Mientras algunos intentan disfrazar privilegios como derechos, en Cuarto Poder seguimos haciendo lo que nos corresponde: periodismo. La respuesta legal de la esposa del intendente de Iruya a este medio no invalida lo publicado, que se basa estrictamente en datos de ANSES. Más bien, lo confirma.
En una nueva muestra del reflejo pavloviano de ciertos sectores del poder ante el periodismo incómodo, hemos recibido una solicitud de derecho a réplica de parte de los abogados de Elizabeth Valerio, esposa del intendente de Iruya, Eugenio Herrera. La misiva pretende ser un desagravio por la nota publicada el 16 de abril, titulada “La esposa del intendente de Iruya cobra una pensión por invalidez”, pero termina siendo, como suele ocurrir, más reveladora que aclaratoria.
Según los abogados de Valerio, la señora padece hipoacusia severa en un oído y leve en el otro. Para respaldar esa afirmación, adjuntaron un audiograma y un certificado médico fechado, casualmente, el 15 de abril, apenas 24 horas antes de la publicación de Cuarto Poder. La pregunta cae de madura: ¿la discapacidad preexistía o fue descubierta por arte de magia en la víspera de nuestra nota? La urgencia médica sincronizada con el calendario periodístico nunca deja de ser sugestiva.
Pero más allá del nivel auditivo de la señora Valerio, lo relevante —y lo que los defensores legales convenientemente omiten— es lo que establece la normativa nacional. Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez, no basta con presentar una audiometría. Se requiere una invalidez total y permanente que implique una disminución del 66% o más de la capacidad laborativa, algo que ningún documento enviado certifica. Además, se exige insolvencia económica y ausencia de un sostén económico legalmente responsable. ¿Aplica esto a la esposa del intendente Herrera, quien vive del erario público desde hace más de una década?
No corresponde a este medio determinar la regularidad del beneficio. Para eso existen auditorías, justamente iniciadas por el gobierno nacional ante la sospecha de un sistema plagado de pensiones “truchas”. Lo que sí nos compete —y lo seguiremos haciendo— es informar con documentación en mano y con los estándares éticos que otros prefieren burlar a fuerza de sellos y pataleos judiciales.
También queremos responder a esa muletilla recurrente de que no se “consultó a la fuente”. ¿Qué se pretende? ¿Que la prensa pida permiso para publicar datos públicos que comprometen al poder político? ¿Acaso los hechos dejan de serlo si se omite el comentario del involucrado? No confundamos periodismo con relaciones públicas.
Rechazamos, además, que medios oportunistas se apropien del derecho a réplica, creyendo que un comunicado puede lavarle la cara a una situación con olor a irregularidad.
Compartimos, como corresponde, la respuesta enviada por la defensa de la señora Valerio para que el lector saque sus propias conclusiones.
Cuarto Poder | Periodismo de anticipación
Pensiones por invalidez: la esposa del intendente de Iruya dio su versión
