Así lo manifestó la mujer que denunció al dueño de El Castillo de San Lorenzo al referirse a las palabras de la jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio luego de condenar a solo 2 años de prisión condicional al empresario hotelero.
Por Andrea Sztychmasjter
Uno de los momentos más álgidos de las jornadas en el juicio contra el empresario, dueño de El Castillo de San Lorenzo John Hartwell Cocke Johnston (70) se vivió cuando la jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, decidió emitir unas palabras que según mencionó reflejaban su percepción de lo que había ocurrido durante las audiencias.
La mujer que denunció al empresario yanqui luego de más de 10 años de pedidos de cuota alimentaria y denuncias varias por violencias recurrentes al escuchar las consideraciones de la jueza, estalló en llantos y en medio de la sala apuntó contra la sentencia de la jueza y contra sus manifestaciones.
La jueza se refirió a los derechos de la niña, hija del imputado y de la mujer denunciante y según indicó invitaba a la reflexión para que padre y madre preserven el crecimiento de su descendiente pues según dijo desde el estrado con sus palabras quería “mover a las partes, tanto a la denunciante, damnificada y víctima que sufrió lesiones del señor Johnston” como al denunciado.
Sin dejar terminar que la jueza diga sus meditativas reflexiones, Laura Valdez le respondió “sabe cómo reflexionaba señora, con una condena ejemplificadora no con sus palabras vacías, sin argumentos, sin justicia para mi hija”.
La jueza González la interrumpió diciendo que la invitaba al silencio: “No me voy a callar”, señaló la mujer. Posteriormente la magistrada hizo mención al día de los hechos, cuando el septuagenario John Hartwell Cocke Johnston lesionó a la mujer y lanzó suposiciones de lo que tendría que haber hecho para evitar el ataque. “Así como la señora pudo no haber ido esa noche y esperar que les lleven los útiles (…)”, mencionó la jueza.
Como si las propias víctimas fueran responsables de los ataques de sus agresores, como si las víctimas fueran las que provocan para que los violentos las lesionen. Una jueza que se encontraba a cargo de un juicio por tentativa de femicidio en una de las provincias con mayores casos de muertes de la extrema violencia machista señaló que la niña era “manipulada” mientras miraba a la madre.
Cuando los violentos son personas de gran poder adquisitivo y de estatus social para los operadores judiciales de Salta las manipulaciones las realizan las mujeres y no los informes psicológicos ni policiales que son condescendientes con los denunciados. Mientras, las mujeres que se animan a denunciar y que deben atravesar largos procesos son presentadas como “oportunistas”, manipuladoras”, con “discursos teatralizados” “exageradas”.
¿De verdad así dicen prevenir las violencias de géneros?
Una mujer no escuchada
John Johnston y su expareja María Eugenia González Henríquez (56) habían llegado a juicio acusados por hechos ocurridos el 26 de febrero del 2020, en el hotel El Castillo de Villa San Lorenzo.
González Henríquez resultó absuelta por retiro de la acusación por parte de la fiscalía y la querella. Había llegado a la audiencia imputada como partícipe necesaria de homicidio en grado de tentativa.
Johnston fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de lesiones agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género y se le impuso una serie de reglas de conducta que deberá cumplir por el término de dos años: fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal; someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la denunciante y de ejercer actos de violencia física o psicológica en su contra; realizar tratamiento psicológico y presentar las constancias correspondientes. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena en caso de incumplimiento.
Para la denunciante Laura Valdez quien tiene una hija pequeña con el empresario, la condena fue benéfica con el estadounidense y en vez de dar protección a su hija y a ella “La jueza se puso en el papel de asesora legal de Johnston”:
“Es la libertad para que él siga haciendo lo que quiera. Las palabras de la juez fueron gravísimas hacia mi hija y hacia mí porque las hizo por fuera de la sentencia, las hizo con sus propias convicciones. A mí mirándome a los ojos tratándome de manipuladora y diciéndome que esto no habría pasado si yo con mi hija no nos habríamos acercado a buscar los útiles que ese día compramos durante 6 horas más tres horas de viaje. Para la juez mi hija y yo fuimos la que provocamos a este agresor. Me quedo con que silenciaron a mi hija. Me quedo con que durante el proceso fui amedrentada por los familiares de los agresores y que para ella nunca pasó nada”.
Laura Valdez denunció que la jueza haya negado los constantes acosos que sufrió tanto la prensa presente en la sala de audiencias como ella misma por parte de las hijas y un yerno de los imputados. “Inclusive ayer la amedrentaron a la propia fiscal. Me quedo con ese pensamiento machista y esas palabras denigrantes de la juez hacia los derechos de mi hija y de mis derechos”, expresó luego de la sentencia.
Al empresario no le gusta pagar
La fiscala Mónica Poma había solicitado una condena a 11 años de prisión efectiva al empresario por el intento de femicidio de su expareja. En cambio, retiró la acusación contra la coimputada María Gabriela González Henríquez.
El abogado querellante Pedro Arancibia con una cuestionada “estrategia” solicitó una pena más baja, de 10 años o una subsidiaria por lesiones agravadas de 2 años para el imputado y la absolución de la acusada. La defensa, ejercida por Ricardo Anuch y Fernando Teseyra, solicitó la absolución lisa y llana para lxs dos imputadxs y de forma subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda para el empresario.
La denunciante manifestó que la asesora de incapaces, Carina Quinteros, quien tendría que haber intervenido por la niña desde hace 12 años cuando radicó la primera denuncia por violencia de género y familiar contra el progenitor. Afirmó que la funcionaria «nunca actuó para proteger» los derechos de la nena.
Estereotipos de género
Durante los alegatos de la fiscala Poma hizo expresa mención a los estereotipos de géneros aun presentes en el sistema judicial salteño que siguen perpetuados por juezas y jueces.
La fiscala señaló que el día del ataque el señor John Johnston le recriminó que la madre de su hija le solicitaba el pago de casi 800 mil pesos en cuotas alimentarias que el empresario le debía.Y se refirió a los estereotipos de género que en este proceso judicial se aplicaron sobre la víctima. Explicó que a las mujeres se les exige fragilidad y recato para ser creíbles. «Si se muestra fuerte, si reclama, si nos hace una marcha en la puerta, no significa que no sea una víctima», expresó. «Cuando se no se quedan calladas (…), se plantan, parece que son menos creíbles porque no se adaptan a los estereotipos», indicó.
Valdez fue señalada por lxs imputadxs como agresiva. También la defensa en sus alegatos se valió de parte de las pericias psicológicas y psiquiátricas para decir que tiende a la «teatralidad» y “exageración”.
El teatro y la exageración sin embargo se vivió por parte de la propia familia de los imputados y de quienes deberían haber emitido sentencias que posteriormente dejen el mensaje certero a la sociedad de Salta que en esta provincia verdaderamente se combate las violencias hacia las mujeres; eso una vez más no sucedió.