Por primera vez el informe anual sobre “Corrupción y Transparencia” de Poder Ciudadano, que se presentará la próxima semana, incluye la situación de una provincia argentina: Salta. (Gonzalo Teruel)
Juan Manuel Urtubey se va a enojar. Justo cuando una singular protesta de salteños sorprende en Buenos Aires a propios y extraños, la provincia que gobierna desde hace casi una década es la primera en figurar en el informe nacional de la Fundación Poder Ciudadano. El martes de la semana próxima, nada más y nada menos que en el Centro Cultural Kirchner, Poder Ciudadano presentará su informe anual (2015) sobre “Corrupción y Transparencia” en el país.
Como siempre, la presentación del ya tradicional documento (capítulo argentino de Transparency Internacional) contará con el respaldo y aval de importantes figuras de la política, la intelectualidad y el periodismo. En efecto, la diputada Margarita Stolbizer y el periodista Hugo Alconada Mon acompañarán al presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, en el acto de exposición del reporte que este año contiene una interesante novedad: la incorporación de información “subnacional” sobre una provincia en la descripción de la situación argentina.
Esta publicación de más de 400 páginas está organizada a través de 2 prólogos, 10 capítulos y 17 casos particulares, más un par de textos finales. Allí, entre las firmas del filósofo Santiago Kovadloff, del ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despuy, del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y de María Luján Rey, mamá de Lucas uno de los muertos en la masacre de Once, entre otras destacadas personalidades, se encuentran las de los abogados salteños Roque Rueda y Gonzalo Guzmán que trabajan desde hace un tiempo en colaboración con Poder Ciudadano y reflejan la situación institucional en Salta.
El titular de Salta Transparente elaboró el “Caso 16” bajo el título “La publicidad oficial. Situación en Salta” y el exconcejal capitalino preparó el “Caso 17” titulado “Fondos reservados en Salta”. Un caso testigo de las dificultades en la lucha ciudadana contra la corrupción. Nada de lo que allí se expone es novedad para los salteños pero tienen por capital importancia ser los primeros casos provinciales que llegan a este informe nacional.
Su difusión no es masiva pero si influyente en los círculos dirigenciales, políticos y empresariales, del país y el extranjero a los que el mandatario salteño intenta seducir como una figura amable y respetuosa de la institucionalidad de cara a las elecciones presidenciales de 2019.
Si bien existe un acuerdo de confidencialidad con la editorial responsable de la publicación, Eudeba, para que el contenido del informe no se difunda hasta el próximo martes, Cuarto Poder pudo conocer el contenido de los textos sobre Salta.
El “Caso Rueda”
Roque Rueda, en tono personal, describe un caso “testigo” de las dificultades en la lucha ciudadana contra la corrupción y rememora sus repetidos intentos por averiguar el destino de fondos reservados (autorizados por una rara cláusula del Presupuesto Municipal durante la gestión de Miguel Ángel Isa y Tomás Salvador Rodríguez) y la negativa a dar respuestas por parte de lo que define como una “política corporativa”.
En una quincena de carillas denuncia la existencia de “súperpoderes” (ya derogados como consecuencia de sus múltiples reclamos) y puntualiza el derrotero a través de la vía legislativa, la vía municipal, la vía judicial y constitucional, y la vía penal para conseguir la información oficial requerida y siempre negada sobre el tema.
Y, triste, cierra con una personal certeza de que todo aquel que se atreva a cuestionar usos y costumbres en evidente la violación de principios y reglas constitucionales, legales, contables, y éticas se transforma en un outsider del sistema político.
El “Caso Guzmán”
En algo más de una decena de páginas Gonzalo Guzmán describe la finalidad, funciones y características de la publicidad oficial y advierte la falta de regulación, transparencia y control. Además, revela que en la provincia existen normas que se acatan pero no se cumplen y detalla las dificultades para acceder a datos sensibles como los gastos en publicidad oficial que muchas veces se convierten en secretos estatales.
Y concluye con el repaso del “Caso Gonza” en el que Juan Guillermo Gonza, dueño y editor del semanario Nueva Propuesta, sufrió primero una quita parcial y después el retiro total de la pauta publicitaria que tenía asignada y que fue revertida en un proceso judicial en el que Poder Ciudadano participó bajo la figura de amicus curiae del propio Guzmán y los otros abogados del medio de prensa.
Poder Ciudadano
Creada en 1989 como una organización apartidaria y sin fines de lucro por Manuel Mora y Araujo, Luis Moreno Ocampo, Marta Oyhanarte, Mona Moncalvillo, Víctor García Laredo y Teresa Anchorena, la Fundación Poder Ciudadano está dedicada a la transparencia institucional.
Su tarea se desarrolla a través diversas áreas temáticas como “elecciones”, “transparencia legislativa”, “gobierno abierto y acceso a la información”, “lucha contra la corrupción”, “justicia” y “participación ciudadana e información útil” y desde el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) mediante el cual brinda atención y asesoría legal a víctimas o testigos de casos de corrupción.
Está vinculada con el gobierno de Mauricio Macri a través de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que ocupó la dirección ejecutiva de la entidad antes de ser diputada nacional por el PRO.