En la tierra del vino de exportación y donde las hectáreas valen miles de dólares, el estado del hospital público es un ejemplo del desmanejo gubernamental. Los trabajadores que hacen lo que pueden, aunque la tendencia al deterioro es irreversible. El relato “U” por un lado, la realidad por otro. (D.A.)
Sin planificación gubernamental y con organismos estatales que mal ejecutan la prestación de servicios, la salud sufre una precarización sin retorno. Así lo muestra un informe de auditoría publicado esta semana y que tuvo por objeto evaluar el funcionamiento del hospital de Cafayate. Allí quedo registrado el derrotero de un nosocomio que se levanta en un departamento que concentra más de 30.000 hectáreas de precios dolarizados que sirven para la producción vitivinícola de alta rentabilidad en el mercado interno y externo.
Allí, son los empleados del hospital quienes se organizan como puede para hacer funcionar un nosocomio que, increíblemente, se mantiene sin la habilitación sanitaria del Ministerio de Salud provincial. No es lo único. Y es que aun cuando el hospital fue inaugurado hace ocho años (julio del 2006), los auditores se dieron con que el edificio cuenta con cielorraso de PVC altamente combustible; una sala de maquinas en donde se almacenan materiales combustibles que ponen en riesgo de incendio al sector; que en ese sector y el de Consultorios, Guardia y Terapia no hay matafuegos ni red hidrante; y que el nosocomio no puso a disposición de los auditores el certificado de Aprobación contra Riesgo de Incendio y Catástrofe de la División de Bomberos. Lo que sí tenía el hospital era un Plan de Contingencia que, sin embargo, no contaba con un requisito indispensable: la firma de un profesional matriculado, habilitado y con las incumbencias pertinentes.
Cualquiera podría, con razón, señalar al Gerente del lugar como el responsable de tamañas irregularidades. Ese gerente, no obstante, podría alegar muchas cosas. Una de ellas es que tal como lo comprobaron los auditores, gestionó ante la Subsecretaría de Gestión de Salud (nota de fecha 13/04/2011) el cambio de la totalidad del cielorraso del hospital aunque los resultados de la gestión fueron nulos. Por si eso fuera poco, los auditores comprobaron que esa gerencia debía hacer de estratega y soldado por la cantidad de responsabilidades, el escaso personal y las deficiencias del sistema.
La revolución inconclusa
La desidia gubernamental es tal que increíblemente el nosocomio no tenía una figura jurídica precisa a la hora de ser auditado. Para entender lo disparatado, hay que pedir auxilio a la historia reciente.Luego de construido y equipado, la gestión hospitalaria quedó enmarcada en un sistema al que Romero era adepto: la cogestión entre el Ministerio de Salud y una Fundación. El sistema supuso endeudamiento para los hospitales e irregularidades de todo tipo que en un año electoral como el del 2011, generó que Urtubey asumiera un tono épico y estatista pararescindir el convenio. Pero la supuesta revolución fue tan improvisada que el gobernador no dictó una normativa jurídica que encuadrara al hospital. El desconcierto de los auditores fue tal, que les resultaba difícil impugnar la decisión de los que manejan el hospital. Dice el informe: “No se cuenta con un instrumento emitido por el Ministerio de Salud Publica que le confiera una definición de su naturaleza o régimen jurídico, correspondiendo el régimen jurídico de gestión centralizada. Ante la falta de definición expresa de la naturaleza jurídica que debía implementar, la conducción administrativa y financiera adoptó un modelo de gestión que se asemeja a un Hospital de Autogestión, atento a que poseía un modelo de cierta autonomía por haber sido de gestión comunitaria que le permitió mayor flexibilidad financiera”.
Acuerdo tácito
Entre la desidia gubernamental y las necesidades del hospital, la gerencia terminó cometiendo irregularidades de funcionamiento que el ministerio de salud o no vio o simulaba no ver. Un ejemplo ilustra bien esa situación y tiene que ver con el uso que se hizo del dinero que se recauda por aranceles. La ley indica que el 20% de los ingresos por arancelamiento, deben transferirse al Ministerio de Salud, cosa que el hospital no hacía. Tampoco cumplía con lo relativo a qué hacer con el 80% restante. Y es que la ley dispone que el 30% de ese porcentaje, debe distribuirse entre el recurso humano y un 70 % para el mejoramiento de las acciones de políticas sociales y de salud. En el presente caso, más del 50% fue a resolver cuestiones vinculadas a los recursos humanos.
Otra vez, difícil impugnar a la gerencia. Entre otras cosas porque uno de los deudores del hospital era la obra social de la provincia: el IPSS. Precisemos: las obras sociales distintas al IPSS adeudaban en ese periodo al nosocomio de Cafayate $ 1.040.514; mientras el IPSS le adeudaba $608.301. Los auditores encontraron notas de la Dirección del Hospital que solicitaba a la obra social la cancelación de las prestaciones adeudadas. Lo que no encontraron fueron respuestas positivas del IPSS al pedido. Todo ello en un marco de abiertas y obvias necesidades. El presupuesto del hospital 2012 era de $27.001.455. De ese total el 90% se destino a personal ($24.211.371); el 6,7% a bienes de consumo ($1.822.105); el 3,4% a servicios no personales ($941.143) y el 0,09% a bienes de uso ($26.834).
Las cifras podrían indicar que el hospital no tiene con qué trabajar pero sí quién trabaje. Las cosas no son tan sencillas. El informe indica que allí faltan profesionales anestesistas, neonatólogos, enfermeros pediátricos, técnicos de laboratorio y agentes sanitarios. Recomendaron al hospital gestionar ante el Ministerio la contratación de profesionales médicos, residentes y personal técnico que permita cubrir la demanda habitual. También registraron deficiencias en el consultorio de odontología y límites de recursos humanos y equipamiento de la Unidad de Terapia Intensiva. Algunos datos grafican bien estas carencias. Cuando uno discrimina cómo se gastan los $24.211.371 destinados a personal, descubre que el 30% se utiliza en el rubro “Resto” ($7.335.185) que corresponde a personal de seguridad, de limpieza, mucamas, o cocina; otro 30% a médicos y un 16% a enfermeros. Eso significa que el 14% restante que representan $5.732.585 anuales, se reparten entre odontólogos, bioquímicos, radiólogos, anestesistas, instrumentistas y agentes sanitarios.
El famoso relato
No sólo la falta de planificación gubernamental y la mezquindad de recursos son obstáculos insalvables para garantizar la salud de los cafayateños; también la conducta del gobierno por querer mantener al hospital en una categoría que redituable para informes periodísticos, tiene impactos negativos en la vida cotidiana por no corresponderse con la realidad. Veamos: al momento de la inauguración del antiguo Hospital de Cafayate fue categorizado como de Nivel II. Esa clasificación era, por infraestructura y nivel operativo, inferior al edificio inaugurado en julio del 2006 por lo que fue clasificado como de un Nivel (III) que tampoco se corresponde con la realidad.
Entre otras cosas porque desde el 2006 no se le efectuó al edificio remodelación alguna que justifique esa catalogación. Algunos ejemplos: según las normas del ministerio de salud de la nación y también de la provincia, el hospital de Cafayate no cumple con los requisitos exigidos por el Nivel III. La planta física, por ejemplo, cumple en un 94% y 93% respectivamente; los laboratorios están bien para las normas de la nación pero no para las provinciales que le dan un cumplimiento del 94%; los consultorios externos sólo tienen un 57% de lo necesario para las normas de la nación y un 92% para los de la provincia; los servicios de cirugía una 70% y 67% respectivamente; los de internación un 82% y 86%. Pero hay más: los técnicos recordaron que ese hospital cuenta con dos quirófanos cuando debería contar con tres; no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos tipo U.T.I.; presenta barreras arquitectónicas que impiden el monitoreo visual directo de los pacientes desde el Servicio de Enfermería; carece de sala de Pre anestesia; cuenta con una Sala de Partos pero debería tener dos; los consultorios odontológicos no son individuales; la zona de esterilización está junto a la cocina; la morgue que no está separada del sector destinado a pacientes.
Todos esos límites explican que por fuera del relato, los auditores hayan registrado lo siguiente: las consultas externas totales de 2012 disminuyeron en un 4,9 % respecto de 2011; las prácticas odontológicas disminuyeron durante 2012 un 17,7 %; aunque los recursos para laboratorios y radiología son escasos, esas prácticas se incrementaron; hay mayor número de internados pero la duración de la internación se ha reducido; las cirugías de 2012 fueron inferiores a las efectuadas durante el 2011; la tasa quirúrgica de 2012 se vio disminuida en relación a la de 2011; en el 2012 fallecieron 7 niños menores a 7 días de vida suponiendo un incremento con respecto al 2011 en donde totalizaron 5; el índice de Mortalidad infantil registrado durante el 2012 (18,23%) fue superior a la media registrada en la Provincia que se situó en el 13,8%; respecto a los porcentajes de desnutrición infantil entre los menores a un año, se registró un incremento interanual (2011-2012) de 1,7 puntos porcentuales (de 1 a 2,7 %), mientras que en el grupo etario de 1-5 años, la suba fue de 1,5 puntos, pasando de 8,3 a 9,8 %.
Todo eso en Cafayate. El departamento que concentra más de 30.000 hectáreas de precios dolarizados, el lugar en donde se producen vinos de altas rentabilidades en el mercado interno y externo, la tierra de casas señoriales y bucólicas en donde ex gobernantes, actuales gobernantes, grandes empresarios y muchos extranjeros viven al margen de las necesidades de las mayorías.
