El gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso inédito en la historia democrática argentina: directamente prescindir de la prensa en la Casa Rosada. No regularla, no discutirla, no incomodarse con preguntas incómodas. Prescindir. Bajo la elegante excusa de un supuesto “espionaje ilegal”, la solución fue simple y quirúrgica: cerrar la puerta. Una medida que, en nombre de la transparencia, elimina de raíz uno de sus principales obstáculos: los periodistas.
La explicación oficial tiene su encanto técnico. Reempadronamientos, huellas digitales, protocolos de seguridad. Un lenguaje burocrático prolijo para justificar lo evidente: si no hay periodistas, no hay preguntas; si no hay preguntas, no hay problemas. Todo esto, claro, después de haber señalado públicamente a buena parte del periodismo como “basuras repugnantes”. La coherencia no es menor: primero se deslegitima, después se excluye. Un método eficiente.
En este nuevo esquema, la comunicación gubernamental alcanza una pureza inédita: unidireccional, sin interferencias, sin matices. La Casa Rosada se convierte así en un espacio más seguro, más ordenado, más silencioso. Un lugar donde la información circula sin riesgos, cuidadosamente filtrada por quienes ya no tienen que lidiar con esa vieja incomodidad democrática: la prensa.
