El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro, para el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca, de 41 años, por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad policial, con abuso de su función y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de falsedad ideológica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que se halla lo suficientemente acreditada la existencia del ilícito, y la responsabilidad penal del imputado.

El hecho investigado se produjo en la mañana del 8 de agosto de 2021, cuando el damnificado volvía a su domicilio. Al pasar por la Escuela Juan José Valle, de Barrio Libertad, se hizo presente un móvil policial del que descendió el sargento ayudante Guanca y, sin motivo alguno, procedió a realizarle disparos con el arma reglamentaria 9 mm., ocasionándole lesiones en los dos tobillos.

La víctima, cuyas heridas fueron corroboradas mediante certificado médico e historias clínicas del Hospital San Bernardo, no había realizado acción alguna que habilitara al personal policial a hacer uso del arma reglamentaria y, menos aún, a efectuar disparos.

En el requerimiento, el fiscal González sostiene que la conducta del sargento ayudante encuadraría en la figura penal de lesiones leves, doblemente agravado por abuso funcional y por uso de arma de fuego, puesto que el imputado, en exceso de sus funciones, al ser miembro de las fuerzas de seguridad provincial, causó un daño en el cuerpo del denunciante, mediante el empleo de un arma de fuego, cuando no existía motivo alguno para su utilización.

Afirma, además, que dicha conducta no solo es ilícita, sino también contraria a la normativa que especifica cuándo se puede o no, hacer uso del arma de fuego.

Resulta reprochable, sostiene el fiscal, que a los fines de justificar su proceder, el sargento ayudante Cristian Guanca formuló denuncia, en su calidad de funcionario público, insertando en un instrumento público, una declaración falsa, tergiversando la mecánica de cómo sucedió el hecho, manifestando falsamente que la víctima tenía intenciones de agredirlo, incurriendo en el delito de falsedad ideológica. El fiscal de Derechos Humanos añade en el requerimiento que al damnificado no se le secuestró ningún arma en su poder.

Conforme al informe de la médica del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), quien realizó el análisis de la historia clínica de la víctima, esta ingresó al hospital San Bernardo el 8 de agosto de 2021 con diagnóstico de herida por arma de fuego en ambos tobillos; herida en maléolo tobillo derecho y herida de 0.5 en maléolo lateral tobillo izquierdo. Se hace referencia además, a la extracción de proyectiles, en los registros de enfermería de guardia.

El fiscal González destaca que el hecho se enmarca en un claro caso de violencia institucional, cometida por un efectivo perteneciente a las fuerzas de seguridad, que es también reconocida como una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario.

Concluye que la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales para hacer uso de la fuerza pública, la que debe ser racional, cuya práctica se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que, como ya se dijo, se advierte en la presente causa.