El federalismo libertario alcanzó una nueva etapa evolutiva: la Nación cobra impuestos nacionales, pero las provincias tienen que salir a juntar las monedas para arreglar rutas nacionales. Esta vez, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con Vialidad Nacional para que Salta ponga la plata y así continuar las obras sobre la Ruta Nacional 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera. Un detalle menor para el gobierno de la motosierra: las rutas siguen existiendo y, curiosamente, los pozos también votan.
Mientras desde Buenos Aires repiten que “no hay plata”, en las provincias descubrieron que tampoco hay asfalto, mantenimiento ni demasiadas ganas de la Nación de hacerse cargo de lo que le corresponde. El acuerdo firmado con Vialidad parece una traducción administrativa bastante simple: Nación conserva el cartel, Salta paga la cuenta. Una especie de tercerización invertida donde el Estado nacional mantiene las competencias, pero delega la billetera en quienes todavía necesitan que la gente llegue viva de una ciudad a otra.
La escena tiene algo de tragicomedia argentina. El gobierno nacional celebra el superávit fiscal mientras las provincias financian rutas nacionales para evitar que se transformen en pistas de rally extremo. La famosa obra pública “corrupta” terminó siendo tan indispensable que ahora hasta los gobernadores tienen que rescatarla con fondos propios. Al final, la motosierra no eliminó el gasto: apenas lo mudó de ventanilla.
