Con un tono firme y argumentativo, el constitucionalista Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que había accedido por nombramiento en comisión a través del decreto 137/2025. Lo hizo mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que denunció el deterioro institucional y la parálisis que atraviesa el máximo tribunal del país.

La dimisión se produjo luego de que el Senado rechazara su pliego en comisión, en medio de acusaciones políticas que el jurista calificó como “excusa inverosímil” y “espejismo institucional”.

“La Corte no puede seguir funcionando con una integración incompleta”

En el escrito fechado el 7 de abril, García-Mansilla justificó su decisión señalando que la falta de integración plena del tribunal es un “grave problema institucional que requiere una solución urgente”. Advirtió que “naturalizar una vacante en un cuerpo colegiado de tan solo cinco miembros es institucionalmente insostenible” y consideró ilusorio creer que el uso de conjueces puede suplir la falta de jueces titulares.

“Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional”, sentenció.

Críticas al Senado y defensa de la constitucionalidad

García-Mansilla también defendió la validez jurídica de su designación por decreto, asegurando que se ajustaba a lo establecido por el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Lamentó, sin embargo, que su postulación haya sido rechazada por senadores que, según él, tergiversaron sus declaraciones mediante un video editado y “lo acusaron falsamente de no reunir condiciones morales”.

“El rechazo de mi pliego no se basó en la legalidad ni en la idoneidad jurídica, sino en una especulación política”, remarcó el jurista, cuestionando con dureza la “inacción inicial” del Senado para tratar su postulación, pese a que —según indicó— no existía ningún trámite pendiente que lo impidiera.

Una advertencia al sistema político

En un tono más amplio, García-Mansilla alertó sobre la gravedad institucional que supone la demora en cubrir cargos clave como el de Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, vacantes desde hace años. Habló de “inacción, indolencia y desprecio por la independencia del Poder Judicial” y sostuvo que su renuncia podría funcionar como advertencia para acelerar soluciones.

“Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente”, expresó.

“Empecé esta carta como juez, la termino como ciudadano”

En el tramo final de su carta, el académico volvió sobre el principio republicano de la división de poderes y apeló al compromiso ético e institucional del Poder Judicial como piedra angular de cualquier proceso de transformación nacional.

“El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado”, afirmó sin alusiones personales, pero con un mensaje claro hacia la dirigencia política.

A modo de cierre, agradeció al presidente Milei por la confianza depositada y expresó su deseo de que la República encuentre el rumbo institucional que necesita: “Que Dios lo ilumine y que el futuro de la República Argentina sea, finalmente, el que todos nos merecemos”.