La resolución 783/13 suspendió la otra que había originado la toma del rectorado que aún continua. Un mapeo del modelo de gestión implementado por la gestión Claros en la U.N.Sa., ilustra el proceso de precarización y desjerarquización universitaria que explica la fuerza de una protesta que aún no termina. (Eusebio E. Marai)
La ya famosa toma se da en un escenario de no cumplimiento de normas del estatuto de la universidad a través de dictámenes y resoluciones que atentan contra el primero. Y es que como al soberano no siempre le alcanzan las leyes que dicta y entonces, ese soberano, decide discrecionalmente quienes deben cumplirlas las reglas y quiénes no. Una de las tantas formas son las excepciones al Régimen de incompatibilidad (res. 240/07) que establece un tope de 50 horas semanales que puede tener un docente universitario de Dedicación Exclusiva (más 10 horas dentro del ámbito universitario ante determinados convenios). Desde 2011 hay una carrera, la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas, en la que todo profesor está exceptuado del régimen, seres especiales para quienes no rigen las mismas normas que para el conjunto.
“Ahí hay un antecedente peligroso. Alienta a que la gente acumule más cargos, pequeños y sume a su sueldo con carguitos más chicos y no tenga posibilidades de hacer extensión, gestión. Son profes taxis, que se dedican a dar montones de clases y no tienen tiempo de hacer las otras cosas inherentes al hacer docente”, expresó el secretario General de ADIUNSa, Jorge Ramírez. Según la Res. 320/10 la disposición se dirigía a sortear el régimen para 19 docentes. Esta modalidad se replicó para quienes trabajan en las nuevas sedes, Metán y Rosario de la Frontera (Res. 533/11), “si se quiere comprensiblemente porque había que cubrir cargos que no estaban en un convenio, pero a eso se sumaron luego nuevas excepciones al Régimen para que gente que trabaja en la sede central pueda tomar cargos en las sedes” añadió el secretario gremial.
Luego, a algunos docentes en particular, designados por la Facultad de Ciencias Económicas, se les permitió acumular hasta 70 horas semanales, lo cual está mucho más allá de lo que la UNESCO marca como tope del trabajo de un docente universitario. “Los argumentos son terribles porque se basan en que el docente no cumple todas esa horas, y estamos creando una ficción porque hay docentes que sí las cumplen. Hay gente sujeta a un régimen que dice que no pases de las 50 horas, que tiene una dedicación exclusiva de 40, que tiene el titulo bloqueado y otros que pueden sumar un montón de carguitos, que por lo tanto les entra más plata” pero que no tienen posibilidad de hacer las otras tareas que componen el rol del docente universitario.
Es violatorio de los derechos como trabajadores. Deberíamos volver a los primeros tiempos de las luchas obreras, por las ocho horas semanales dice Ramírez, algo que para el dirigente son pinceladas del modelo universitario que se está formando. “Todos estos ajustes que ahora son detonantes, la suspensión de los cargos del Personal de Apoyo Universitario (los PAU), luego la suspensión del pago de haberes a las docentes auxiliares, luego la res. 340 que suspende concursos, muestra hacia donde apunta la gestión, que habla y sale a los medios anunciando nuevas carreras Cosa que no está mal pero sin preguntarse en qué condiciones se van a dar esas carreras”.
Medicina: tigre de papel
Justamente una de las iniciativas extraterritoriales de la gestión es el curso de ingreso a la carrera de Medicina de la Universidad de Tucumán. Un curso que en esas latitudes es pago aquí se brinda gratuitamente por convenio tripartito entre esa casa de estudios, la salteña y el gobierno provincial de la linda (Res. 329/13). Y es totalmente gratis, tanto es así que los docentes de esta empresa protomédica no han cobrado tras casi tres meses de clases. Tampoco tienen designación, es decir que lo hacen de pura fe.
Para el Curso de Iniciación a los Estudios Universitarios de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, la UNSA pone 200 mil pesos, aprobados en el presupuesto en la Res 260/13. “Cada cosa que ahora se toma se hace en condiciones más precarias que antes. El CIU de Medicina se atiende con incentivos, no con salarios, y en este caso se violan derechos laborales, no se respeta el escalafón docente, un acuerdo nacional que se establece en todo el país. Además paga menos que un cargo simple”. La lógica es mantener una permanente ampliación de la oferta en condiciones cada vez más precarias y con menos posibilidades de sostener la calidad académica. Este tigre de papel se sostiene sobre bases muy endebles, como el mantenimiento –por pura estética- de las tres sedes en que se da, pese a la estrepitosa deserción de alumnos.
Obra social
Una de las reivindicaciones de los asambleístas de la toma es la inclusión política de más sectores y la revocación de la resolución 288 que pretende manejar los concursos docentes desde el Consejo Superior. El manejo político de los cargos crea las condiciones de una ciudadanía selectiva, dado que el arbitrio de a dónde van los cargos regulares, que son los únicos que tienen voto, cimenta una desciudadanización planificada y deliberada.
Lo que parece no estar previsto es el desfinanciamiento de la obra social (OSUNSA). “Muchos de los cargos simples son de personas de Económicas que suman a un (cargo) exclusivo. Pero a nivel de auxiliares, son muchos los que se están nombrando y no son exclusivos y tampoco vienen para sumarse a una semidedicación (20 horas) sino solamente van a ser cargos simples (diez horas). Como todas las personas tienen el mismo derecho en la obra social, podría llegar a desfinanciarse y tener un déficit”, señaló Gerardo Bianchetti, Magister en Educación y profesor titular en la materia Política Educacional en la Facultad de Humanidades.
Como toda caja, los afiliados de menor sueldo aportan porcentualmente menos pero hacen el mismo uso de la obra social. “Hay que ser cuidadoso, y como no se da información, no se sabe que está pasando” añadió el pedagogo.
Claros unifica a todos contra él
En una mesa de prensa histórica en la que las tres organizaciones que representan a los claustros se reunieron, Martín Corregidor, el secretario General de la Asociación de Personal de Apoyo Universitario (APUNSa), expresó su adhesión a la toma. Es que el personal de apoyo se vio perjudicado por la resolución 285 por la que se modifica su planta “sin consenso, sin dialogo”. Los trabajadores pararon el 21 de agosto, con una adhesión del 95%: “el motor común es el ajuste pero no tiene puntos claros y encontramos otro punto de coincidencia que es la falta de información” manifestó Corregidor.
Al personal PAU, se le achacó que crean déficit en el inciso 1 (cualquier coincidencia…). Según manifestó el dirigente, ellos demostraron en una asamblea que tales números no existen y quisieron corroborarlo con datos oficiales pero aún siguen esperando esa información. Tienen una comisión paritaria a nivel particular, y desde la 285 para acá “hemos notado que niegan ese ámbito de discusión para resolver la problemática del sector no docente”.
Lo que por estos días los PAU llegan a enterarse es que en una suerte de pulseada, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Carlos Puga, redobla la apuesta y mediante la Res 510/13 prorroga nuevamente el llamado a concursos PAU.
En esa precariedad de los PAU está inscripta, sin embargo, el triunfo del personal jerárquico de la universidad. En medio de tantas tribulaciones por rojos y déficits, la resolución 293/13, del 8 de agosto establece un aumento del 20% en viáticos para funcionarios para las “misiones oficiales que se realicen en la CABA y la Provincia de Buenos Aires”. Además, el pago de autoridades supera los 800 mil que se dijera y se trepa largo arriba del millón de pesos mensuales. Son cerca de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000), según la grilla salarial explícita en resolución del rectorado 451/13. Mensuales.
Luchas colectivas e individuales
En la U.N.Sa. también inquieta que las iniciativas más acertadas del gobierno nacional no se implementen mientras nadie sabe con precisión el destino de los fondos girados por nación. Es el caso del Programa Polos y Nodos cuya encargada no percibe su sueldo e inicio una demanda contra la universidad.
El programa surge para democratizar la producción de contenidos para la Televisión Digital Abierta desde el Ministerio de Planificación Federal, como una política pública de inclusión y federalización de contenidos en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522). Polos y nodos dio a las universidades nacionales la administración del recurso para la creación de bancos de contenidos. En Salta, la utilización de esos recursos ha sido un verdadero parto.
Solo un dato. Frente a las tres audiencias de conciliación que se realizaron en el Ministerio de Trabajo por el no pago del sueldo por el término de un año a la Coordinadora del Nodo Salta hasta el 30 de abril, Ana Inés Etchenique, por no presentarse el representante del rector Claros; la docente de la materia Televisión inició este jueves un juicio laboral a la Universidad. La irresponsabilidad deviene de que la universidad tenía al dinero para el funcionamiento del Nodo entre el que se contaba ese ítem. Lo lamentable es que la indemnización que devenga de ese juicio deberá pagarlo la universidad, aunque por los tiempos de la justicia está claro que la actual gestión que es responsable dela irregularidad ya no estará al frente de la universidad. “Es una política pública y como la ley de medios, evidentemente no le cierra al rector, entonces lo dejaba caer… la no acción como política” opinó Etchenique, y detalló: “se pierden los expedientes, van de un lado a otro, después él desconoce: él no dijo esto, etc. que se caigan las cosas de lo que no le interesa”.
Así también ocurrió con los montos depositados para el micro «Ahí va» para el que entregaron el dinero fuera de todo plazo. Salta fue el único nodo de los 37 en todo el país que no los presentó. Otra omisión como política de la no política pública es el Canal Universitario. Cierta tozudez jurídica e impasividad cultural caracteriza a esta administración. En la reunión de la RENAU donde se debía llevar toda la información solicitada para gestionar el Canal Universitario era en abril. La no asistencia deja a Salta, fuera de las posibilidades históricas que se ofrecieron a través de políticas públicas.
