Conocido como el predio de la ex boroquímica -entre los barrios Bancario y San Carlos- el gobierno provincial anunció que se invertirán 120 millones de pesos para convertirlo en un atractivo cultural y deportivo. Qué dicen los informes ambientales y qué negocios hay detrás.
Más de 20 años pasaron desde que la planta destiladora de bórax Industrias Químicas Baradero S.A. dejó de funcionar en el predio ubicado entre los barrios Bancario y San Carlos. La empresa debió cerrar su planta debido a las denuncias efectuadas por los vecinos, quienes sostenían que eran diversos los problemas de salud que la contaminación provocaba.
Este semanario lo retrató en una nota publicada en 2013. Ahora el gobierno provincial anunció que en los próximos meses, la provincia iniciará la construcción de un nuevo parque urbano en la zona sur de la ciudad, en el predio de la ex boroquímica e impulsan una campaña para que los propios salteños elijan el nombre que llevará. El proyecto según informaron demandará una inversión aproximada de $120 millones e incluye, en un predio de 4 hectáreas, la construcción de un polo recreativo, deportivo, cultural y turístico. Se trata de una plaza seca de grandes dimensiones, anfiteatro con pantalla LED gigante, skate park, áreas de juegos para niños y de ejercicios, miradores, caminerías, ciclovías, parquización y estacionamiento, entre otras áreas. Aunque no dijeron ni mu sobre la situación ambiental del lugar.
Un negocio con terrenos
El retiro de la empresa hace más de 20 años significó 30.000 metros cuadrados con desechos tóxicos y un extraño negociado. Con respecto a lo último, hay que decir que la empresa Baradero S.A retiró la planta en 1993 y seis años después el cuestionado abogado Raymundo Sosa compró el terreno al módico precio de 160.000 mil dólares. Un año después el mismo letrado cerró un negocio redondo: vendió el terreno contaminado a 580.000 mil dólares. La compra fue realizada por el Estado Provincial bajo la administración de Juan Carlos Romero, quien a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda adquirió los terrenos. A pesar de que el negocio inmobiliario fue denunciado en su momento las cosas hoy por hoy siguen igual.
Problemas ambientales
El negociado, sin embargo, no ahorró a los vecinos inconvenientes de otro tipo: los ambientales. Una vez que el predio pasó a manos del Estado se podía pensar que el objetivo sería el de mejorar las condiciones de vida de los vecinos pero nada de eso ocurrió. Ni antes ni ahora se llevaron adelante políticas de saneamiento ambiental rigurosas. Entre 1996 y 1997, por ejemplo, la municipalidad eliminó de forma parcial los desechos. De allí que durante los años 1997 y 2000 los distintos estudios realizados entre la Dirección de Medio Ambiente, la Municipalidad de Salta, la Secretaría de Minería y el Laboratorio Central del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) dieran a conocer que en el lugar existe una alta concentración de boro soluble que esta por fuera de los límites permitidos en el suelo cuya principal característica es la permeabilidad. Esa es la razón por la cual esas tierras se han vuelto no aptas para la vida vegetal y mucho menos para la vida humana. Un informe del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Salta explica el por qué de esta situación: el boro es un micronutriente esencial para el normal crecimiento de las plantas en concentraciones bajas (0.2 mg), pero sobrepasado ese límite es letal para el mundo vegetal y tanto en el organismo humano como animal puede resultar perjudicial para la salud.
El INTA, por su parte, comunicó en un informe un aumento considerable de boro soluble en el intervalo de los primeros 130 cm de profundidad. No sólo eso, también detallaba que en el lugar y a medida que el suelo seguía contaminándose, el boro iba a continuar dispersándose ya que se incorporaba y se filtraba en las napas de aguas a través de las lluvias. Conviene recordar que el informe en cuestión fue realizado en el año 2000 y se reafirmó en el 2001. Diez años después, es fácil imaginarse la situación de las napas de aguas. Al respecto, otro informe puede dar cuenta de esa situación. En el año 2008 la Provincia se responsabilizó en sanear las tierras a través de la Dirección de Saneamiento Hídrico dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos y en informes realizados a través de muestreos de agua dieron a conocer lo que se preveía: que la contaminación de las napas con boro se había dispersado de ese punto de la ciudad y ya alcanzaba a la zona sudeste perjudicando a barrios cercanos al Estadio Martearena.
Si el lector se está preguntando cómo resolver la cuestión, una posible repuesta aparece en el informe del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Salta ya citado. Allí se propone que para mitigar el impacto ambiental es necesario el proceso denominado de fitorremediación que se basa en la capacidad de algunas especies vegetales de absorber, transformar, secuestrar o degradar directa o indirectamente algunos contaminantes que se encuentran en la zona. Nada de eso se ha puesto en práctica y el predio conocido como “la bora” permanece en total abandono, sin posibilidad de vida vegetal alguna, ni apta para la actividad recreativa.
El estado, en definitiva, sigue careciendo de un plan de saneamiento que pueda promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Y lo que es más peligroso aún es saber que mientras el lugar no sea saneado como corresponde, los desechos tóxicos derramados hace más de 20 años van a seguir filtrándose y expandiéndose por las napas y pozos contaminando así uno de los recursos que en estos tiempos tanto debemos preservar : el agua.
En ese marco, y teniendo en cuenta la importancia económica de la actividad minera en la región del NOA y sobre todo la explotación de boro en Salta, es imprescindible que las autoridades y los diversos organismos competentes garanticen el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y la Ley Nacional 20.051 sobre residuos peligrosos, que en su decreto reglamentario Nº 831/93 considera al boro como un residuo peligroso.
