo y la expone a una revictimización directa al obligarla a compartir el mismo espacio físico con su agresor.

En la provincia de Salta, los Centros de Mediación Comunitaria y Extrajudicial —regulados por la Ley Provincial N.º 7.324— funcionan en diversos municipios como una vía gratuita y de cercanía para resolver disputas vecinales o cuestiones de familia (como cuotas alimentarias o regímenes de comunicación) antes de llegar a un juicio.

El caso de Chicoana expone una falla crítica en los filtros de admisión y protocolos de detección temprana: cuando una conflictividad de pareja se tramita bajo la carátula administrativa de un «acuerdo familiar» sin una evaluación de riesgo previa —y sin controles de seguridad o desarme cuando interviene personal de las fuerzas—, el espacio que el Estado ofrece como instancia de diálogo termina convirtiéndose en un escenario de extrema vulnerabilidad para las mujeres.