La Policía empezó con el desarme de las casillas dispuestas en un predio en San Lorenzo.
Son en su mayoría mujeres con sus pequeños hijos que viven hacinadas en las pequeñas casillas dispuestas en una de las zonas más top de Salta.
Según relataron las mujeres, muchas de ellas son víctimas de violencia de género que han solicitado hace años inscripciones en el IPV, sin respuestas favorables.
Como lo relatamos en diferentes notas, la secretaría de Derechos Humanos, Verónica Figueroa, brilla por su ausencia ante la vulneración del derecho a una vivienda digna.
Los terrenos en que se asentaron son fiscales, tanto el gobierno municipal como la secretaría de Tierras y Bienes las han denunciado por usurpación, el fiscal Pablo Paz ya las imputó y pidió que sean desalojadas. La jueza Ada Zunino hizo lugar a ese pedido y negó el de la defensora oficial Ana Carrizo que solicitó la suspensión
