El máximo tribunal se expedirá el 26 de marzo. El debate se producirá a raíz del caso Garcia, en el que se cuestionó el cobro de este tributo.

La Corte Suprema de Justicia definirá el 26 de marzo si los jubilados deben seguir pagando el impuesto a las Ganancias. El debate se producirá a raíz del caso García, quien cuestionó el pago de este tributo.

El temario que el Máximo Tribunal tratará a comienzo de año, fue definido por los cinco integrantes de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda a fines de febrero.

Según cifras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sobre un total de 7 millones de adultos mayores y pensionados, unos 300 mil jubilados pagan Ganancias. En concreto un jubilado paga este impuesto si gana más de seis haberes mínimos, es decir, $62.400.

Ahora, la Corte deberá determinar si es constitucional que eso ocurra. En el caso Calderale, el más reciente, la Sala II de la Seguridad Social determinó que es “inconstitucional” que el Estado le cobre Ganancias a los jubilados.

Los argumentos consistieron en que el haber no puede ser objeto del impuesto porque se trata de un salario “diferido”, ya que ese jubilado ya pagó Ganancias de sus ingresos cuando era trabajador activo.

Además, la Sala estableció que “las jubilaciones o pensiones no configuran una gracia o favor del Estado sino que es una deuda de la comunidad hacia el jubilado que prestó servicios para el Estado”.

Anses, el organismo encargado de apelar esa medida, consideró que el Estado decide qué excepciones puede tener un impuesto a través del Poder Legislativo, y agregó que el alegato de la irracionabilidad de que jubilados paguen Ganancias es relativo, dado que solo el 4% (300.000 de los 7 millones) están alcanzados hoy en día.

Además, el organismo previsional sostuvo que ya existe un fallo supremo antecedente sobre esta materia. Al respecto, cabe recordar que la Corte se pronunció en 2014, sobre un caso similar, y consideró que es el Poder Legislativo el que debe agregar o excluir a los haberes de la lista de excepciones del impuesto.

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