A 12 años del caso La Ciénaga y a 11 del lanzamiento del Fondo de Reparación Histórica, la justicia podría volver la mirada hacia las administraciones de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. ¿Reacción tardía o conveniente casualidad?
En un lapso no mayor a 72 horas y de manera llamativamente extemporánea, el Ministerio Público Fiscal desempolvó dos de las denuncias por corrupción más graves del último cuarto de siglo. Se trata nada menos que de la apropiación ilegal de terrenos en La Ciénaga durante la gestión Romero y de la pulverización de partidas del Fondo de Reparación Histórica durante la gestión Urtubey.
Ambas denuncias fueron sistemáticamente ignoradas en los últimos años. Las presentaciones formales en torno a los desmanejos del Fondo de Reparación Histórica datan del año 2020 y tienen como voz cantante al diputado provincial MC Héctor Chibán. La causa La Ciénaga, en tanto, data del año 2010, cuando el -por entonces- diputado provincial Carlos Morello -hoy funcionario saenzista- denunció al exgobernador Juan Carlos Romero por la apropiación y venta irregular de 90 hectáreas. Todas las actuaciones fueron invalidadas en agosto de 2018 cuando la causa fue vuelta a “fojas cero” por los jueces Pollioto y Medina. Desde entonces y hasta estos días, la inacción judicial fue algo más que evidente.
Con un increíble “timing”, los dos exgobernadores vinculados a las causas mencionadas fueron invocados mediáticamente en la semana que culmina. El caso que involucra al actual senador nacional fue traído a colación por el Procurador General, Pedro García Castiella, en una entrevista radial. El jefe de los fiscales aseguró que “Todos los delitos de la Provincia se van a investigar cómo se está haciendo. Esto está en una situación de indefinición que amerita una respuesta del Estado”.
El denunciante de Juan Manuel Urtubey, por su parte, fue citado a declarar luego de que la ¿renovadora? Cristina Fiore remitiera una nota al Ministerio Público Fiscal para que informe si había alguna denuncia activa por los delitos mencionados. ¿No se habrán demorado un poco?
Chibán al Fondo
El exdiputado radical fue recibido el miércoles por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien le pidió que se explayara sobre las denuncias que había hecho a raíz del fallecimiento de integrantes de las comunidades originarias de la provincia y su posible vinculación con el desvío de partidas del Fondo de Reparación Histórica y del Plan del Bicentenario.
Una vez concluida su declaración, el denunciante se despachó en redes contra lo que consideró un hecho llamativo: haber sido citado primero por llamada telefónica y luego a través de una cédula personalísima. En el acta realizada por la fiscalía en base a los dichos de Chibán se puede leer: «La denuncia iniciada bajo Expte. Administrativo Nº 2840/20 fue remitida a Tartagal y donde se investiga el fallecimiento de miembros de la Comunidad Wichi caratulado Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público sin que se profundizara la investigación por el uso de los fondos correspondientes al denominado Fondo de Reparación Histórica y Plan Bicentenario». El texto, por momentos, toma la forma de una justificación inverosímil de la inacción que recayó sobre la causa en los últimos dos años.
“Llama poderosamente la atención que esta citación se efectúe recién cuando una legisladora provincial presenta una nota con la clara intención de salvar cualquier responsabilidad penal y política al ex gobernador Juan Manuel Urtubey frente a los innumerables y gravísimos delitos que el suscripto le imputara en torno a los fallecimientos por desnutrición ocurridos en las comunidades originarias, las cuales fueron entre otras causas como consecuencia de la sustracción de los fondos pertenecientes al fondo de Reparación Histórica y Plan Bicentenario”, destaca Chibán más adelante.
Romero en su propia Ciénaga
Desde hace exactamente cuatro años la causa que investiga la apropiación y venta irregular de 90 hectáreas en La Ciénaga por parte de la familia Romero se encuentra cajoneada. Los responsables de aquella nefasta maniobra fueron los jueces Ramón Medina y Guillermo Pollioto, quienes volvieron la causa a fojas cero.
A 12 años de la denuncia y a 24 de los hechos denunciados, la causa podría reabrirse por pedido del Procurador General, Pedro García Castiella. En una entrevista radial, Castiella remarcó que “Necesariamente debe resolverse”. Se trata de las más grave de las denuncias que salpican al actual senador nacional y exgobernador Juan Carlos Romero. El mandamás de la famiglia eludió la justicia toda vez que fue citado.
En la causa La Ciénaga hay 13 imputados. Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Carlos Abeleira, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.
Lo que se investiga es la venta irregular de 90 hectáreas de la finca La Ciénaga, que la provincia adquirió el 5 de junio de 1998 a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación fue avalada por el ex escribano de Gobierno, Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.
En 2004, con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Lo curioso es que la gestión Romero decidió ese año transferir el predio mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004 a José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos. Es decir, una séptima parte de su valor de mercado. La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y cercana a Brizuela.
