Una contratista clave de la minera surcoreana Posco se convirtió en el epicentro del conflicto al cesar inexplicablemente los pagos a sus proveedores. Sus socios defienden el modelo libertario que los llevó a la crisis. Los afectados no descartan acciones legales colectivas para exigir el pago de las deudas.
Kim Im Porta
La recesión y el parate de la obra pública que afecta al sector de la construcción empieza a repercutir en el universo minero salteño. Esta semana se conoció que la firma INVLAC SRL, una de las principales proveedoras de la minera surcoreana Posco, habría dejado de cumplir con los pagos a sus propios proveedores, lo que generó una situación de incertidumbre y alarma en la región.
La supuesta falta de liquidez en INVLAC SRL habría llevado a numerosas pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector a enfrentar serias dificultades financieras. Estas empresas, que suministran servicios y equipamiento especializado a la industria minera, estarían ahora al borde del colapso, y serían incapaces de pagar salarios, impuestos y subcontratistas.
“Nos dejaron sin capital de trabajo y con deudas que no podemos cubrir. La situación lleva más de un año y cada vez es más insostenible”, declararon algunos proveedores afectados a medios locales. Los mismos expresaron su frustración por la aparente falta de respuesta y soluciones.
A pesar de haber cumplido rigurosamente con sus compromisos, muchas de estas PYMES se encontrarían ahora atrapadas en una situación límite. Inversiones en maquinaria y tecnología especializada que hicieron para poder responder a la demanda del sector minero estarían ahora en riesgo de perderse, y la supuesta falta de ingresos pondría en peligro cientos de empleos.
El caso de INVLAC se da en un contexto de caída sostenida en la contratación de empresas locales que derivó en un comunicado de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, solicitando políticas para incentivar el compre local. La advertencia llegó a pocos día de que se conociera el despido de casi 200 trabajadores en Puna Mining, empresa que explota un proyecto de carbonato de litio grado batería en Salar del Rincón.
Hecho a medida
INVLAC SRL se constituyó formalmente como sociedad en julio de 2007 de la mano de Víctor Humberto Laconi y Andrés Cúneo, con un capital inicial de $160.000. Las aristas del negocio abarcan desde exportación e importación de todo tipo de productos; construcción, ya sea de Contratación Pública como Privada; hasta inmobiliario, prestación de servicios y comercio.
En 2018, en el prefacio del boom minero, se incorporan como socios Adolfo Ezequiel Pérez y Ernesto Antonio Maggio. El enfoque de la firma comienza entonces a centrarse en los megaproyectos mineros de la puna, convirtiéndose en una de las principales contratistas de la surcoreana Posco.
Otro de los integrantes del consorcio es Álvaro Efraín Pérez, asesor en finanzas y promotor en cuanto medio de comunicación es invitado de la “libertad económica” y la desregulación del mercado. Defensor acérrimo del modelo macrista y ahora del experimento libertario, se desempeña como director de Núcleo 7 en Salta Capital y socio gerente de diversas empresas que lo componen. Además de INVLAC, integra Grupo NDI, Finex, Sydiex Bussiness Advisors, Enlaces Contact Center, Revista ABC, y Uriel Ingeniería y Telecomunicaciones, entre otros. Además, participa en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Comercio de Salta.
La incursión de la empresa en el mundo minero no le impidió abrochar negocios con el Estado. Entre 2020 y 2023, INVLAC SRL obtuvo varias licitaciones de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Algunos de esos proyectos son: “Mejoramiento general de frente, fachada del edificio, oficinas varias y depósito de aduana La Quiaca perteneciente a la Dirección Regional Aduanera Noroeste (2020), “construcción Núcleo Sanitario en Colegio N° 5.073- “Genoveva Astigueta en Rosario de Lerma” (2021), “bacheo con hormigón en Av. Republica del Líbano desde Av. Tavella hasta Av. Chile” (2023), entre otros.
Libercrisis
No es la primera vez que la firma comandada por Pérez atraviesa una crisis. Llamativamente o no, fueron siempre consecuencia de la aplicación de políticas de ajuste, aquellas que tanto supo respaldar en los medios. En 2018, en pleno macrismo, INVLAC suscribió a un duro comunicado de la Cámara Salteña de la Construcción que pre anunciaba la disminución de la producción y el cierre de empresas. Además, pidieron a funcionarios del Gobierno provincial y nacional respuestas para “poder revertir esta situación”.
El comunicado decía: ante la delicada situación económica y financiera que atraviesa el sector público nacional y
provincial, y sus repercusiones sobre el sector de la construcción de obras públicas y viviendas, comunicamos la inevitable disminución del ritmo de las obras en curso y/o su paralización, con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
Para la cámara empresaria, las obras realizadas, solo pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras, en muchos casos recurriendo a financiamiento bancario. Sin embargo, advirtieron, la capacidad para continuar financiando la obra pública está agotada. La disminución del ritmo de las obras o la suspensión de las mismas fue considerado un fenómeno “inevitable”.
La recesión actual, que impacta de lleno en la economía de cabotaje, tiene -o tendrá- efectos inexorables en la actividad minera. En el centro del país se estima que las cementeras funcionan hoy a un 50 por ciento de su capacidad instalada y algunas canteras por debajo de ese número.
Fuera del litio y de los metales, el 70 por ciento de la demanda que tiene el sector proviene de la obra pública, que hoy se encuentra paralizada, por lo que, con este freno, la situación se volvió crítica. Las consecuencias están a la vista y en las últimas paritarias ya se habilitaron suspensiones y pagos de salarios no remunerativos, por lo que no se descartan despidos masivos.
