Las idas y vueltas de la justicia en el caso que involucra al diputado Kuldeep Singh ponen de manifiesto una vez más que la impunidad de la clase política no entiende de sutilezas. La trampa de la institucionalidad erosiona y vulnera la imagen de los poderes legislativo y judicial en la provincia. (Nicolás Bignante)En Salta, la trama de la impunidad muestra ribetes verdaderamente insólitos. Prueba de ello, son las idas y vueltas entre la justicia y la legislatura para resolver el destino del diputado pistolero Kuldeep Singh. En un ataque repentino y sospechoso de institucionalidad, los poderes legislativo y judicial quedaron empantanados en el debate sobre las facultades y competencias de uno y de otro. La preocupación al extremo por no extralimitarse en las funciones de otro poder del estado, resulta inverosímil en tierras donde justicia y gobierno parecen dos rostros de una misma moneda.
De cualquier manera, y más allá del escándalo propiciado por el empresario devenido en diputado bandolero, el debate de fondo asoma sin necesidad de escarbar mucho. Se trata de los fueros legislativos, defendidos a ultranza incluso por quienes aseguran sentirse acongojados por el daño que el caso Singh le significó a la imagen de la legislatura. Esto, sumado al debate sobre el peso probatorio de los videos suministrados por la empresa Nutribras, fueron los condimentos necesarios para el comienzo de las idas y vueltas entre justicia y legislatura.
Tras la bochornosa resolución judicial del día jueves -que supuso la detención y posterior liberación de los tres asaltantes que acompañaron a Singh- la jueza Zunino rompió el silencio. Sus explicaciones parecían más acordes a las que podría haber brindado la defensa del legislador provincial. Sobre la liberación de los tres imputados detenidos -Ariel Fernando Arias, Juan Daniel Lujan y Víctor Uncos- la magistrada manifestó que «a simple vista» tienen «buena conducta», y que no le consta que hayan estado con el diputado Singh en las instalaciones de la empresa Nutribras. Sobre el diputado cobrador entusiasta de deudas, consideró que no existen «pruebas suficientes» para pedir su desafuero a la cámara. La consideración de Zunino explica el insólito pedido de autorización para realizar allanamientos en las propiedades de Singh, que ella misma extendió a la cámara baja provincial. Solicitud que llegó dos semanas después de la denuncia.
En la Cámara, el diputado de Rosario de la Frontera tiene banca por parte de coterráneos, de compañeros de partido y también de ajenos. Cuando Kuldeep Singh hizo uso de la palabra en el recinto para asegurar que «obró bien», los legisladores del PRO Andrés Suriani y Gladys Moisés aplaudieron su alocución. Por su parte, Dionel Ávalos aseguró que no tiraría «un legislador por la ventana» y prefirió enfocarse en el papel de la empresa dejando entrever que Singh es una víctima más de la misma. Nutribras efectivamente había defraudado a varios productores mediante la emisión de cheques sin fondo; no obstante, en lugar de solicitar una investigación aparte, el legislador optó por justificar un hecho con otro.
Uno de los más enfáticos defensores de Singh fue el diputado Guillermo Martinelli, compañero del bloque Cambio por Salta. «Uno ve como muere un actor en cualquier película de guerra y sin embargo después los ve recibiendo el Oscar, no había muerto» argumentó increíblemente el diputado. El representante capitalino fue incluso más allá al asegurar que le «cuesta creer que [Kuldeep Singh] esté a cargo de una banda”.
Por último, el presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, no sólo se mostró crítico con la jueza Zunino por su decisión de no pedir el desafuero, sino que además la mandó a estudiar el código procesal penal de la provincia, luego de que la magistrada asegurara que los diputados pueden quitar ellos mismos los fueros a Singh. Sin embargo, el tono crítico del «Indio» baja cuando el debate se centra en los fueros parlamentarios, privilegio al que casi todos los legisladores se rehúsan a renunciar. «Los fueros son necesarios para las acusaciones falsas que hay un montón hoy en día con la suma de las redes sociales y los medios» argumentó el presidente del cuerpo. En la mesa de un programa televisivo local, los diputados Godoy y Vázquez (UCR) coincidieron en sus posturas sobre la incursión del empresariado en la política. Los legisladores acusaron de empresario -condición que comparten varios integrantes de la cámara baja provincial- al diputado rosarino por ser dueño de supermercados en Metán y Rosario de la Frontera. «A la política se le tiene que dar el valor que tiene y no votar a empresarios» manifestó Vázquez, mientras que Godoy sostuvo que «Cuando vos traés cantores, empresarios, cineastas, les da lo mismo todo».
El interior impune
El caso que involucra al empresario Kuldeep Singh en los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo a mano armada, es apenas un botón de muestra de la impunidad de la clase política en el interior provincial. Investigaciones por trabajo esclavo, informes de gestión no presentados y hasta denuncias por abuso sexual recaen sobre ediles e intendentes del interior.
El intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, fue denunciado días atrás por no haber presentado los informes y balances de gestión del municipio. El ocultamiento de los datos y números de la comuna fue denunciado por Pedro Lozano, vicepresidente del Concejo Deliberante local. De esta manera, el intendente norteño se suma a la lista de mandatarios municipales enemigos de la contabilidad pública, que también integran Yolanda Vega (Cerrillos) y Rubén Méndez (Salvador Mazza), entre otros.
Moisés Balderrama, intendente de Santa Victoria Este
En Apolinario Saravia el escándalo sigue a pesar de que las lluvias menguaron. El presidente del concejo deliberante local Marcelo Díaz, que había sido denunciado en mayo por una menor por abuso sexual, fue nuevamente señalado por la víctima tras sufrir amenazas a la salida del colegio. Según el relato de la joven, el edil la hirió con un trincheta. Pese a todo, Marcelo Días continúa en sus funciones.
Marcelo Díaz, concejal Apolinario Saravia
En el Pichanal de Julio Jalit, también pasan cosas insólitas. En medio de denuncias por enriquecimiento ilícito, el jefe comunal anunció sin tapujos que iría por su quinto mandato consecutivo. El intendente también enfrenta gravísimas denuncias por trabajo esclavo en sus fincas, lo que motivó una serie de inspecciones por parte de personal de la Secretaría de Trabajo y de la UATRE esta semana. Los inspectores fueron recibidos a balazos por familiares del intendente como en el mismísimo Far West.
