Como ocurrió con la elección de jueces, en el INTA aseguran que un concurso para elegir la autoridad en Salta contó con un tribual que benefició a un bendecido por la política. Un gremio ya denunció los vicios que contaminaron al solemne mundo de los científicos. (D.A.)
No es raro que los sectores pudientes asocien la corrupción a los ámbitos iletrados aunque varios ejemplos desmientan el prejuicio. Los escándalos protagonizados por la Justicia en la selección de jueces son un ejemplo, y a ellos se suma ahora el caso de uno de los organismos más prestigiosos a la hora de desarrollar tecnología aplicada a la producción agropecuaria: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que está ubicada en la localidad de Cerrillos y cuyo funcionario de máxima jerarquía es el Director de la Estación Experimental Agropecuaria Salta que depende del Centro Regional Salta – Jujuy.
Justamente ese es el cargo que debe cubrirse por medio de un concurso que terminó teñido por las sospechas, hiriendo la credibilidad del mecanismo con que se seleccionan a los postulantes. Hasta el cierre de nuestra edición no había definiciones al respecto, aunque las impugnaciones ya se comentaban en el organismo a viva voz, mientras la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria lo denunció por escrito.
El concurso se efectivizó entre el 22 y 23 de mayo pasado; la Junta de Selección de postulantes estuvo integrada por cinco miembros de los cuales dos provenían del ámbito nacional (Ana Cipolla en representación de la Dirección Nacional del INTA y Alejandro Lahitte como miembro del Consejo Directivo), mientras los tres restantes de la órbita regional (Facundo Trindade, Director de Centro Regional Salta – Jujuy; Federico Manero, miembro del Consejo Regional al igual que Liliana Pérez).
Los postulantes eran diez y las ternas quedaron reducidas a dos órdenes de méritos: una encabezada por el ingeniero agrónomo Bruno Baldi, quien recibió el apoyo de tres miembros del jurado mientras la otra recayó en la también ingeniera María Elena Toncovich, que recibió el respaldo de los dos representantes del INTA nacional.
A ésta última, los trabajadores del organismo la sindican como blanco de la animosidad de los jurados regionales. A pesar de ello, sólo Sergio Cortez, representante del gremio, estampó los cuestionamientos al concurso en una nota que el 24 de mayo remitió al Secretario Nacional de esa Asociación. El relato allí expuesto provenía de la condición de veedor al que tienen derechos los representantes gremiales en los procesos de evaluación que según la “Tabla de ponderación” se utilizan incluyen la evaluación de los antecedentes de los postulantes, entrevistas psicotécnicas, propuestas de gestión para el desempeño del puesto y el desempeño de los postulantes durante la entrevista técnica – situacional.
Las denuncias
Cortez denunció en el escrito que la animosidad contra Toncovich fue manifiesta en el caso de Liliana Pérez, quien como miembro del jurado habría vulnerado el principio de igualdad de oportunidades y trato con la mujer. Los datos empíricos que aportó como prueba se centraron básicamente en dos aspectos: mientras a nueve de los diez concursantes se le realizaron similares preguntas durante la entrevista, a Toncovich le hicieron otras y entre ellas se le solicitó una opinión sobre un conflicto de toma de tierras en Cafayate ocurrido hace ocho años, cuando la entrevistada no se desempeñaba como directora del organismo en el lugar.
No fue ese el único cuestionamiento: se enfatiza que antes de que los órdenes de méritos se redujeran a los dos mencionados, la Junta de Selección había elaborado tres: una suscripta por dos miembros del tribunal merituaba con la mayor puntuación a Toncovich; otra suscripta por otros dos jueces que se inclinaron por Baldi; y una tercera suscripta por la propia Liliana Pérez que daba ganadora a Daniela Chávez Clemente, quien finalmente fue descalificada porque su examen psicotécnico no logró satisfacer a la mayoría de la Junta.
Ante ello, asegura Cortez, la animosidad de Pérez contra Toncovich y el rol del Director Regional Facundo Trindade deslizaron a la primera a optar por Baldi, quien así se quedó con lo que bien se podría denominar el dictamen de mayoría. Lo repudiable, según el representante gremial, es que Trindade “manifestó que él quiere a Baldi como Director por cuanto hay dos grupos enfrentados en la EEA Salta ‘Legumbres y Cultivo Extensivos’ y ‘Economía y Sociología Rural’, donde la ing. Toncovich tienen preferencia por el grupo de Economia”.
El polémico criterio empleado por el Director Regional por la naturaleza subjetiva del mismo, fue recusado también por carecer de pruebas que confirmaran la acusación y por la enfática impugnación de Cortez que calificó a Trindade de ser un funcionario que ingresó al organismo y a la conducción del mismo tras pocos meses careciendo a la fecha de una caracterización razonable del personal.
En ese marco, las planillas de evaluación de los postulantes poseen algún valor analítico al respecto. Mientras la elaborada por los jurados que provinieron del ámbito nacional contempló un puntaje de 88 sobre los 100 posibles para Toncovich contra los 76 de Baldi, las elaboradas por los supuestos benefactores de este último le otorgaron 78 sobre los 100 posibles contra los 77 de Chávez Clemente y los 74 de María Elena Toncovich.
Un dato de esas valoraciones es por demás sospechoso: de los ocho ítems evaluados por el jurado que optó por Baldi, en siete Toncovich tuvo una puntuación superior al del joven profesional. La diferencia era tal que para desequilibrar el puntaje final en favor del primero sus benefactores concluyeron que la gran diferencia entre uno y otro postulante era la propuesta de gestión en la que calificaron con 18 puntos a la mujer y con 30 al joven.
La diferencia resultó impresionante para todos los involucrados, sobre todo si se tiene en cuenta que los jurados nacionales le dieron una calificación similar a Baldi en ese ítem aunque a la propuesta de Toncovich la calificaron con un 32.
El operador
Aunque ninguno de los consultados desenfunde datos precisos que lo confirmen, son varios los que aseguran que quien está detrás del manejo turbio del concurso es Roberto Cha. Se trata de un productor vinculado a entidades rurales de la provincia.
Si bien nadie puede ubicarlo hoy en el organismo, sí aseguran que es la figura que susurrando a los oídos adecuados logra influir en el control de un organismo clave para su sector. Actualmente preside la filial local de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) que forma parte del Consejo Nacional del INTA y presidió también el Consejo Regional del INTA en Salta y Jujuy, cargo que al ser dejado por el propio Cha fue ocupado por Federico Manero: el otro miembro del jurado que optó por Baldi.
Dicen las lenguas que Roberto Cha durante su paso por el organismo conoció las potencialidades del mismo y los finos secretos con que se puede influir en sus políticas si es que se cuenta con las personas adecuadas en los lugares adecuados.
