Cobró notoriedad la apertura de una investigación penal que dirige su objetivo hacia un grupo de operadores de redes vinculados con el diputado nacional Emiliano Estrada. La identidad de los imputados abre el juego a especulaciones que vinculan también al romerato, siempre presente a la hora del sabotaje.
Esta pesquisa se asemeja a la punta de un iceberg con el que un variopinto grupo político pelea prematuramente por el poder que se disputará electoralmente en 2027.
Luego de meses en los que muchos de los funcionarios oficialistas, y personalidades cercanas al primer mandatario, fueron hostigados con videos en los que se los exponía ante la ciudadanía como integrantes de la “casta salteña”, la reacción llegó por la vía judicial que ha considerado que estas publicaciones buscaban incitar la violencia ciudadana y provocar desórdenes y pregona que existe una línea que separa la libertad de expresión de la infamia.
La Fiscal Penal especializada en Ciberdelincuencia Sofía Cornejo Solá detectó la actividad de los que trabajaban para injuriar y calumniar y allanó sus domicilios y secuestró material para podría incriminarlos.
Dos de ellos se encontraban financiados por Emiliano Estrada mediante contratos del Congreso de la Nación y son Alonso Javier Allemand y Florencia Arias Bustamante. El primero es nada menos que el sobrino de la todavía Secretaria de Prensa Cecilia Allemand, que dice desconocer lo que hacía el pariente.
Además de Estrada, otro de los acusados de financiar al trío de comunicadores abyectos es Enrique Borelli, intendente de Cerrillos e hijo de un histórico periodista de El Tribuno. Otros prefieren pensar que la contención económica de Allemand fue propuesta por el senador provincial Gonzalo Caro Dávalos, hijo de Aníbal Caro que es presidente del Ente Regulador de Juegos de Azar y gestor de intereses económicos del senador nacional Juan Romero.
Alonso Allemand fue a declarar ante la justicia y no se calló nada. Descargó todas las responsabilidades en Estrada y en Arias Bustamante, quienes eran los que aportaban el material y dictaban la línea desprestigiante y maliciosa para que él la editara. Pueden imaginar los diálogos entre un diputado nacional y sus asesores de prensa coordinando estos “trabajos”? Es esta la función de “asesores” que cobran dinero mensualmente del tesoro público?
El sospechoso de siempre
Un tercer imputado colocó al grupo del senador nacional Juan Romero en la línea de los acusados. Juan Marco Capisano es hermano de Valeria Capisano, actual Coordinadora de Prensa de la empresa Aguas del Norte, quien llegó a integrar el gabinete municipal de Bettina Romero. En esta empresa se cuecen habas y se pagan pautas a muchos medios y periodistas que fustigan sin piedad al gobierno provincial. Ignacio Jarsún es otro de los dirigentes nacidos en la cantera del romerato que maneja una billetera millonaria y que trabaja con quienes operan en contra de Gustavo Sáenz y sus funcionarios.
Capisano es otro de los que habló ante la fiscal para redirigir las sospechas hacia un tal “Mena” que podría ser Federico Mena Saravia, otrora comunicador estrella de la era urtubeycista con un medio totalmente financiado con dinero público a través de varias sociedades, y que ahora devino en emprendedor vitivinícola.
La expresión más bizarra de la infamia es esta, con tres cuentapropistas con poca ética y necesitados de un sueldo. Pero detrás de ellos están quienes avanzan en la pelea mediática con todas las armas y sin escrúpulo alguno.
El diario de Limache sigue una constante línea de socavamiento de la gestión de Gustavo Sáenz. Por supuesto, no pierde oportunidad para sacar de competencia a quienes pudieran disputarle la banca de senador nacional al jefe del clan que aspira a ser reelecto. En estos días se han reflotado los cuestionamientos a Juan Urtubey por los desatinos con que la justicia se ha pronunciado respecto del denominado “Crimen de las Turistas Francesas”.
Quinta columna
Los socios del romerato están en todas partes y la sensación de infiltración se expande en el gobierno local. Son demasiados los funcionarios que salieron de la guardería de Limache o participaron de los tres mandatos de Juan Romero entre 1995 y 2007 y deben favores. El superministro Sergio Camacho, la Presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero Cornejo, el Presidente de la Auditoría General Gustavo Ferraris, el Fiscal de Estado Juan Pérez Alsina, la Ministra de Turismo Manuela Arancibia -que fue funcionaria de Bettina Romero-, el Coordinador de Relaciones Internacionales Julio San Millán, entre muchos otros.
Los que fueron amigos hoy son todo lo opuesto. Hace tres años Emiliano Estrada era el cabeza de la lista de diputados nacionales de Gustavo Sáenz, como hace cinco fue electa intendenta de la capital Bettina Romero caminando de la mano del gobernador. Hoy son los que le muerden la mano.
Basta de ejemplo el diputado Daniel Sansone, vinculado al romerato y al “Centro de Estudios Juan Domingo Perón” que comandaron amigos del senador nacional como Antonio Marocco y Julio San Millán, financia un medio que también trabaja contenidos periodísticos con alto nivel ofensivo para el oficialismo que alguna vez integró. Es la antítesis del diario del vicegobernador que ya ni siquiera imprime ejemplares para la venta y no defiende al gobierno propio, pero goza de pautas millonarias.
La inercia no se detiene y todos los ataques apuntan al 4 de Mayo en que se realizarán las provinciales, y a octubre en que se renovaran las bancas legislativas nacionales. La fórmula más efectiva parece pasar por la justicia.
El Fiscal de Salvador Mazza Armando Cazón -cercano al clan- ya avanzó en una causa que pretende destituir al cuarto alcalde en la era saencista. Puede que el intendente Gustavo Subelza tenga que rendir cuentas, aunque está claro que una nueva vinculación de un intendente con el narcotráfico permitiría a la oposición reproducir las especulaciones que se generaron a partir de la destitución del ex intendente de Aguas Blancas “Conejo” Martínez y la salida del ex Secretario de Seguridad Benjamín Cruz. La línea es la misma.
Lo que falta
La Asociación de Periodistas de Salta (APES) no ha fijado posición aunque debería. Se animará a calificar de “periodistas” a quienes ejercen el sicariato de funcionarios de manera anónima y sin respetar los códigos de la profesión?
“Unión por la Patria” ya salió a denunciar -convenientemente- la persecución de periodistas con un comunicado que firma Sergio Leavy. No solamente defiende a Emiliano Estrada, sino que también hace suyas muchas de las especulaciones periodísticas con la que alimentan su imagen crítica. El “Oso”, junto a Alfredo Olmedo, Emilia Orozco, Carlos Zapata, Juan Romero y Franco Hernández Berni trabajan para expulsar a Gustavo Sáenz del sillón del Grand Bourg.
