«Mala fe y conducta dilatoria», fueron los términos que utilizó el Procuración del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, ante la última presentación del Grupo Macri en la causa por la multimillonaria deuda que el Correo Argentino. En la que la familia Macri propuso pagar 1011 millones de pesos para saldar la deuda del Correo con el Estado, calculada en más de 5 mil millones.
Hace 19 años que Correo Argentino viene arrastrando esta deuda con el Estado. El salvataje que Mauricio Macri intentó hacer para no dejar que vaya a la quiebra la empresa de la que es accionista mayoritario, consistió en pagar 1011 millones, pese a que la Fiscalía determinó que el monto adeudado es cinco veces superior.
Carlos Zannini le solicitó a la jueza Marta Cirulli, que decrete la quiebra de Correo Argentino, por la que deberá responder patrimonialmente el Grupo Macri, a través de Socma.
La familia Macri administró el Correo Argentino entre 1997 y 2003. En aquel momento, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos, todos rechazados por insuficientes.
Una vez que Mauricio Macri llegó a la Presidencia de la Nación, hubo un intento por aprovechar el acceso a ambos lados del mostrador.
En junio de 2016, el Correo propuso y el Estado aceptó un acuerdo de pago que licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con las arcas públicas. La maniobra fue advertida por la fiscal Gabriela Boquín, quien en febrero de 2017 denunció un acuerdo abusivo para la administración pública. Mientras se investigaba la causa abierta en los tribunales federales, empezó el proceso judicial de salvataje del Correo.
El mes pasado, Cirulli dio inició a la cuenta regresiva hacia la declaración de quiebra de la empresa, al definir que las acciones del Correo valen cero pesos y que su deuda se debe computar con intereses, tal como venía planteando Boquín.
El 29 de marzo pasado, el Correo Argentino S.A. se presentó ante la jueza a través de un escrito firmado por su titular, Jaime Robirosa, en el que propuso saldar su deuda con el Estado por el canon nunca abonado y sus intereses derivados con el pago, en una sola vez, de 1011 millones de pesos. Si bien el monto implicaba una mejora respecto a los 296 millones que venía reconociendo como deuda, continuaba bastante lejos del cálculo oficializado por la fiscal Boquín. La oferta del Correo incluyó también la cancelación de sus deudas con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la AFIP y el Banco Nación, para lo cual supuestamente contaba con la conformidad de 35 acreedores. Declaró además al Estado como un «acreedor hostil», por lo que solicitó que los representantes de la administración pública sean retirados de las negociaciones, si no aceptan la oferta de pago, para facilitar el acuerdo con el resto.
Ambos planteos fueron rechazados por la Procuración del Tesoro. El procurador argumentó que resolvió intervenir en la causa «en defensa de los intereses estatales» y para «evitar que el silencio pueda ser interpretado como consentimiento» a la oferta del Grupo Macri. Detalló que las presentaciones que viene realizando el Correo «son la repetición de cuestiones ya planteadas, tratadas oportunamente por los tribunales y rechazadas en todos sus términos». Por lo que requirió a Cirulli que continúe con el procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, «teniendo presente que el resultado que se derivaría del fracaso de esta etapa no sería atribuible al Estado nacional, sino a la natural consecuencia que la norma impone al proceder de la concursada». La decisión final está en manos de la jueza
