Vecinos denuncian que el delegado municipal Eduardo Isasmendi encabeza una “asociación ilícita” que entrega, por fuera de sus facultades, irregulares autorizaciones para la realización de fiestas en la localidad de San Luis. (Gonzalo Teruel)
La nada sencilla intervención del intendente Gustavo Sáenz para poner en orden el descontrol de la actividad nocturna, heredada de la gestión municipal de Miguel Isa, en el corredor turístico Paseo Balcarce consolidó el proceso de instalación de restaurantes, bares, boliches y bailantas en otras zonas de la ciudad. El caos pareció controlado. Pero vecinos de la localidad de San Luis denuncian que eso no ocurrió y que simplemente la nocturnidad se trasladó, de manera desordenada y sin control, a sus calles.
Bajo estricto pedido de reserva de sus identidades, explicaron que perdieron su tranquilidad y seguridad porque muchas personas alquilan sus viviendas para la realización de fiestas “sin ningún tipo de autorización y control por parte de las autoridades municipales y policiales”. En contacto con Cuarto Poder denunciaron la existencia de una “zona liberada” para la realización de “fiestas clandestinas” sin ningún tipo de control o supervisión municipal y policial.
Responsabilizaron por tal situación al delegado municipal Eduardo Isasmendi y denunciaron una “asociación ilícita” de la que formarían parte el propio funcionario, el comisario Rolando Sergio Cortez (reemplazado hace pocas semanas por disposición del ministro de Seguridad, Carlos Oliver, por la comisario Lorena Cardozo) y los efectivos a su cargo, la extitular del Consejo Provincial de la Mujer Ana María Acuña de Macedo, y otras influyentes personalidades de la política local como Fidela Alba Chapak. Según argumentaron, existió y todavía existe “asociación ilícita” porque Isasmendi entrega autorizaciones provisorias para la realización de fiestas y eventos sociales sin tener competencia para hacerlo.
Cuarto Poder accedió a documentos oficiales que confirman este último dato. El 19 de septiembre de 2016, por ejemplo, Isasmendi en su carácter de interventor municipal de la Delegación de San Luis otorgó a Chapak una autorización provisoria por 3 meses para “La Casa de Te Te”. Esa y otras autorizaciones, por fuera de las facultades del delegado y que deben tramitarse en el Centro Cívico Municipal, motivaron al subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, a protestar por nota de queja ante su superior, el secretario de Gobierno, Luis García Salado.
“Visto el expediente de referencia mediante el cual el subsecretario de Control Comercial pone en conocimiento que el Lic. Eduardo Isasmendi a cargo de la Delegación de San Luis, emitió sin autorización una habilitación provisoria para ejercer actividad comercial en un establecimiento de esa localidad, ante ello se gira el presente expediente la Coordinación General de Intendencia para su conocimiento e intervención. Dese carácter de urgente trámite” dice, en efecto, una nota remitida a posteriori por García Salado a Pablo Outes, coordinador de la intendencia y principal colaborador del intendente Sáenz.
Anoticiado del asunto definido por Avellaneda como “una grave situación irregular”, Outes reprendió a Isasmendi que se defendió por escrito y alegó que otorga autorizaciones para hacer efectivo el “proyecto de descentralización manifestado públicamente por el señor intendente Gustavo Sáenz”. “La cuestionada autorización provisoria fue objeto de una decisión política que he tomado como funcionario y conductor político de esta población con más de 12.000 habitantes integrantes de 14 barrios” manifestó Isasmendi.
Como sea, pasados los meses, los vecinos denuncian que la situación sigue sin resolverse. “No se puede vivir en medio de música estruendosa, venta ilícita de bebidas alcohólicas y drogas” reclamaron a Cuarto Poder y confirmaron que presentaron días atrás una denuncia ante la fiscalía penal de Rosario de Lerma a cargo de Gustavo Torres Rubelt. “Venimos por esta (…) a denunciar y solicitar de manera urgente arbitre las medidas judiciales a su alcance para darle un corte definitivo a la realización de las fiestas clandestinas que se realizan ya en forma permanente, y especialmente los fines de semana, en los barrios San Luis, Villa Rebeca, Casa del Sol y zona de influencia” dice la presentación ingresada en la fiscalía de Rosario de Lerma el pasado 19 de abril.
Pese a la realización de quejas y denuncias ante autoridades municipales y judiciales, según advirtieron los vecinos, la “zona liberada” sigue existiendo y continúa la organización de fiestas ilegales en todo San Luis. El último fin de semana largo, por caso, en la vivienda de Acuña de Macedo se realizó un festejo de cumpleaños que fue interrumpido por personal de Control Comercial.
La fiesta se clausuró pero ante la presencia de menores se acordó con los padres de la homenajeada que los invitados quedarán adentro de la casa hasta que los retirarán. Hubo acompañamiento policial al operativo de clausura. Pero, según repitieron los vecinos denunciantes, la comisario Cardozo no está cumpliendo acabadamente su tarea: recién llegó al lugar cuando lo hicieron los inspectores municipales.
Aunque los vecinos denuncian que todas sus presentaciones administrativas y judiciales “están paralizadas”, su movida contra Isasmendi podría tener resultado concreto en las próximas semanas. Además del cambio en la subcomisaría del lugar, según se comenta en San Luis, el próximo 31 de mayo el delegado municipal abandonará su cargo. “Ya se tendría que haber ido, pero lo dejaron unos días más para que acomode sus cosas” confiaron y advirtieron que al próximo funcionario municipal le exigirán que “termine con el descontrol del pueblo”. Un par de denuncias más, por acoso laboral y violencia de género, comprometen a Isasmendi.
Según protestan en la localidad ubicada a sólo 15 kilómetros de la capital provincial, todavía se realizan fiestas clandestinas y sin control. Los vecinos dicen estar “doblemente preocupados”. “Por la continuidad de las fiestas y por las represalias que podemos sufrir por haber denunciado a las autoridades políticas y policiales del lugar” reconocieron. En el ministerio de Seguridad negaron que la salida de Cortez y la llegada de Cardozo a la subcomisaria ubicada sobre la ruta 51 obedezcan a algún tipo de problema y explicaron que son cambios de rutina propios de la organización del servicio policial.
