La justicia salteña pareciera que ha iniciado, después de décadas, el combate contra la corrupción. En menos de un año ha logrado apresar a dos intendentes a quienes les reprochan desfalcos de poca monta. Lo que parece una noticia revitalizante para la ética pública de contar con un análisis severo, no implica más que la expresión más cobarde de un tercer poder que se ha convertido en el aliado más importante de los funcionarios corruptos.
Según los resultados que exhiben estas dos condenas, que por ser efectivas lleva a los involucrados a la cárcel por 4 años, la independencia de los jueces los condujo a concentrar su rol en el Municipio de Iruya. Por supuesto que en casi todas las comunas restantes la impunidad es la regla y esto exige una explicación desde las alturas de la Ciudad Judicial y de los organismos que tienen a cargo el control del gasto público. Los millones de pesos que se llevan a sus casas los primeros días del mes no tienen compensación más que la ficción de que trabajan. A esta conclusión se arriba de solo pensar que con tanto fraude a la administración pública ellos no encuentran ningún malhechor.

No estamos hablando solamente de que la impunidad benefició a familiares directos de los gobernadores que pasaron, sino que esta protección se ha extendido beneficiando a funcionarios intermedios que de manera repentina muestran a sus vecinos un mejor pasar desde que el Estado les paga en blanco sueldos modestos. La trastienda esconde coimas, retornos, sobornos o como dicen en Espala, el “detalle”.

El sistema judicial y sus filtros ha permitido que la mayoría de los actos de corrupción no encontraron acusaciones ni condenas de fiscales y jueces penales. La Corte de Justicia se ha dado el lujo de ni siquiera intervenir en las causas, salvo las que comprometieron a la cúspide del poder. Es que a estos cargos ingresan abogados de escaso currículum y previsible acatamiento a las órdenes políticas. Nadie puede ser designado fiscal o juez penal si es que no tiene la aprobación de un Consejo de la Magistratura poblado hoy de intereses que no son compatibles con la objetividad e imparcialidad, ni pasa por la zaranda de los senadores. Una vez que juraron hacer respetar la Constitución -aunque no lo hagan- tampoco pueden ser destituidos porque el Jurado de Enjuiciamiento es otro órgano compuesto por la casta que digita tribunales. Nuevo Diario cuestionó en 2021 que Sandra Bonari presidiera el Consejo de la Magistratura y digitara las vacantes del Tribunal de Impugnación en donde finalmente recaló su hijo.
Las únicas exposiciones a las que se vio sometida la Corte de Justicia fueron las causas seguidas contra el ex gobernador Juan Romero, que aún hoy siguen en trámite, cuando ocurrió la pelea con Juan Manuel Urtubey. En ese momento el “Torquemada” del romerato” fue Pablo López Viñals, a quien cuando acordaron el cese de hostilidades sacaron del cargo y lo dividieron en una Corte de Justicia que avanzó con archivos sistemáticos. Solamente la gran estafa de La Ciénaga y causas penales por estafas inmobiliarias se enarbolan tímidamente como amenaza para el actual senador nacional alineado con Miguel Pichetto y Mauricio Macri.

Durante la etapa urtubeysta quizás la causa más resonante ha sido la desaparición o falta de rendición de cientos de millones de dólares administrados por Rodolfo Urtubey en el Fondo de Reparación Histórica. Una comisión bicameral de la legislatura, y el disimulo de la Auditoria General permitieron enterrar lo que sería el fraude más importante. En esa época López Viñals había copado la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos en donde se sepultaban todas las acusaciones contra funcionarios oficialistas y se abrían vertiginosamente las que perjudicaban al romerato.

Los mileicistas de hoy también tienen bastante para explicar luego de concentrar acusaciones según la cara de los políticos sospechados. La estafa de Salta Forestal no ha logrado salpicar siquiera a Alfredo Olmedo, que hoy acusa al resto de corrupto.

Jueces de Corte como Guillermo Catalano, Guillermo Posadas, Cristina Garros y Sandra Bonari permiten sostener que en estas décadas el romerato tuvo influencia grave en las decisiones de la justicia y que con artilugios evitaron que funcionarios corruptos pagaran culpas o devolvieran lo robado. Juan Urtubey también copó la Corte en su docena de años en el poder con ministros que hoy esperan que les den la jubilación tributando favores. Sus criterios se derramaron a magistrados inferiores que ingresaron por afinidad y que devolvieron favores.
De a poco se fueron constituyendo linajes judiciales que respondieron a una misma línea de claudicación. Es el caso de los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, ambos nacidos en los despachos de Guillermo Catalano y Sandra Bonari, que hoy se encuentran sometidos a un proceso de destitución por condenar injustamente a Santos Clemente Vera. Pero no solamente hicieron eso, o nada hicieron para que la justicia iluminara investigaciones con fracasos intencionados que dejaron en el limbo casos como el de Jimena Salas, o los supuestos suicidios del Comisario Piccolo y de las jóvenes Peñalva y Nuesch entre muchos otros.

Es Tribunal de Impugnación es una de las herramientas de la impunidad que analiza todas las causas en las que los corruptos apelaciones de los corruptos progresan para exculparse o demorar hasta el olvido. Hacen de colador y tienen la posibilidad de revertir criterios o alivianar los reproches.

Tal como informó Cuarto Poder, Martini es el juez que apartó a la fiscal Simesen de Bielke de la causa que se le seguía a un armador de causas como el Comisario Walter Mamaní, sospechado de implantar prueba en la causa denominada “Las Francesas” y que, cuando las causas contra Juan Romero avanzaron lo suficiente, declaró con su cómplice Ramón Medina la nulidad de las acusaciones en la famosa causa de “El Hangar”.

Son los mismos que le dieron pasaporte para continuar abusando de la plata del Estado a intendentes como Julio Jalit, quizás el caso más grosero de asaltos que cometieron casi todos los intendentes. Con 26 causas penales sigue en libertad y gozando de los dineros que habría acumulado a costa de la Municipalidad de Pichanal entre el 2003 y el 2019. Según el Ministerio Público está imputado por los delitos de estafa, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; peculado de servicios; falseamiento de datos en las declaraciones juradas patrimoniales y enriquecimiento ilícito en concurso real. Sólo Jalit pudo hacer sonrojar a un Miguel Isa que logró corromper las estructuras municipales de la capital replicando el modelo nacional menemista sin castigo alguno.

En estos tiempos los escándalos que provocaron algunos cambios de gestiones ponen sobre el tapete algunos abusos como los del saliente Enrique Martínez en Rosario de Lerma, Pablo González en Orán, Héctor Vargas en San Carlos y Yolanda Vega en Cerrillos. Aunque ya existen algunas denuncias, ninguna acción toma la justicia que siempre está a la espera de que suene el teléfono del poder político real. Ya ni siquiera denuncian los que conocen e intervienen en el control.

Magistrados que tienen garantías de no descuento de sus jugosos sueldos, que no pagan impuesto a las ganancias y que no pueden ser echados si es que no pasan por demorados procesos tienen, además, recompensas menores. La esposa de Martini es secretaria en la Corte de Justicia, y su hermana psicóloga también trabaja en el Poder Judicial.
Desde 1983 hasta la fecha, y dejando afuera los insignificantes casos de Iruya, solamente estuvieron encarcelados los intendentes Sergio “Topo” Ramos de Rosario de Lerma y Alberto Cabana de General Güemes, ambos durante la gestión del romerato. Otros estiran el cumplimiento de sus condenas como el quijaneño Manuel Cornejo.
Solamente cuatro jueces fueron expulsados o debieron renunciar en estos años. Roberto Gareca, Luis Agüero Molina, Carlos Herrera y Edgardo Laurenci. Otros sospechados de interferir en las acusaciones como Fernando Astigueta y Victor Raúl Soria se salvaron.

La grave crisis económica que castiga el bolsillo de los pobres no solamente tiene como causa los ajustes del León Libertario, sino los fondos públicos que se birlaron sin pudor y que evitaron beneficios reales. Obras con sobreprecios, coimas por cada decisión del Estado que implica millones de pesos, acomodos en puestos estratégicos donde se negocian contratos amañados, son desde hace décadas una práctica corriente. Después del comportamiento piadoso de jueces que los perdonan en nombre de una justicia ciega, con sospechas más livianas por la amnesia colectiva, siguen tranquilos buscando el sobresueldo o quieren volver tentados por la lata del dinero estatal. Los magistrados honorables que los mantienen sueltos, por semejantes favores exigen reverencias y más privilegios. Siguiendo a los libertarios, los ciudadanos se preguntan si también a ellos habría que despedirlos. Ojalá!