Con una profundización y aceleramiento del ajuste como única certeza tras la asunción de Milei se suceden interrogantes acerca de qué áreas del Estado serán las más afectadas. Ejercicio hipotético: supongamos que de verdad habría un recorte. ¿Qué hubiese pasado si la motosierra la empuñaba Robin Hood?
Con la asunción de Javier Gerardo Milei a la presidencia hay una cosa de la que estamos seguros: la economía experimentará un constreñimiento generalizado. Incluso con buena fe, suponiendo todavía que Milei actúa con convicción y pericia quirúrgica para operar un Estado deficitario en busca de enderezarlo, el ajuste es y será hecho consumado. Se convertirá en un shock de marasmo económico, tal cual viene prometiendo el propio presidente de La Libertad Avanza (LLA). Hasta hace pocas semanas, el libertario juramentaba que esos recortes serían a la “casta empobrecedora”, dejando implícito que el ajuste que prometía, porque siempre lo prometió, sería “enriquecedor”. Con las flamantes incorporaciones de la más rancia casta empobrecedora a su gabinete, la idea de que Milei seguirá ese precepto es cada vez más ingenua.
Sin embargo, la magnitud del ajuste prometido obliga a Milei a que ciertos efectos de su política económica de shock también golpeen a la casta empobrecedora. Aunque la faceta de gatito mimoso se hizo evidente en el falso León incluso antes de que se arrellanara en el sillón de Rivadavia, la motosierra ineludiblemente también recortará a la casta.
Si hay un sector de la estructura institucional de la política que podría verse como una casta es el Poder Judicial. A diferencia de los otros dos poderes tradicionales del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, las autoridades del Poder Judicial no se someten al voto popular. Ni directo ni indirecto, ni colegiado ni calificado, ni ponderado ni obligatorio, no son elegidos bajo ningún mecanismo comicial. A menos que hagamos propia la desvergüenza de parangonar una votación en la Legislatura con una votación democrática. El Poder Judicial es la casta por excelencia dentro de la administración de gobierno, ya que los poderes Ejecutivo y Legislativo, si bien tienen sus propias plantas de personas que no son votadas, cambian sus cúpulas con elecciones directas y obligatorias. Advirtamos esto porque gatito mimoso no demorará en pretender reformar el Estado para que la casta sea más casta: con la excusa del recorte del gasto, se puede anticipar que no sólo sacarán las PASO sino que, en el mediano plazo, abogarán por liberar la obligatoriedad del voto.
Sería una casta con todas las letras si los cargos se heredaran directamente, principalmente las magistraturas y las funciones más encumbradas. Y, aunque el nepotismo ha hecho sospechar más de una vez que en la Justicia hay cierto componente hereditario, si no por linaje sí por capital social, lo cierto es que se consustancian concursos, órdenes de mérito y otras instancias dentro de un mismo circuito, el abogadil. Por eso, la Justicia opera más que como casta como corporación. En Salta, en particular, esa corporación fusiona los linajes y el capital social, y es el poder de la alcurnia provincial.
Los jueces, una minoría en relación a la totalidad de trabajadores del Poder Judicial, cobran entre 3 y 6 millones de pesos por mes, tal cual calculan, aproximadamente, diversas fuentes judiciales. La información no es fácil de conseguir, el Poder Judicial no está acostumbrado a cumplir como debería con la publicación de todos sus actos de administración, mucho menos cuánto ganan los magistrados, fiscales y defensores. Quedándonos con las estimaciones más bajas, los 3 millones de pesos, un juez percibiría ingresos mensuales 20 veces más grande que el actual Salario Mínimo Vital y Móvil ($156.000). Las erogaciones mensuales por los jueces, 148 incluyendo los 9 jueces de la Corte de Justicia, resultarían en 444 millones de pesos por mes como mínimo y en 5.328 millones al año. Si, en cambio, se toma el máximo de los cálculos como promedio, es decir, 6 millones mensuales por cada juez, el número treparía a 10.656 millones de pesos al año en salarios de jueces. Cifra que no representa base imponible de ciertos impuestos, porque ni ahora ni antes los magistrados pagaron, por ejemplo, Impuesto a las Ganancias.
Bancando cholos
¿Cuánto gastamos en nuestra corporación judicial doméstica? El propio Poder Judicial ofrece datos al respecto. Según prometió en su reporte estadístico de 2022, cada causa que se abordó tuvo un costo de poco más 138 mil pesos ($138.355,16). Visto así, el funcionamiento judicial no parece tan deficitario. Sin embargo, el mayor gasto, como en prácticamente en todas las áreas del Estado -sin decir que eso sea un factor negativo- es en personal contratado. El Poder Judicial de Salta ejecutó en 2022 un gasto por encima de los 13.500 millones de pesos ($13.568.194.403, un 5% del presupuesto de la Provincia), sobre los cuales el gasto en “Personal” representó más de 12 mil millones ($12.316.709.466). En ese mismo año 2022, el Ministerio Público fiscal aportó su propio gasto en personal, aunque inferior. Mientras que en el Poder Judicial se registraron 2657 empleados, en el Ministerio Público fueron 1.443. La Justicia salteña suma 4100 integrantes, entre autoridades, funcionarios y trabajadores.
A su vez, ese gasto en humanos -el “Personal” son personas- en su mayoría son laburantes como cualquier otro. La mitad de los trabajadores del Poder Judicial no cumplen funciones judiciales (36,21%), si no administrativas (63,79%). No es menor la distinción, dentro del grupo de los funcionarios, profesionales y administrativos judiciales, la totalidad percibe ingresos suficientes para ser base imponible de lo que hasta hace poco se conocía como Impuestos a las Ganancias. Hay que subrayar que los magistrados están, además, agraciados por el beneficio de intangibilidad de sus ingresos, supuestamente bregando por su independencia, que los exime de pagar ciertos impuestos.
Si hay un aspecto para repensar en el “gasto en personal” de la Justicia es en las cúpulas y entre los funcionarios encumbrados, para nada entre la gran masa de funcionarios de bajo rango, trabajadores profesionales, administrativos y maestranzas. Como decíamos, tal cual las cifras que se calculan para los emolumentos de jueces, con un gasto anual de 12 mil millones en “gastos de personal”, como mínimo la mitad se va en remunerar a 148 personas/magistrados.
En el presupuesto del Poder Judicial otro importante concepto de gasto está representado por los “Servicios no personales”, en los cuales durante 2022 se gastaron prácticamente 413 millones de pesos ($412.864.938). Asimismo, se completa el presupuesto con “Bienes de consumo” (106 millones de pesos), “Bienes de capital” ($121 millones de pesos) y “Obras públicas” (62 de millones de pesos). Indudablemente, si es por acercarle sugerencias de ajuste, que las variables sean las que no involucran personas y, cuando se decida a avanzar por las personas, que empiece por las cúpulas, tal como prometió a quienes le creyeron y lo respaldaron con el voto anti-casta.
En ese sentido, si LLA blande uno de los blasones con los que amenazó empuñar la motosierra, la productividad y el valor de mercado, hay que subrayar un dato: los “Recursos propios generados” por el Poder Judicial en 2022 ascendieron a unos 53 millones ($52.744.220). Esa cifra representó nada más que el 0,40% del gasto total. Esto no sólo demuestra que el Poder Judicial es improductivo, demuestra que la productividad no es sinónimo de importancia y que, por lo tanto, no tiene por qué ser criterio para juzgar el óptimo funcionamiento de algunas instituciones, organismos y entidades. Las religiones son importantes y no tienen por qué ser productivas. Las universidades son importantes y no tienen por qué ser productivas. La Justicia es importante y no tiene por qué ser productiva. No al menos desde la óptica exclusiva del mercado.
¿Cómo ajustar a la corpo judicial?
Entonces, volvamos al ajuste que podría darse en Salta si Milei y LLA cumplen lo prometido de ir contra la “casta empobrecedora”. Suponiendo que finalmente se entrometieran con la vida de fastuosidad injustificada de los magistrados y funcionarios encumbrados, no con los esbirros, profesionales, administrativos y trabajadores de servicios generales. Si así ocurriese, por razones programáticas de la doctrina liberal-libertaria, no se avanzaría en cobrarles impuestos por los ingresos percibidos.
La forma sería, entonces, reconfigurando la nomenclatura de ingresos de los jueces. Pero ello, debrería hacerse re-planteando la lógica de esa nomenclatura, puesto que a partir de las percepciones de los magistrados se calculan las de toda la órbita judicial, funcionarios y litigantes, lo que llevaría a un reflejo corporativista automático de que todos los trabajadores del sistema judicial se opondrían. Si los jueces cobran menos y todos pasan a cobrar menos, ningún trabajador del Poder Judicial cedería a reconocer que hacen falta cambios para que la distribución de dinero en la Justicia sea más justa en relación con toda la sociedad.
Aplanando la diferencia entre los jueces y los trabajadores rasos de la Justicia sólo bajando las ganancias de los primeros, la mayoría de los empleados del poder judicial no experimentaría ningún perjuicio. Los jueces y funcionarios encumbrados, en cambio, se verían afectados en su vida de jeques. ¿Saldrían esos cientos de magistrados perjudicados por la redistribución a cortar la Avenida Bolivia, en la Ciudad Judicial, para pedir “mejores salarios”? ¿Se animaría Marcelo Domínguez a mandar a reprimir a sus otrora colegas? Lo más probable es que lo único que pase es que la casta sea más casta cada vez, la corporación profundice sus desigualdades internas -entre trabajadores y magistrados- y que unos pocos sigan haciendo una vida de suntuosidad imposible de soñar para las grandes mayorías. La casta tiene y tendrá cargos, sean por rosca política, por prosapia o por alianzas coyunturales. Gatitos mimosos.
