Una charla sobre aborto para estudiantes en el colegio Carlos Pellegrini volvió a ubicar en la agenda la despenalización. Asociaciones obstétricas aseguran que los abortos clandestinos producen el triple de muertes que indican las cifras oficiales.
La situación vivida ayer en el colegio secundario Carlos Pellegrini en donde una agrupación política brindo una charla sobre el tema para estudiantes secundarios, reavivó el debate en torno a la despenalización del aborto.
En ese marco, el diario La Nación publicó un amplio informe en donde entre otras cosas se resalta que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) y la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM) “aseguran que se produce el triple de muertes por aborto inducido de las que se indican en las estadísticas oficiales”.
La investigación reproduce los mensajes de WhatsApp con que promocionan las prácticas clandestinas de una organización que se dedica a realizar abortos quirúrgicos en la Capital Federal y posee consultorios en Monserrat y Congreso por montos que cobra entre 8000 y 10.000 pesos.
Según el artículo 86 del Código Penal: «El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente» aunque miles de mujeres abortan todos los días por fuera del sistema de salud público, con cirugía y con medicamentos, que son los métodos menos inseguros, pero también los más caros. Quienes no tienen los medios suficientes suelen acudir a otras técnicas que ponen en mayor riesgo su salud y su vida.
Un aborto quirúrgico practicado por un médico, en forma clandestina, cuesta cerca de 1000 dólares. La variable de ajuste del precio es el grado de evolución del embarazo. El médico cirujano G.C. atiende en Tandil. Contó a LA NACION que cobra desde 12.000 pesos por practicar abortos quirúrgicos por aspiración, hasta los tres meses de gestación. El monto sube de acuerdo a la cantidad de semanas. El procedimiento, mientras más avanzado está el embarazo, es más complejo, más riesgoso y puede llegar a costar 50.000 pesos.
Ante las críticas, responde sin titubear: «La mujer que está decidida a hacerse un aborto lo va a hacer de cualquier manera. Es su decisión y lo mejor es ayudarla a que no termine en manos de inescrupulosos, que lo haga de forma segura. Tengo más de treinta años de cirujano, sé manejar todo lo que pueda ocurrir».
Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Salud de la Nación y en el de la Ciudad dijeron que el tema de la fiscalización corresponde al Ministerio de Seguridad. Pero en esa cartera recomendaron comunicarse con Salud o Desarrollo Social. En las tres dependencias dijeron que el tema del aborto clandestino no es de su competencia.
Sin datos
En el «Protocolo de atención integral de los abortos no punibles», que lanzó el mismo Ministerio el año pasado (cuando aún estaba bajo la órbita kirchnerista), se cita un trabajo de 2009 que asegura que hay entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año en el país. Pero estos números representan sólo una fracción de los que ocurren anualmente. Se basa en las hospitalizaciones en establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos, que no distinguen entre abortos espontáneos y provocados. Tampoco incluyen los abortos clandestinos, justamente por la imposibilidad de acceder a esa cifra.
Según un estudio de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) la principal causa de mortalidad materna es el aborto. Se estima que entre el 35 y el 45 % de las muertes maternas en nuestro país se deben a complicaciones del aborto inducido.
Un estudio de Sogiba pedido por el Ministerio de Salud de la Ciudad en 2010 mostró que en la Capital, por cada muerte materna, hay dos que no se registran como tales. Y que ese subregistro aumentó en las últimas dos décadas, según el estudio sobre más de mil muertes maternas y de la revisión de 400 historias clínicas en los hospitales públicos y privados porteños.