Esta semana otro intendente ganó las primeras planas de los medios de comunicación locales, y aterrizó también en la prensa nacional. El titular del municipio de Coronel Juan Solá -Morillo- Miguel “Atta” Gerala padeció allanamientos y detención de un hijo y otro allegado en el marco de una investigación que da cuenta del robo de rieles de ferrocarril que pertenecen al gobierno nacional.
Cada vez son más y en menos tiempo. En la época en que gobernaba el romerato, solamente abrazaron los barrotes los intendentes Rubén Cabana de General Güemes y Sergio “Topo” Ramos de Rosario de Lerma. Lo que dicen que robaron en esa época parece una bicoca a lo que ahora embolsillan. Kilómetros de rieles, o caños de gas multiplican alguno que otro producto de raterismo que ya quedó atrás y no volverá.
Si se aplicara la misma vara que a otros alcaldes, Gerala padecerá en poco tiempo otra intervención de la legislatura para extirparlo del manejo del dinero público de los pobres rivadavianos, si la justicia federal no llega primero y lo detiene. No valdría la pena esperar que el PJ lo repudie o lo expulse, porque no existe antecedente alguno de que dirigentes de este partido hayan “buchoneado” a alguien. Son personas con códigos estrictos.
En este tiempo ya sucumbió por un crimen parecido Luis Prado de Aguaray que robaba caños del tendido de gas del famoso GNEA. Apenas duró unos meses pero se llevó algunos millones. Luego cayó Rubén Mendez Salazar, que en Salvador Mazza logró llenar una caja fuerte con dinero que todavía no logró explicar. Antes de él Carlos Villalba también fue apartado de su cargo por aparecer con maletines con plata en un prostíbulo en el centro de la Ciudad de Salta.
Para variar un poco Carlos Alfredo Martínez se hizo famoso por sus vínculos con el narcotráfico en Aguas Blancas, municipio peligrosamente comunicado con la frontera boliviana.
¿Qué más puede esperar la ciudadanía? ¿Que pasa con estos personajes públicos que ya muestra como patrón común su velocidad para corromperse? Hay otros intendentes que hacen cola en los pasillos de la justicia, como Julio Jalit que con más de 26 causas penales sigue en libertad y ahora maneja los destinos de Pichanal. O el ex intendente de Campo Quijano Carlos Folloni, que también recibió denuncias por desfalcos al igual que su predecesor Manuel Cornejo, que fue detenido y, por piedad, le han concedido prisión domiciliaria con tobillera incluida.
Existe un patrón común y es el proceso de selección de los candidatos de partidos políticos que sobreviven en las cercanías del justicialismo. Si no pasaron por las listas PJ, los mismos dirigentes peronistas les consiguieron partidos satélites para que dividieran electoral o hasta para asegurarles un triunfo. La calle Zuviría los recibió con brazos abiertos al momento de obtener el derecho a competir porque no existen filtros que aparten o distancien a los delincuentes de los honestos. Son los que ahora están en riesgo porque se viene una dura competencia en la que cualquier ciudadano que cuestione podría tener la bendición de un electorado fastidiado que solamente quiere votar “en contra de…”
Hay que aclarar que los cuatro intendentes detenidos, investigados o destituidos llegaron a la puerta de salida de sus municipios por obra de la justicia. También es cierto que las tropelías también merecieron investigaciones periodísticas. No ha existido para ellos la apertura de juicios políticos para destituirlos porque los concejos deliberantes de cada lugar están poblados de cómplices y porque la política no inició nunca la autodepuración.
La acumulación de poder en sus lugares de actuación política, sumada a una inclinación natural a desviar plata de todos a favor de sus intereses parece naturalizada y muchos otros más se dedican a armar negociados y nombrar adictos familiares o amigos cuya actividad pocos conocen. El semillero de la política local lejos está de cumplir mínimas expectativas.
Ni hablar de que gozan de un trato privilegiado en las dependencias que tienen que controlarlos, que no encuentran fraudes ni desviaciones, ni tampoco hacen aparecer denuncias. Hace poco Cuarto Poder difundió que un auditor general -Javier Cancino- tuvo como testigo de su casamiento a la diputada nacional Yolanda Vega, que debería algunas explicaciones por su gestión como intendenta de Cerrillos. ¿Cómo se garantiza que las investigaciones no terminen en cajones oscuros si tampoco se disimulan los favores?
La reconversión podría demorar demasiado, considerando que son “incorregibles” y que ya comenzó a correr el cronograma electoral luego de que Gustavo Sáenz convocara a elecciones para el próximo 4 de Mayo. Antes de eso diputados y senadores derogaron las elecciones PASO.
¿Serán los intendentes los que prevalezcan? ¿Que pasará donde se enfrentan diputados con senadores o legisladores con intendentes? ¿A quien hay que darle la única cuota de poder que queda?
Los tiempos se han acelerado y no existe margen para tanta disputa interna que se produce en cada municipio o departamento. Senadores o diputados con intendentes no siempre coinciden, y en muchos casos se odian. Es que el saencismo tiene en cada lugar varios referentes que siempre quieren expandirse, o al menos mantener su poder. Esta vez es poca el agua bendita y solamente en algunos lugares se eligen diputados o senadores. En otros solamente concejales.
Los más afligidos son los justicialistas de Salta, que jugaron a favor del riojano Ricardo Quintela en la interna nacional del PJ y que ya tienen a su candidato buscando que lo levanten los jueces porque la junta electoral lo dejó afuera. Cada vez está mas cerca la intervención del PJ y eso los obligaría mudarse de partido o arrodillarse frente a Emiliano Estrada, que nuevamente es el referente kirchnerista en Salta. En su cargo anterior este diputado nacional mostró sentido federal, aunque una investigación sobre lo que hizo con los famosos ATN (Aportes del Tesoro Nacional) podría tirarlo a la banquina. ¿Qué inventarán los “muchachos” para justificar que podrían salir por otra fuerza? ¡Lo que nadie duda es de que son capaces de todo!
