Milagro Sala fue objeto de otra condena, esta vez por encabezar un acampe en la plaza principal de Jujuy. Ayer fue condenada a pagar una multa e “inhabilitada para ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años (sic)”.
La noticia debería alarmar al país entero: no sólo porque se está ante una abierta proscripción, sino porque el blanco de esa proscripción es la líder de una organización social opositora al gobierno de Gerardo Morales acusado con muchos elementos de manejar la justicia de su provincia.
La condenada es Milagro Sala, la misma mujer que el martes había recibido una condena a tres años de prisión en el marco del juicio por el escrache de 2009 contra el entonces senador Morales, un hecho del que la dirigente no participó.
Ayer volvió a ser condenada tras afrontar su segundo juicio a raíz del acampe en la plaza principal de la vecina ciudad durante casi dos meses por parte de Tupac Amaru (desde fines del 2015 a principios del 2016) Sala estaba acusada de ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal, un delito contravencional que contempla una pena de entre tres y 10 días de arresto, más una sanción económica. Sin embargo, la condena de ayer incluyó la imposibilidad de poder ser elegida como ya hacen mención los medios de todo el país.
“Es un primer intento de proscripción social que recuerda a la Revolución Libertadora, como no podía ser de otra forma de un empleado de Morales, en sintonía con todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, dijo a PáginaI12 Luis Paz, del equipo de abogados de Sala que había pedido la nulidad del proceso y la incompetencia del juzgado de Matías Ustarez Carrillo por considerar que “el juez competente no es un juez, es un empleado del Poder Ejecutivo que conduce Morales y esta acusación persecutoria excede la división de poderes constitucional y el debido proceso”. Durante la audiencia todos los planteos de la defensa fueron rechazados.
