Hay serias irregularidades en el principal gremio docente de la provincia.

La actual comisión directiva de la Asociación Docente Provincial está en la mira de la justicia, después del descalabro heredado por la conducción de Patricia Argañaraz.

El Ministerio Público Fiscal de Salta evaluó que en la sede de Juramento nº 99 hubo alteración del fondo documental administrativo contable y habrían desaparecido expedientes, registros y computadoras.

El problema no es solo Argañaraz. También están involucradas personas de la actual conducción. Bajo la lupa quedaron Viviana del Carmen Figueroa como secretaria general, junto a Ana María Cerezo.

El pedido que se presentara ante la Autoridad Nacional de Trabajo, expone supuestas irregularidades por “Los fondos sociales que no se hallan depositados en su totalidad en cuentas bancarias, se ha podido corroborar que existen sumas de dinero fuera de toda registración en las cajas fuertes de ADP, que se encuentran en la sede de la calle Juramento 99 de la Ciudad de Salta.

Este grave incumplimiento a cargo del Secretario General y de la Tesorería de la Entidad repercute en la situación financiera contable de ADP y muestra un manejo cuanto menos informal de los aportes efectuados por los docentes” expone el texto jurídico.
Contexto del caso

Cabe recordar que en octubre del año pasado, el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.

Sobre las imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera de la Asociación Docente Provincial – Salta, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del “Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”. Por su parte, Raúl Dante Argañaraz –hermano de la primera nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Nicolás Demetrio Zissi, actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro del gremio, era mandatario con poder especial y estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.

A fines de diciembre se inició el pedido de intervención de ADP ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.