El presupuesto 2017 finalmente tomo la demanda de los jefes comunales vinculada a la devolución del 15% de coparticipación. Breve historia de un porcentaje que surgió con un ley de 1976.

La historia de ese 15% se retrotrae a la ley 5.082, de diciembre de 1976, que había establecido que un 15% de lo recaudado por el sistema tributario provincial y el régimen de coparticipación federal debía transferirse a los municipios.

El artículo segundo de esa ley fue modificado en agosto del año 1992 (ley 6.678) de la mano del gobernador Roberto Ulloa. Por la misma se estableció que el 3% de los 15 puntos porcentuales debía aplicarse al financiamiento de inversiones de trabajo público y bienes de capital. Traducido: esos montos ya no eran de libre disponibilidad para los municipios.

A fines del 2010 y a instancias de Urtubey, la ley 7.651 dispuso que el 1,5% de ese 3% que Ulloa arrebató a los jefes comunales volviera a la condición de libre disponibilidad municipal, mientras que el restante 1,5% se integraba a un Fondo Compensador cuya distribución dependía de los criterios del poder ejecutivo provincial a la hora de diseñar el presupuesto anual.

Esa reforma formaba parte de muchas medidas con que el Grand Bourg sellaba un acuerdo con los jefes comunales que explica en parte importante porque desde los municipios del interior provinieron contundentes triunfos electorales del Grand Bourg: transferencia de cientos de millones desde entonces a través de una  mayor coparticipación del Fondo Federal Solidario, la Descentralización de la Ayuda Social e incluso del Fondo de Reparación Histórica que beneficio a los municipios de tres departamentos del norte; dos de ellos – San Martín y Oran – con un padrón electoral que reúne el 24% de los electores de la provincia.

Y ahora, ese 1,5% que faltaba vuelve a ser de libre disponibilidad para los municipios tal como se incluyera en el presupuesto que hoy recibirá media sanción en la Cámara de Diputados. De allí que las planillas anexas del presupuesto muestren una variación con respecto a la del año anterior. Y es que hasta el presupuesto 2016, esas planillas dedicadas a las transferencias que se realizara a los municipios mostraban tres columnas: una indicaba los montos que correspondían a los municipios por el 12% de coparticipación, otro que daba cuenta de 1,5% devuelto en el 2010 y una tercera detallaba los montos transferidos en concepto de lo recaudado por las retenciones a las soja.

A esas tres se le sumó ahora una cuarta que da cuenta del otro 1,5% de transferencias que fue anunciado a fines de noviembre. En número duros ello significaran $3.679.313.439 de transferencias directas contra los $2.375.778.822 que los municipios recibieron este año. Cifra que sumada a los $562.450.000 que provienen de las retenciones a la soja y los $494.622.196 por la descentralización de la ayuda social suman un total de $4.736.385.636 que los intendentes celebraron a la hora del anuncio.

A ello debemos darle una lectura política en tanto siendo el 2016 un año de abiertas tensiones entre el Grand Bourg y los intendentes, tal devolución es una medida diplomática que en vez de crear nuevos equilibrios busca conservar el vigente: evitar que los jefes comunales quieran imponer un candidato a diputado nacional y se contenten con seguir al candidato que Urtubey designe al que deberán apoyar con sus respectivos aparatos territoriales.

Esa es la condición de posibilidad de un triunfo de esa fórmula que permitirá al gobernador seguir teniendo chances de ser candidato presidencial.