Un procedimiento policial en el barrio Siglo XXI terminó con un hombre muerto y tres efectivos imputados. La comunidad exige justicia mientras se investigan los hechos.
El fiscal penal Leandro Flores, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, solicitó juicio para tres efectivos policiales involucrados en la muerte de Gerardo Vargas, un hombre de 35 años, ocurrida el pasado 13 de julio en el barrio Siglo XXI, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Julio César Figueroa, quien conducía el móvil policial que embistió a Vargas, enfrenta la imputación de homicidio simple. Además, los efectivos Gabriel Teyssier Alemán y Cristian Nieva fueron acusados de encubrimiento agravado por su presunta omisión al no reportar adecuadamente los hechos ocurridos.
La fiscalía sostiene que, durante un procedimiento policial, Figueroa no realizó maniobras para evitar atropellar a Vargas, quien estaba en la vía pública. Asimismo, los acompañantes del conductor no habrían informado de manera precisa lo sucedido, ocultando detalles relevantes del incidente.
De acuerdo con la investigación, los efectivos acudieron al barrio en respuesta a un llamado por disturbios en la zona. Según testigos y familiares, Vargas estaba sentado en la vereda junto a amigos cuando el móvil policial lo atropelló. Las heridas que sufrió resultaron fatales, y el hombre falleció dos días después, el 15 de julio, en el hospital San Bernardo.
Mientras la versión policial indica que acudieron por un enfrentamiento entre varias personas armadas, los familiares de Vargas niegan que estuviera involucrado en una pelea. “Mi primo estaba sentado con amigos tomando una cerveza cuando lo atropellaron. No estaba haciendo nada malo”, expresó su prima, Maribel Burgos.
En el requerimiento de juicio, el fiscal Flores incluyó pruebas clave como testimonios y pericias accidentológicas. Estas evidencias revelan que el móvil policial impactó a Vargas sin realizar maniobras para evitarlo. Además, los dos efectivos que acompañaban al conductor habrían omitido reportar lo sucedido, incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos.
Reclamo de justicia y protesta vecinal
La familia de Vargas, apoyada por vecinos del barrio, realizó protestas y cortes en la zona tras el incidente, exigiendo justicia. “No es un animal. Por más que tuviera adicciones o estuviera tomando, no merecía morir así”, manifestó Nélida Gallardo, tía de la víctima.
La indignación también se extendió hacia otros vecinos que, según los familiares, minimizaron el hecho. “Algunos decían ‘uno menos’, como si su vida no tuviera valor”, lamentó Gallardo.
Gerardo Vargas era padre de seis hijos y trabajaba en el vertedero San Javier, de donde obtenía juguetes y ropa para ayudar a su familia. A pesar de sus problemas de adicción, era conocido por su solidaridad con sus allegados y su esfuerzo por salir adelante.
El caso avanza hacia el juicio. Este hecho reaviva el debate sobre el accionar policial en contextos de alta vulnerabilidad social y la necesidad de garantizar la transparencia en los procedimientos de seguridad.
La familia Vargas clama por justicia y espera que el juicio no solo esclarezca lo ocurrido, sino que también siente un precedente para evitar tragedias similares en el futuro.
