El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Alejandro Ruidrejo,  da su visión al respecto de la descalificadora opinión del médico Rogelio López Guillemain sobre las universidades públicas, publicada ayer en el diario El Tribuno.

Reproducimos a continuación las declaraciones del Decano Alejandro Ruidrejo respecto a las opiniones del médico Rogelio López Guillemain, sobre las universidades públicas vertidas en una nota de opinión titulada “No hay universidad gratuita”, publicada ayer por el diario El Tribuno:

El despropósito y la hipocresía fueron usados recientemente en una columna de opinión del  periódico El Tribuno, para caracterizar a las universidades nacionales argentinas. Quienes tenemos un claro compromiso con la defensa de la educación pública, sabemos del abolengo de los argumentos que se esgrimen para sostener esos epítetos. Sabemos también que detrás de ello no se encuentran más que viejos principios con los que el liberalismo económico del siglo XVIII intentaba reformar a las universidades europeas. A esa vejez, le toca escuchar el chirriar de nuestro presente, que tiene su propia tradición y encuentra en el centenario de la Reforma universitaria de 1918 la necesidad de reafirmar que nuestras universidades deben ser democráticas y plebeyas, para no reforzar la maquinaria de la reproducción de las desigualdades que nuestras sociedades generan. Sabemos además que eso no depende solamente del mundo universitario, sino de las políticas públicas que se comprometen con la tarea de lograr que el ingreso, la permanencia y el egreso de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad se ordene al cumplimento del derecho a la universidad que ellos poseen y que ineludiblemente es una responsabilidad del Estado. En ese sentido se ha expresado todo un pueblo bajo la Declaración de Cartagena sosteniendo que “La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.” Cuando esas políticas existieron los indicadores que miden la democratización universitaria respondieron positivamente. Creer que la universidad debe ser un lugar de exclusión para quienes  no poseen la aptitud y la actitud para ser universitarios, no es más que naturalizar el sentido elitista que durante mucho tiempo tuvieron esas instituciones y que encuentran en nuestro presente la profunda discusión política sobre los sentidos de la universidad. El despropósito y la hipocresía se hacen presentes en el neoliberalismo con que los organismos internacionales, como el Banco Mundial intentan determinar el sentido de la universidad en nuestro continente, a través de documentos como Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe. La impostura de esa falsía sólo podrá ser desenmascarada por el modo en que el sueño de nuestros pueblos se vea concretado en la universidad plebeya, en la que todas las personas tengamos parte. La condición universitaria encontrará su forma más perfecta bajo la universidad sin condición, es decir bajo la apuesta más audaz y más sincera por construir los propósitos de la universidad de manera inclusiva.