Gerardo Morales vuelve a la carga con criminalizar la protesta y perseguir militantes. El fiscal Funes elevó el pedido de juicio contra tres dirigentes por reclamar contra el hambre y la pobreza.
A principio de año organizaciones sociales realizaron un masivo acampe para reclamar al gobierno nacional y provincial de Jujuy asistencia por parte del Estado a comedores y ayuda económica de emergencia, contra el ajuste y el hambre. La respuesta de la gestión del gobernador Gerardo Morales fue represión policial con balas de gomas y tres dirigentes detenidos.
Pero la gestión Morales fue más allá y continuó avasallando las libertades: espionajes de conversaciones de Whatsapp, multa económica de $400 mil y un doble juzgamiento.
Ahora el fiscal Diego Funes, del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, emitió la orden contra Sebastían Copello del Partido Obrero, Juan Chorolque del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagasti, tres personas que habían sufrido ya la encarcelación por manifestarse.
La razón por la cual avanza la causa es porque se les acusa de violar el artículo 194 del Código Penal, que penaliza los cortes y por el cual hay cientos de personas imputadas en todo el país. «El gobierno de Morales y su justicia vienen de imputar a compañeros de todas las organizaciones por extorsión. Buscan golpear las luchas que se vienen desarrollando contra el gobierno y que muestran que Jujuy no es el feudo de Morales», sostuvo Copello.
En un comunicado difundido en las últimas horas la Unidad Piquetera de Jujuy resaltó que “Otra vez Gerardo Morales y su justicia van a la carga contra quienes luchan contra el ajuste y la pobreza. El ‘delito’ de los referentes que elevarán a juicio oral fue manifestarse en marzo de este año por un reclamo que aún sigue vigente y sin respuestas como es la asistencia a merenderos y comedores en un contexto de crecimiento de la indigencia en los barrios”.
Tal como lo describió Copello el «delito» que se les acusa es entorpecer transportes y servicios. Art. 194 del código penal creado por Onganía y que todos los gobiernos posteriores lo utilizan para prohibir la protesta social y disciplinar.
La abogada del Partido Obrero Claudia Ferrero ya aclaró que rechazará el pedido de elevación a juicio. «El documento donde se eleva el pedido a juicio es un mamarracho. Sebastián Copello ya fue juzgado por estos hechos en sede contravencional, es un doble juicio. Hay irregularidades de principio a fin. Espionajes de conversaciones de Whatsapp de meses posteriores a los hechos que se acusan, datos de personas ajenas a la causa como es el caso del fletero del Polo Obrero y testigos que notifican de otra jornada como fue el acampe y no de la cual son acusados, que es un corte en Av. Savio del 3 de marzo».
«Es un ensañamiento, contra las libertades elementales: los compañeros ya estuvieron presos varios días por esta causa, algo totalmente irregular siendo delitos excarcelables, y fueron liberados por una enorme campaña nacional de movilización. Como ya los arrancamos de prisión entonces, confiamos en que vamos a derrotar también esta ofensiva”, enfatizó.
