El Gobierno provincial deberá reconstruir la cancha de fútbol de Caspalá tras un acuerdo de reparación integral.
San Salvador de Jujuy – El Gobierno de Jujuy deberá reparar los daños causados en la cancha de fútbol de Caspalá y en un predio privado con estructuras arqueológicas de origen incaico, tras un acuerdo homologado por la justicia federal que pone fin a un conflicto de dos años. La disputa, originada por la ocupación estatal de espacios culturales y ancestrales, derivó en protestas, represión y una extensa batalla judicial.
La jueza federal de Garantías N°2, Carina Gregoraschuk, validó el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal Jujuy, representada por la fiscal federal Lucía Orsetti, y el fiscal de Estado provincial, Miguel Ángel Rivas. El entendimiento estipula que el Gobierno provincial restablezca las condiciones previas al conflicto en un plazo de 30 días hábiles, permitiendo así la extinción de la acción penal si se cumple lo pactado.
El origen del conflicto
En noviembre de 2022, el Gobierno provincial ocupó sin previo aviso la única cancha de fútbol del pueblo de Caspalá, ubicada en el predio “Los Pozuelos”, con el objetivo de construir una escuela. Esta acción afectó profundamente a la comunidad, que utilizaba el terreno no solo para actividades deportivas, sino también como centro de vida cultural y ancestral. La represión de las protestas y el posterior traslado del campo de juego a un sitio arqueológico en la finca privada “Santa Rosa” agravaron el conflicto, dejando daños irreparables en estructuras prehispánicas vinculadas al Imperio Inca.
La fiscal Orsetti destacó que la cancha, construida en los años ‘90 por los propios pobladores con herramientas rudimentarias, representaba un espacio vital para los torneos regionales de fútbol, fiestas patronales, reuniones comunitarias y ceremonias ancestrales. Incluso, era un refugio en situaciones de emergencia, como los movimientos sísmicos que suelen afectar la región.
La ocupación estatal no solo inutilizó la cancha, sino que también arrasó con un sitio arqueológico de gran valor cultural. Según peritajes presentados en la causa, las estructuras subterráneas de la finca Santa Rosa datan del período de expansión incaico (1000-1400 d.C.) y eran reconocidas por los ancestros del pueblo como un lugar sagrado.
En la audiencia, Pablo Cruz, propietario de la finca, recordó cómo el Gobierno irrumpió en su terreno mientras él estaba hospitalizado, destruyendo sembradíos y afectando a su familia. “Tenía todos los papeles, pero no les importó. Fue un atropello”, señaló emocionado.
Una solución inédita
El acuerdo, considerado inédito por su enfoque restaurativo, busca “revertir daños culturales y arqueológicos” y devolver a la comunidad su espacio de encuentro. La jueza Gregoraschuk elogió el esfuerzo de las partes involucradas y expresó su deseo de que las obras estén concluidas para enero de 2025, permitiendo a los pobladores retomar sus actividades tradicionales, como la yerra de animales.
En representación de la comunidad, Justa Balcarce agradeció la resolución y remarcó la importancia de la justicia en la defensa de los derechos ancestrales: “No queríamos privilegios, solo respeto. Ahora sentimos que fuimos escuchados. Jallalla”.
El caso marca un precedente en la reparación integral de conflictos sociales, reivindicando el derecho de los pueblos originarios a preservar su patrimonio cultural y ancestral frente a intereses estatales o privados.